Costa Rica es el país más pacífico de Centroamérica, según el índice de paz global, elaborado desde el 2008 por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), con sede en Sídney, Australia. El presidente de la República y su ministro de Seguridad, Mario Zamora, festejaron la noticia en conferencia de prensa y el mandatario se mostró sorprendido por la mejor calificación nacional en relación con El Salvador que, “en teoría, es el país más seguro de América Central”.
La ventaja frente al resto del Istmo es completamente normal. Nunca ha sido de otra manera. Lo novedoso es la estrepitosa caída de nuestro país del puesto 39 al 58 entre el 2023 y el 2024. No obstante, esa circunstancia no mereció mención de los altos funcionarios durante su extenso comentario del informe.
Por el contrario, los responsables de la seguridad del país enfatizaron el tercer puesto de Costa Rica entre las naciones más pacíficas de América Latina. No mencionaron, sin embargo, que la caída de 19 puestos, hasta el 58, implica salir de la categoría de países de alta paz para ubicarse en paz media, donde también se encuentran Panamá, El Salvador y Nicaragua.
Hasta el año pasado, nuestro país estuvo entre los mejor clasificados del índice, y hoy solo Argentina y Uruguay se ubican en ese segmento. Somos, pues, terceros en Latinoamérica, pero muy lejos de donde estuvimos y en una categoría totalmente diferente, con un significativo retroceso.
El estudio explica las razones de la nueva clasificación con argumentos de sobra conocidos por los costarricenses. “Costa Rica experimentó un aumento de los delitos violentos en el 2023, con un incremento de más del 35% en la tasa de homicidios, debido a cambios en los patrones de tráfico de drogas”, dice el documento.
En el 2023, el país sufrió un récord de 907 homicidios, es decir, uno cada 10 horas. Este año, el ritmo es muy parecido. Hasta ahora hubo 459 homicidios, quince menos que en el mismo período del 2023, pero el ministro de Seguridad también encontró motivos para destacar el resultado. “Lo importante ha sido reducir una tendencia al alza en homicidios que venía de forma ininterrumpida del año 2019 y hemos logrado aplanar la curva en el 2024″, afirmó.
Sin embargo, el ministro no reparó en las particularidades de ese aumento progresivo desde el 2019. Ese año hubo 564 homicidios y el siguiente, 7 más. De 571 en el 2020, pasamos a 588 en el 2021 y en el 2022, primer año de la actual administración, se produjo el primer salto notable de la serie. Llegamos a 657 en el 2022 y, en medio de la alarma, el presidente de la República señaló que solo había gobernado nueve meses del año, con deficiencias en seguridad acarreadas de la anterior administración, e invitó a juzgar su labor a partir de enero del 2023.
Ese año, la “ininterrumpida” alza en el número de homicidios pasó de 657 a 907, un aumento dramático, sin precedente en los años citados por el funcionario. La tasa de homicidios se disparó de 12,5 por cada 100.000 habitantes en el 2022 a 17,2. Es un crecimiento del 38%, que distingue a ese año en relación con los anteriores.
Esa evolución del fenómeno pone en duda el mérito de “aplanar la curva” con 459 homicidios hasta la fecha, apenas 15 menos que en el año récord. No hay una explicación de cambios en política pública para entender el resultado y, si la hubiera, caería en duda de inmediato, dada la exigua diferencia. La política de seguridad ciudadana debe ir mucho más allá de un manejo sesgado de los datos. La ciudadanía experimenta el problema en su vida cotidiana y no será fácil ni útil convencerla de una relativa seguridad.
