Si el Tribunal Constitucional eventualmente le da la razón a la defensa de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, frente al recurso que presentó —su abogada Giuliana Loza— para archivar el proceso en el marco del Caso Cócteles, no se anularía el juicio, lo máximo que podrían obtener es que todo retorne a una etapa de control de acusación, pero la hija de Alberto Fujimori y la cúpula de la organización fujimorista seguiría siendo procesada por los presuntos delitos señalados por el Ministerio Público.Ir a Publicar
En diálogo con La República, el experto en derecho penal Andy Carrión explicó que el TC no podría archivar el Caso Cócteles, ya que estaría entrometiéndose en una facultad que no le compete como institución. El Tribunal Constitucional actúa como el máximo ente de deliberación en temas constitucionales, no en temas penales.
"Si el TC les da la razón, los jueces lo que tendrían que hacer sería simplemente anular el juicio y retrotraer el caso a una eventual etapa de control de acusación. Es hasta lo más que pueden llegar los jueces del Tribunal Constitucional", expuso.
En cuanto al tiempo que tardaría en resolverse este recurso en el Tribunal Constitucional, sería de "uno o dos meses porque ya se encuentra en el TC y según el orden de prelación ya se debería señalar una fecha de audiencia para poder dilucidar sobre este caso", explica el abogado penalista.
En opinión de Andy Carrión, el recurso presentado por la abogada Giuliana Loza no tendría éxito en esta instancia, a través de la cual se cuestiona que los hechos en cuestión configuren un delito de lavado de activos: “Es un recurso con pocas probabilidades de éxito ante el TC, donde se tendría que resolver un caso penal”.
De la misma opinión es el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, quien explica que los recursos de amparo y los hábeas corpus buscan defender el derecho constitucional de las personas, pero no se pronuncian sobre temas penales de fondo, solo pueden retrotraer etapas: 'De ninguna manera el TC podría archivar el proceso'.
Tras conocerse que Keiko Fujimori busca anular el juicio ante el Tribunal Constitucional, el fiscal coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, se mostró preocupado al indicar que el actual TC tiene un origen político vinculado al fujimorismo: “De cualquier manera, siempre hay que estimar la génesis del Tribunal Constitucional. El TC nace sobre la base de un acto político, de decisión del Congreso y el partido Fuerza Popular tiene una bancada activa que ha votado además dentro de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional”.
Al respecto, Andy Carrión indica que es importante "tomar en cuenta qué tipo de tendencia tiene el TC, eso implica que fuerzas políticas apoyaron sus designaciones". Considera que "muchos tribunos tienen cierto acercamiento a Fuerza Popular y es un elemento a valorar".
Aunque indica que esto no implica que le vayan a dar la razón a la defensa de Keiko Fujimori porque “existen muchos precedentes que ya han negado esta valoración jurídico penal en rigor en una sede constitucional”.
Al respecto, Óscar Urviola recordó que en el derecho constitucional existe un principio de “deber de ingratitud”, que indica que los magistrados no le deben su designación a quienes votan a favor de la misma: “Que Fuerza Popular y otras bancadas hayan nombrado a magistrado no quiere decir que deban obediencia a la bancada y no están para atender los intereses de quienes los eligieron”.
Como reportó La República, se trata de un recurso de agravio constitucional de la abogada Giulliana Loza contra la resolución judicial de segunda instancia que declaró improcedente el hábeas corpus a favor de Keiko Fujimori. La Tercera Sala en lo Constitucional de Lima concedió el mencionado recurso a finales de junio y dispuso elevar el expediente al TC. El expediente llegó oficialmente al TC a inicios de julio.
El hábeas corpus tiene como objetivo que se declaren nulas y sin efecto legal tres resoluciones del juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Estas resoluciones son el auto de enjuiciamiento y las que declararon infundados los pedidos para archivar los delitos de lavado de activos y organización criminal por, según la defensa de Fujimori, no constituir actos ilícitos.
