Se ha trabajado duro, pero tenemos mucha insatisfacción al no lograr mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, pues con los resultados obtenidos hasta el momento, no se alcanza el cambio que se demanda, reconoció este miércoles el miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, al realizar una evaluación del estado de implementación de las proyecciones de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el primer semestre de este año.
Ante los diputados del 3er. Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su 10ma. Legislatura —que sesiona en el Palacio de Convenciones de La Habana—, apuntó que «no estamos cruzados de brazos» y se continuará con «el sistema de trabajo de Gobierno en la calle, junto al pueblo, seguros de que tal y como nos enseñara el Comandante en Jefe, solo con nuestros propios esfuerzos seremos capaces de crecernos y avanzar en la construcción de la patria socialista».
Por eso, en el empeño de proseguir con la implementación efectiva de las proyecciones, Marrero Cruz apuntó que en el próximo período los esfuerzos se concentrarán en la política de control monetario, de precios y fiscal, el fomento de la producción nacional y la oferta a la población, el incremento de los ingresos en divisas del país, así como la diversificación de las exportaciones.
Agregó que, además, se trabajará en el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista y los actores económicos no estatales, el redimensionamiento del sector presupuestado, el control y seguimiento al plan y al presupuesto, el fortalecimiento de los municipios y la atención priorizada al desarrollo de los programas sociales y la recuperación de la calidad de servicios vitales a la población. Otros asuntos, dijo, serán el enfrentamiento al delito, la corrupción, las indisciplinas sociales y las ilegalidades, y el trabajo de los cuadros.
«Para alcanzar los objetivos propuestos debemos trabajar con optimismo, conscientes de que sí se puede avanzar juntos y seguir adelante en la búsqueda de soluciones propias a nuestros problemas», reiteró el Primer Ministro en un profundo análisis donde repasó el contexto de economía de guerra en que se desempeña el país, la elevada inflación, con un crecimiento sostenido de los precios y del tipo de cambio informal, lo que deteriora el poder adquisitivo de la moneda nacional.
La principal causa externa es y seguirá siendo el recrudecido bloqueo impuesto por Estados Unidos a la Mayor de las Antillas. Esta política genocida se mantuvo inalterable en el primer semestre, afectando, sobre todo, el sector de las finanzas y el comercio y, en general, en la extraterritorialidad de las medidas dirigidas a empresas, mercados, suministro de los principales socios comerciales, quienes muestran interés en invertir en Cuba, consideró.
El Jefe de Gobierno se refirió también al amplio sistema de trabajo para el seguimiento de estas proyecciones mediante chequeos semanales, análisis con el Presidente de la República, propuestas al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y análisis en el Grupo de Trabajo del Partido para el aseguramiento político y comunicacional. «La implementación de estas proyecciones es una tarea que corresponde a todos», afirmó.
Como resultado del trabajo desarrollado en la etapa se identificaron cien proyecciones y 220 acciones para el cumplimiento de los objetivos propuestos. De esas proyecciones están aprobadas 43, de las cuales 15 están totalmente implementadas. De las 220 acciones están aprobadas 116, de ellas 53 están totalmente implementadas, informó el Primer Ministro.
Detalló que están aprobadas y pospuesta su implementación hasta tanto las condiciones así lo permiten cuatro proyecciones: la nueva tarifa para el abasto de agua no metrada, la actualización de los precios mayoristas de los combustibles, así como las nuevas tarifas de los servicios de transportación de pasajeros y para el gas licuado.
«Nosotros reconocemos que el cronograma no pudo en todos los casos avanzar en los plazos y a la velocidad que hubiéramos querido debido a múltiples factores objetivos y subjetivos. Se mantiene el principio de no implementar nada hasta tanto las condiciones estén creadas; la necesaria creación de condiciones en organismos globales, evitar, por todos los medios posibles, que las medidas agraven los niveles de vida de la población y la descapitalización de las empresas», agregó.
«Hemos trabajado por igual en el avance de los ocho objetivos, pero se ha priorizado la aprobación de las propuestas que tributen a la estabilización macroeconómica del país, lo que permitirá garantizar un entorno favorable para el crecimiento económico, el desarrollo y el proceso de construcción socialista».
Al referirse a la aplicación de algunas medidas para la contención de los altos precios de productos y servicios básicos, Marrero Cruz apuntó que sigue siendo una de las principales insatisfacciones de la población. Después de un largo análisis, dijo, se decidió aprobar una nueva política de precios para garantizar que en su mayoría reflejen las condiciones objetivas de nuestros mercados y la producción.
