Hace decenios que el agua de uso agropecuario debió recibir atención como un recurso estratégico y escaso, y ya nos alcanzó el cambio climático.
Julio Berdegué, quien será el próximo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, ha dado extensas entrevistas de prensa para explicar los ejes de la política del nuevo gobierno hacia el campo; en todas ha destacado el problema del agua como un recurso que se usa mal y que el cambio climático ya provoca que sea cada vez más escaso.
Ha declarado que se tendrá que dejar de considerar al agua como una mercancía y recuperar el gobierno sobre el recurso, lo que puede interpretarse como que sea el interés público y no el particular de refresqueras, cerveceras y otras industrias el que determine el uso del recurso.
Quiere decir, también, que si la ganadería y la agricultura utilizan actualmente el 75 por ciento del agua disponible, se reduzca el desperdicio (alrededor del 60 por ciento) que causan los sistemas de riego por canales a cielo abierto en el norte y noroeste del país.
También ha mencionado Berdegué la necesidad de adaptar cultivos y ganadería al cambio climático, lo que implicaría vincularlos a las disponibilidades regionales del líquido y condiciones de suelo y clima.
Cultivos como el algodón, por ejemplo, son voraces consumidores de agua y por tradición y cultura se produce en la comarca lagunera de Coahuila y en Durango, donde las sequías han sido y serán cada año más severas.
Esos dos estados, como Sonora, Chihuahua y la mayor parte de la Península de California, de Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas están en la franja de los desiertos del planeta -entre los 25º y los 35º de latitud- que se irá extendiendo, movida por el calentamiento global.
Las sequías que se sufren en esos estados de la República han sido más severas cada año. Hace decenios que el agua de uso agropecuario debió recibir atención como un recurso estratégico y escaso, y ya nos alcanzó el cambio climático.
La prioridad que el gobierno de Claudia Sheinbaum le da al gobierno del agua está al nivel de la que le asigna a procurar un mayor bienestar campesino y a lograr que la soberanía alimentaria se base en una mayor producción nacional y cada vez menos en el mercado externo.
Recuperar el gobierno del agua tiene complicaciones jurídicas y obligará a concertar acuerdos con los concesionarios de su explotación.
Modernizar los sistemas de riego en seis millones de hectáreas para evitar pérdidas tan grandes, tiene su complicación en que la mayor parte de esas tierras son rentadas y quienes las explotan no están dispuestos a invertirles.
La adaptación de cultivos y ganadería a disponibilidad regional de agua es una medida extrema porque entraña complicaciones jurídicas, de reconversión entre grandes productores y culturales entre el campesinado, además de condicionamientos de clima y suelos.
Sin embargo, eventualmente se tendrá que hacer alguna adecuación regional agropecuaria; el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias ha estudiado desde finales del siglo pasado el potencial hidroagrícola del sureste, particularmente de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz por cuya superficie fluye más del 60 por ciento del agua disponible en el territorio.
La región es rica en agua, pero no ha interesado ni a gobiernos ni a empresas agropecuarias, como las que hay en el norte del país, que se establecieron en torno a las grandes inversiones en infraestructura de riego, qué hicieron los gobiernos a mediados del siglo pasado.
Inversiones semejantes habrá que hacer ahora en el sur-sureste si en verdad se quiere alcanzar las otras prioridades del desarrollo rural: bienestar campesino y autodeterminación soberana en alimentación.
