¿Dónde estará ubicado este nuevo recinto? ¿en qué comuna? Es la incógnita que no quisieron transparentar las autoridades de Gobierno tras anunciar este jueves, entre otras medidas, la construcción de una cárcel de alta y máxima seguridad en la Región Metropolitana para recibir a líderes de bandas del crimen organizado.
Si bien la iniciativa ha sido valorada transversalmente, el hermetismo ha generado preocupación en alcaldes y alcaldesas a lo largo de la región, considerando el impacto que podría generar en el municipio elegido. La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla (ind-FA), indicó que “ningún alcalde o alcaldesa va a querer que se instale una cárcel en su comuna”.
Reportes de prensa indican que la infraestructura podría ser emplazada en un recinto militar ubicado al lado de la expenitenciaría, calle Pedro Montt, de Santiago Centro. Decisión que aún no está confirmada, pero que ya fue fustigada por la alcaldesa de dicha comuna, Irací Hassler (PC): “Ante la posibilidad de una nueva cárcel en la comuna de Santiago, como alcaldesa y vecina me opongo rotundamente. La tendencia en Chile y el mundo es que las cárceles se construyen fuera del núcleo urbano. Mi labor como alcaldesa es velar por la seguridad, desarrollo urbano y calidad de vida de los vecinos y vecinas de Santiago”.
Ante la posibilidad de una nueva cárcel en la comuna de Santiago, como Alcaldesa y vecina me opongo rotundamente. La tendencia en Chile y el mundo es que las cárceles se construyen fuera del núcleo urbano. Mi labor como Alcaldesa es velar por la seguridad, desarrollo urbano y…
— Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) July 18, 2024
Por su parte, el Gobernador de Santiago, Claudio Orrego, en medio de una visita al nuevo cuartel de la PDI en Quilicura, cuestionó que estas medidas no hayan sido socializadas con representantes locales y regionales.
“Aquí no sobran manos, faltan manos y las manos del gobierno regional, que lo componen los 34 consejeros regionales, de todos los colores políticos, y los 52 alcaldes y alcaldesas, de todos los colores políticos, están disponibles para colaborar. Pero para eso tenemos que estar sentados en la mesa”, afirmó.
“No lo vemos como una opción“, fue el portazo momentáneo que dio la ministra del Interior, Carolina Tohá, a la posibilidad de decretar Estado de Sitio en la Región Metropolitana. Fue consultada tras una serie de insistencias que provienen de senadores socialistas, entre ellos el ex ministro del Interior, José Miguel Insulza, quienes piden cambiar de fórmula.
Pese a ello, en el oficialismo continúan las voces que solicitan una medida de mayor impacto. El senador Gastón Saavedra (PS) incluso señaló que las medidas anunciadas por el Gobierno no son excluyentes para avanzar en un estado de excepción que -indicó- sí ha mostrado buenos resultados en la Región del Bio Bío.
En una reunión de coordinación con los jefes de bancadas oficialistas y la subsecretaría de Interior, la senadora Paulina Vodanovic pidió evaluar a Interior y Defensa una propuesta que permita una “fuerza de tarea operativa” perteneciente a las Fuerzas Armadas que colaboren en zonas urbanas, pero que tengan una función distinta a las policías. Respecto a las medidas del Gobierno, la senadora sostuvo que “son suficientes, pero siempre se pueden hacer mayores esfuerzos”.
Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, señaló que no serán parte de las presiones hacia el Gobierno y que asumirán cualquier sea la decisión del Presidente.
“No tiene por qué ser contradictorio, el Estado de Sitio sería una medida más que, yo no la estoy propiciando. El Presidente (Boric) dijo que están todas las medidas en consideración a pesar de que el estudio comparado dice que eso no da los mejores resultados”, precisó.
En la oposición, hay balances disímiles. Si bien señalan que los anuncios van en la línea correcta, argumentan que hizo falta “sentido de urgencia”. Esto, considerando que la construcción de la cárcel tomará un par de años, aún cuando el Congreso Nacional apruebe con prontitud el proyecto de ley que el Ejecutivo ingresará para eximir al recinto de una serie de trámites.
La diputada Ximena Ossandón, jefa de bancada de RN, señaló que “el anuncio de una cárcel especial lo recibimos de buena manera, pero no tiene sentido de urgencia. Con la cantidad de homicidios que hay a diario, proponer como gran medida una cárcel que estará lista en tres años es francamente una burla para los millones de chilenos que salen a la calle con temor”.
El senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, dijo echar de menos la falta de anuncios en política de migración y propuso, además, que el Consejo de Seguridad Nacional tenga carácter permanente. “El Cosena debe transformarse en una institución de trabajo, asesora permanente del Presidente de la República. Tiene que citarlo de manera constante para obtener justamente la coordinación que se espera. Ahí están presentes no solamente los jefes militares sino que también el General Director de Carabineros”, sostuvo.
En tanto, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló que “le adelantamos al Presidente que estas medidas por sí solas ya no son suficientes. Se requiere que estas personas estén durante décadas tras las rejas, para lo cual le aconsejamos que supere sus complejos, se ponga del lado de las víctimas y actúe con la determinación que le corresponde al Presidente del país”.
“A nuestras autoridades les tiembla la mano cada vez que tienen que tomar medidas drásticas para enfrentar el crimen organizado, pero no tiene problemas para indultar delincuentes”, finalizó.