Añadió que fueron regulados los precios máximos de seis productos de alta demanda: pollo, aceite, leche en polvo, salchichas, pastas alimenticias y detergentes. Esta medida incluye la exoneración de los aranceles de importación.
«Es verdad, esos precios que hemos topado no reflejan la realidad del respaldo de los salarios y siguen siendo altos para el pueblo, pero nosotros no tomamos esa medida pensando que ese es el precio justo que deben de tener, sino la necesidad, haciendo un estudio de sus costos de importación, los costos aquí de aseguramiento, de transportación, de que por lo menos podamos ponerle un tope y detener ese crecimiento que estaban teniendo los precios.
«Nosotros estamos claros de que la solución definitiva al tema de los precios, y para poder combatir esta inflación, es producir más e incrementar la oferta de bienes y servicios a la población. Ahora, este es un proceso gradual en el cual estamos trabajando», apuntó.
El Jefe de Gobierno ilustró que ante la aplicación de la regulación de precios para la comercialización minorista de productos de alta demanda se desarrolló un proceso de consultas e intercambios con formas de gestión no estatales, sosteniéndose 4 363 encuentros con 50 335 participantes. Tras su implementación, expresó, a partir del 8 de julio, se mantiene el seguimiento, con el objetivo de detener la tendencia al incremento de los precios de estos productos.
Precisó que como parte de las acciones de enfrentamiento a las violaciones de precios, se han realizado en solo dos días 11 891 inspecciones, y se detectaron 4 954 violaciones. Se han aplicado 4 332 multas por un valor superior a los 13 000 000 de pesos. Además, se han realizado 354 ventas forzosas, 53 retiros temporales de autorización del funcionamiento del establecimiento y efectuados 21 decomisos, mayoritariamente a quienes ejercían de forma ilegal.
Sobre el aumento de la producción nacional de alimentos, el Primer Ministro señaló que se incrementaron las tarifas arancelarias de algunos productos y se captaron por ese concepto 610 millones de pesos. También se avanzó en el proceso de depuración y en la evaluación del uso que se la ha dado a la tierra entregada en usufructo, comprobándose muchas violaciones.
En cuanto al control integral de la existencia de ganado mayor y su registro, se han visitado 107 000 propietarios, con un 98 por ciento de violaciones, de ellas resueltas el 66 por ciento, informó el Jefe de Gobierno, quien recordó que el 80 por ciento de la producción de alimentos en Cuba es desde las formas productivas no estatales.
Dijo que avanza, aunque sin explotarse todas las potencialidades, el programa de agricultura urbana, suburbana y familiar. Hay que llegar a tener un organopónico en cada circunscripción o comunidad y desde ahí generar empleo y comida, afirmó.
El programa de agricultura urbana, suburbana y familiar es un pilar importante en la producción de alimentos. Fotos: Abel Rojas Barallobre
Destacó cuán importante es definir qué necesita un municipio, qué puede producir, cómo empezar un proceso de compromiso de los balances a nivel de municipio. «Que los territorios identifiquen las potencialidades con que cuentan. Hay que seguir librando esta pelea para identificar en el plan qué municipios se abastecerán, con qué productos. Es la esencia del empoderamiento, de la autonomía de los municipios», apuntó.
Marrero Cruz reconoció que, aunque se está sembrando más, las producciones agrícolas del país mantienen todavía la tendencia al incumplimiento, pues los rendimientos no alcanzan los niveles requeridos al no poder asegurarse el paquete tecnológico, productos químicos, fertilizantes y combustibles. En tal sentido, significó que los alimentos más seguros con los que podamos contar, serán los que seamos capaces de producir.
Sobre el tema de avanzar en el desarrollo del sistema empresarial del país y la integracion entre todos los actores económicos, Marrero Cruz apuntó que las acciones desarrolladas han estado enfocadas a la elaboración de la política para la ley de empresas, la actualización de las normas jurídicas para los nuevos actores económicos y ordenar las relaciones entre los diferentes actores.
Reiteró que la empresa estatal socialista es el actor fundamental del modelo económico social del país y aporta en el entorno del 80 por ciento del producto interno bruno, y que en el segundo semestre avanzamos en el perfeccionamiento de las estructuras y funciones del sector empresarial estatal, que prevé ordenar las UEB, cuáles pueden transitar a empresas filiales o mipymes estatales, así como en el análisis de las empresas y las OSDE.
El Jefe de Gobierno compartió con los diputados varios datos que ilustran distorsiones en este sector, entre ellos, que en esta etapa las unidades presupuestadas pagaron a personas naturales y otras formas de gestión no estatal 4 750 millones de pesos. Se incrementó en 990 millones de pesos con relación al año anterior.
