Tras una serie de cuestionamientos por parte de instituciones y especialistas, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y el Ministerio del Interior (Mininter) decidieron suspender el bloqueo de celulares no inscritos en la "lista blanca" del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), que estaba programado para el próximo lunes 22 de julio.
Según el Mininter, desde la implementación del Renteseg en el año 2017, los casos de robos diarios de estos dispositivos móviles han disminuido considerablemente y dicho sistema ha permitido contar con valiosa información para luchar contra diversos delitos. Sin embargo, habrá que esperar la formulación de una nueva propuesta normativa a cargo del Grupo de Trabajo Multisectorial para retomar esta medida que presenta una serie de problemas.
Con el propósito de reducir la compra de celulares robados o ilegales, Osiptel había anunciado la implementación de la tercera fase del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), que consistía en que todos los dispositivos móviles no inscritos por las empresas importadoras en la "lista blanca" serían bloqueados a partir del 22 de julio.
A raíz de este anuncio, la Sociedad de Comercio Exterior (Comex) y especialistas en defensa del derecho de los consumidores, cuestionaron la efectividad de esta medida y advirtieron sus implicancias negativas en diversos sectores del país, ya que podría limitar la propiedad y el libre comercio de celulares.
“Entre abril y junio, se habrían detectado unos 1,1 millones de equipos que no se encuentran en la lista blanca y que, si al día de hoy ya fuera 22 de julio, serían bloqueados porque no están en la lista, y no son equipos que necesariamente tengan origen ilícito. Entonces, si extrapolas esa cifra, durante los meses que vienen, al final se puede encontrar que al 22 de abril habrá como casi 8 millones de equipos celulares que no estén en esa lista blanca. Creemos que hay un riesgo bastante alto de perjudicar a los consumidores”, indicó Jaime Dupuy, director ejecutivo de Comex, a Panamericana Televisión.
Ante esta ola de críticas, la respuesta de Osipitel no se hizo esperar. El último domingo 14 de julio, dicha entidad, en coordinación con el Ministerio del Interior, anunciaron la suspensión temporal del bloqueo de celulares no registrados en la “lista blanca” del Renteseg, con el propósito de asegurar el funcionamiento óptimo del sistema, mientras se aprueba una nueva normativa que fortalezca la prevención del delito.
"El Ministerio del Interior, en el marco de sus competencias, conformará un Grupo de Trabajo Multisectorial con participación de las entidades comprometidas en la implementación y operación del Renteseg, a fin de que, elabore una propuesta que fortaleza el marco normativo vigente", explicaron.
Finalmente, aseguraron que la inscripción de todos los equipos terminales móviles que ingresen al país, seguirá en funcionamiento, y exhortaron a las empresas importadoras a mantener el registro actualizado para ofrecerle a la ciudadanía la posibilidad de garantizar la legalidad y autenticidad del dispositivo que adquiera.
Durante la emisión de su programa en LR+, el excongresista Jaime Delgado sostuvo que la implementación de "listas blancas" están causando perjuicios a los derechos de los consumidores. Prueba de ello, es que en otros países como México o Colombia, este tipo de medidas no consiguieron los resultados esperados en la reducción del robo de celulares y se identificaron una serie de problemas que ponen en riesgo la privacidad de los usuarios.
"Varios países que intentaron crear esta lista blanca de celulares para combatir la delincuencia han fracasado porque se han dado cuenta de que esto no funciona. En México, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional esta medida. En el test de proporcionalidad, lo que se está evaluando es que estas listas blancas ponen en riesgo tus datos personales y tu privacidad.", explicó.
Y es que en el año 2022, la Suprema Corte de Justicia de México declaró la inconstitucionalidad de la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, ya que afectaba los derechos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales. Por su parte, en Colombia, la ONG Karisma documentó una medida parecida respecto al registro del IMEI en dos listas. Los resultados de dicho informe demostraron que no hubo una reducción significativa del robo de celulares, y que se constaron problemas de transparencia en el sistema.
