Pedro Sánchez desglosó el miércoles, en el Congreso de los Diputados, su plan de regeneración democrática, que incluye la trasposición de la ley europea de medios de comunicación. Una de las principales novedades es la creación de un registro de medios de comunicación a los que Moncloa acusa de difundir noticias falsas.
El presidente anunció su intención de iniciar una ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios, antes de presentar un texto definitivo después del verano.
El paquete de reformas se centrará especialmente en el ámbito de los medios de comunicación. Entre las medidas más destacadas planteó fijar nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias de los medios de comunicación privados.
También propuso limitar la financiación que las administraciones pueden dedicar a los medios, para que no haya ninguno que tenga “más financiación pública que lectores”. Pero sin mayor concreción.
Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes del equipo de Pedro Sánchez, Moncloa ya tiene listo un registro de medios a los que acusa de difundir bulos.
En el listado ha incluido ya, por el momento, a OKDiario, Libertad Digital, Estado de Alarma…, según las mismas fuentes.
El registro ha sido elaborado por un equipo de Presidencia del Gobierno después de realizar una recopilación de condenas en sentencia firme a empresas periodísticas por la elaboración de sus informaciones (noticias falsas, injurias, calumnias…).
Por ahora, tan solo ha trascendido que este paquete de medidas incluirá la reforma de la ley de la publicidad institucional y también la de la ley de transparencia. Sin embargo, según las fuentes consultadas por ECD, el Gobierno ya tiene perfilada una reforma específica, que presentará en septiembre, para perseguir los “bulos”.
PSOE y Sumar registrarán una proposición de ley en el Congreso para modificar la ley de comunicación y publicidad institucional, con el fin de “impedir que las administraciones contraten publicidad con medios que han sido condenados de forma reiterada por publicar informaciones falsas”.
En concreto, la propuesta añadirá dos apartados a la normativa, que hace referencia “a las prohibiciones”.
Por un lado, explican fuentes conocedora de la norma, se prohibirá la contratación de cualquier tipo de campaña de publicidad o comunicación institucional con medios que hayan sido condenados en sentencia firme, de forma reiterada, a rectificar informaciones inexactas, o por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad y la propia imagen de las personas, o por delitos de odio, tanto el caso en el que hayan sido directamente condenados como si esta condena recae en sus trabajadores y colaboradores.
Se entenderá por reiterada cuando se haya producido una condena firme por estos delitos dos veces en los tres últimos años, o tres o más veces en los últimos cinco años anteriores a la contratación de la campaña.
Se trata de una de las medidas estrella que el núcleo duro de Moncloa, liderado por Félix Bolaños, ya tiene pactadas con los socios para incluir en el plan de regeneración democrática, a la vuelta del verano, con el que Sánchez quiere cortar la desinformación y salir al paso de las noticias que afectan a su mujer, Begoña Gómez.
La mujer de Sánchez está investigada judicialmente por los supuestos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, tras la denuncia de dos asociaciones basadas en informaciones periodísticas, tildadas de “bulos” por parte del jefe del Ejecutivo.
Precisamente, Gómez declara este viernes en los juzgados de Plaza de Castilla, ante el juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado.
