El Gobierno sufrió un revés inesperado en medio de la pausa judicial de invierno: la Justicia resolvió habilitar la feria para dar curso a una medida cautelar que apunta a reactivar los programas alimentarios que el Gobierno discontinuó a principio de año. La decisión llega en medio de la puja que mantiene la gestión de Javier Milei en los tribunales respecto a otra denuncia en torno a su política social a partir del stockeo de alimentos que aún no se repartieron.
El juez federal en lo contencioso administrativo Martin Cormick decidió habilitar la feria judicial para ejecutar la medida cautelar que había sido emitida por otro magistrado, la jueza Lara Correa, contra el Ministerio de Capital Humano. Allí la Justicia obliga al Gobierno a cumplir con los programas alimentarios vigentes, que acorde a la denuncia presentada fueron discontinuados desde febrero, causando un desabastecimiento en los comedores comunitarios.
A través de una presentación impulsada por la UTEP, dirigida por Juan Grabois, y el CELS, bajo una personería unificada, se demandó la apertura de la feria judicial bajo el principio de que se está vulnerando "el derecho a comer para cientos de miles de personas".
Precisamente, uno de los argumentos clave del fallo de Correa es que hace lugar a la medida cautelar solicitada por la Defensoría oficial para "asegurar de una manera eficaz y sustentable el derecho a la alimentación adecuada del colectivo representado ".
Bajo esta premisa, se dispuso que se "ordene al Ministerio de Capital Humano que continúe con los planes y programas denunciados como política pública para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes, que asegure su efectiva ejecución evitando cualquier dilación, interrupción o recorte sustancial de la prestación alimentaria por cuestiones ajenas a las pautas fijadas por las leyes y resoluciones vigentes hasta tanto se dirima la cuestión de fondo del presente constitucional".
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