No bastaba con tener una Sunedu a la medida y con los dientes tan limados que no fuera capaz ni de poner una multa. Ahora, fueron mucho más allá y decidieron que el licenciamiento, que antes se brindaba por seis años, y que requería un proceso de evaluación en la búsqueda de mejoras continuas, sea a perpetuidad.
Este es el contenido del proyecto de ley aprobado ayer en la Comisión Permanente y que está a la espera de una segunda votación.
Es decir, hay que decir adiós a la reforma universitaria que se logró en el 2014. Ya las universidades que obtuvieron licenciamiento no tendrán que hacer más esfuerzos por mejorar la infraestructura educativa adecuada, elevar la plana docente a la que se le solicita actualmente títulos y grados académicos, o impulsar la investigación, colocando estándares que obligaban a que profesores y alumnos hicieran publicaciones de carácter científico. No tendrán que hacer nada, salvo marketing educativo para promover cualidades que no tienen y que ya nadie va a verificar.
¿Cómo hemos llegado a esta situación de precarización extrema del sistema universitario? Fue la alianza del Gobierno de Dina Boluarte con el Congreso actual y la participación de Alberto Otárola como primer ministro. A tal extremo que el primer jefe de la Sunedu reformada sería una persona vinculada al extitular de la PCM.
Todos los cambios perpetrados en la Sunedu tienen o nombre propio o beneficiarios identificables. Las universidades que generan lucro, las que esperaban por su licenciamiento y no habían hecho las inversiones necesarias, las que se encuentran representadas en el Congreso, etc.
Frente a una Sunedu complaciente, ahora existe una universidad intocable. Un sueño que acariciaban los propietarios, los lobistas de cuello y corbata y por un tiempo funcionarios públicos y los sicarios que habitan en el Hemiciclo. La reforma educativa está a un paso de morir, ultimada por el Ejecutivo, el Congreso y las autoridades de universidades que no quieren la supervisión.
Qué lástima por los padres y alumnos.
