La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha abierto diligencias para investigar si hay delito en las obras que la Comunidad de Madrid ha emprendido en el colegio Ramiro de Maeztu de la capital, según han informado fuentes del Ministerio Público. La Consejería de Educación tenía planeado abrir una Escuela Europea Acreditada (EEA) dentro de las instalaciones del Ramiro, proyecto que exigía una reforma para hacer 18 aulas nuevas en el colegio.
Pero, ante el rechazo que suscitó la idea en el centro y entre las familias, que se echaron a la calle para protestar, el consejero de Educación, Emilio Viciana, acabó dando marcha atrás y anunció que finalmente la EEA no se alojaría en el Ramiro. La sorpresa fue que la Comunidad mantuvo las obras previstas, que empezaron el pasado 2 de julio, aunque sin la escuela europea como destinataria se desconoce con qué fin.
Por eso –las obras siguen a día de hoy– el organismo público ha pedido al Seprona, de la Guardia Civil, que investigue la reforma, después de que las familias enviaran a los fiscales documentación alertando de una posible afectación a elementos de patrimonio histórico del centro. Entre ellos, el escenario del salón de actos o unos bancos deslizables situados bajo el mismo catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC).
Las familias del Ramiro se han movido contra la instalación de la EEA en su colegio, que han rechazado desde el primer momento. Entre las diversas acciones que han llevado a cabo remitieron a la Fiscalía toda la información que encontraron sobre las obras, en torno a las cuales la Comunidad ha corrido un tupido velo y no informa del fin que tienen. Las revelaciones de las familias han debido parecer, como poco, merecedoras de más pesquisas. Según ha informado el ente público, el Seprona aún no le ha trasladado información alguna.
Buena parte del asunto se sostiene en torno a un acta, la 25-bis/2024, de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de Madrid, que describe la demolición del escenario en el que se instalan los bancos retráctiles como parte del proyecto general del colegio. En las cuatro páginas de ese documento, se describen las actuaciones que se estaba planteado realizar en el Ramiro, con una postura “favorable” del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.
En esas cuatro páginas se describen las obras que se pretendía acometer en el centro, entre las que se encuentra “demolición de escenario” en la planta baja. Los bancos deslizables se ocultan bajo ese escenario. “La destrucción de estos bancos no solo constituye un ataque directo a nuestro patrimonio cultural y educativo, sino que también evidencia una absoluta falta de consideración por parte de las autoridades hacia la historia y la identidad del Colegio Ramiro de Maeztu. Es fundamental recordar que estos bancos no son simplemente muebles antiguos, sino un Bien de Interés Cultural (BIC), testimonio vivo de décadas de educación y comunidad en nuestro colegio”, denunció en su momento la agrupación Ramiro No Cabemos, que ha canalizado las protestas.
No eran las únicas obras previstas. En el listado de la referida acta se incluyen “nueva carpintería”, convertir cubiertas no transitables en transitables, demolición de tabiques y sustitución de muros por tabiques de mampara de melamina... Hay una serie de obras exteriores, interiores y específicas para cada una de las dos plantas del centro (además de la planta baja).
Las familias denuncian que las infracciones de la Comunidad no se limitan a la posible afectación de los bancos y el escenario del salón de actos. En otro escrito, explican que la citada acta 25-bis/2024 contradice los criterios técnicos generales establecidos por la Comisión Local de Patrimonio Histórico en el Municipio de Madrid, de la Comunidad de Madrid, en lo relativo al tratamiento de los edificios catalogados como BIC (sea íntegramente o alguna parte).
Ese documento establece que “la justificación de las propuestas [de reforma] se debe basar en los valores culturales y patrimoniales del bien o en la recuperación de la fachada o de la configuración original y, en ningún caso, responderá a necesidades particulares o de la actividad del promotor o propietario del mismo”.
Blanco y en botella, dicen las familias: “Encontramos numerosas actuaciones autorizadas en el acta 25-bis/2024 que difícilmente pueden basarse en valores culturales y patrimonial del bien, y se asemejan mucho más a necesidades particulares de la actividad del promotor o del propietario del edificio”, describen, y citan algunas de las que en su opinión responden a esta definición: “Demolición de tabiquería interior y nueva distribución interior con tabiques con estructura de aluminio y paneles de cartón yeso, mamparas acristaladas, tabiques móviles de vidrio o aglomerado”; “Desmontaje de carpinterías interiores para cambios de distribución interior y nueva carpintería interior de tableros de madera aglomerados recubiertos de melamina y nuevas mamparas de perfilería de aluminio lacado según planos y color a definir”; “Nueva distribución de aulas”; o “Demolición de muros de fachadas en planta 2ª para apertura de huecos de salida a terraza”.
Sucede lo mismo con las fachadas. El documento técnico de la Comunidad establece que “la sustitución de carpinterías exteriores de los huecos de fachada se realizará con el mismo diseño, despiece, escuadrías, materiales, colores y retranqueo que las del modelo original del inmueble. No podrán efectuarse divisiones en los vidrios distintos de los existentes en los huecos originales”.
Frente a ello, denuncia Ramiro no Cabemos, “en el acta, en el apartado de obras exteriores, se admite lo siguiente: 'Nueva carpintería de aluminio lacado con rotura de puente térmico color a definir'. Esto deja abierta la posibilidad de realizar cambios en el estilo y materiales de los cerramientos actuales”. Son dos de las principales reclamaciones de las familias, aunque no las únicas.
Este periódico ha preguntado a la Comunidad de Madrid, pero no ha obtenido respuesta.
