La Fiscalía de Córdoba ha archivado la denuncia del Grupo Municipal Socialista por presunta prevaricación en la compra de 8.000 test a cargo de Sadeco durante la pandemia. Los socialistas entendían que se había pagado un precio cuatro veces superior al de mercado entonces, según el escrito al que ha tenido acceso ABC, y que se podía haber hecho de otro modo. El escrito del fiscal concluye que Sadeco «observó y cumplimentó una tramitación muy superior al procedimiento, requisitos y formalidades mínimas exigidas por la ley» en la modaidad de contratación de emergencia por la pandemia. A ello agrega que «el Ayuntamiento y Sadeco actuaron con la máxima eficacia y rapidez para intentar evitar o al menos mitigar los gravísimos efectos para la salud pública de los vecinos en general y los empleados públicos en particular». Sigue el documento del Ministerio Público que «no se ha apreciado ni detectado ningún tipo de irregularidad o infracción en la tramitación ni la comisión de un posible ilícito penal en este expediente». El fiscal añade respecto al precio que se tomó uno anterior de un contrato de mayo de 2020 de 62,5 euros por test superior a de la contratación denunciada, sin que ya ése fue reparado por ningún técnico. El escrito insiste en que para «poder afirmar que estamos en presencia del delito de prevaricación que aquí se investiga es preciso el plus de antijuridicidad que diferencai una mera irregularidad administrativa de la infracción penal». «La jurisprudencia entiende que la arbitrariedad no es equivalente a la ilegalidad», añade. Hurtado denunció en marzo pasado que «por cuestiones de economía, y teniendo en cuenta el informe comparativo del Tribunal de Cuentas , Sadeco había comprado a precio excesivo el material, a 40 euros por test, cuatro veces más de la media», por lo que ha pedido copia del expediente a la empresa municipal. El responsable de la empresa era entonces David Dorado, concejal de Ciudadanos. En este procedimiento de urgencia se invitó a tres empresas: Clínicas Beiman, la adjudicataria y cuya especialidad es la medicina deportiva, y a dos más: Jmedis de El Puerto Santa María, una empresa de suministros, y SMD Servicios Médicos Deportivos de Sevilla, también especializada en medicina deportiva. Los socialistas denunciaron que no se había invitado a empresas especializadas . El portavoz socialista afirmó en su día que quien firmaba la oferta de SMD Servicios Médicos Deportivos era su gerente, que figuraba también en la plantilla de Clínicas Beiman de Sevilla.