Ante esta tendencia, dijo, se establecieron regulaciones para acotar la ganancia en las compras de productos y pagos de servicios e insumos del sector estatal al no estatal, pudiendo aceptar precios que contengan una utilidad de hasta el 30 por ciento. A la vez que se refirió a otras medidas del amplio proceso de actualización de las normas que regulan las formas de gestión no estatal (mipymes, cooperativas no agropecuarias, trabajo por cuenta propia), que se desarrolló desde el pasado año.
«No es una cruzada contra las formas de gestión no estatal, no es un paso atrás, ratificamos lo aprobado en el Congreso del Partido y lo refrendado en la Constitución. No se trata de prohibir, sino de corregir, reorientar, conducir y lograr que cada actor económico desempeñe el papel que le corresponde».
El Jefe de Gobierno destacó que se realizó el levantamiento de las 608 mipymes que se han declarado con pérdidas, comprobándose en la mayoría de los casos que contrariamente no es real, sino mal manejo de la contabilidad.
A partir de la decisión de descentralizar la facultad de aprobación de estas formas de gestión no estatales hacia los territorios, se decidió iniciar en un municipio por provincia para luego generalizarlo gradualmente, señaló.
Marrero Cruz se refirió a la creación del nuevo instituto para la atención a los actores económicos no estatales, y como ya se acondiciona la sede y está definida su estructura y funciones, así como seleccionados sus principales cuadros, para entrar en funcionamiento en septiembre próximo.
Con respecto a la aprobación de la nueva política para la transmisión de la propiedad de vehículos de motor, remolques y semirremolques, su comercialización e importación, el Jefe de Gobierno anunció que los vehículos de motor y carrocerías de uso que resulten disponibles dentro del país se comercializarán siempre en moneda nacional, se permitirá la importación de vehículos a personal diplomático, representantes de empresas en el exterior y las misiones de colaboración, así como incorporar para la importación de vehículos de motor nuevos requisitos que garanticen la compatibilidad técnica.
También se acordó autorizar que SASA pueda importar y comercializar carrocerías de vehículos de motor y cuadros de motos, en divisas convertibles, exclusivamente como reposición y autorizar la transmisión de propiedad entre las personas naturales y jurídicas (excepto las diplomáticas) cumpliendo el régimen tributario correspondiente; además se acota la cantidad y tipos de vehículos a importar por las formas de gestión no estatal y se autoriza la importación de motos de combustión y triciclos.
A la necesidad de avanzar en la gestión estratégica del desarrollo territorial, de modo que se fortalezcan los municipios como instancia fundamental como una prioridad del país también aludió el Primer Ministro, quien dijo que en el proceso de fortalecimiento de los presupuestos provinciales y municipales, como resultado de las acciones desarrolladas se ha logrado una reducción del déficit en 5 520 millones de pesos.
A nivel municipal se ejecuta el plan para enfrentar la evasión fiscal, cobrar las multas para captar los ingresos potenciales, y así avanzar en el camino para que todos los municipios sean superavitarios, señaló, a la vez que precisó que se han traspasado o autorizado a crear 112 empresas en 106 municipios, para formar parte de los sistemas agroalimentarios municipales.
En otro momento de su intervención, el Jefe de Gobierno subrayó que en el camino de transformar el entorno institucional, regulatorio y organizativo del funcionamiento de la economía, se encuentra aprobada y se implementa la política para el redimensionamiento del sector presupuestado; además se priorizan las acciones en las administraciones locales.
Por su alta incidencia en el cumplimiento de los objetivos del país, se continúa trabajando en el fortalecimiento de la actividad de los cuadros, aseveró Marrero Cruz. En tal sentido, se diseñó el procedimiento para la caracterización del trabajo de los intendentes, implementado en un primer momento en La Habana, para su validación y luego generalizarlo al resto de las provincias.
Al desarrollo de la política social y los mecanismos de protección a las personas, familias y hogares en situación de vulnerabilidad también se refirió el Primer Ministro, sobre todo, en relación al programa de revalorización de la ruralidad, el programa de la vivienda que no avanza en correspondencia con las necesidades de la población, y la protección por la asistencia social.
De la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, también se habló en esta jornada. Según el informe presentado por el Primer Ministro, el registro delictivo se mantiene elevado, aunque con un decrecimiento de un diez por ciento con relación a meses anteriores. Se incrementan las acciones de prevención y enfrentamiento, así como la respuesta penal y penitenciaria con rigor.
Los delitos contra el ganado se han reducido un 20 por ciento, pero continúan siendo altos. Persisten ilegalidades en el ordenamiento urbanístico, la vivienda, la creación de puntos de ventas, la ocupación de inmuebles estatales y particulares, entre otros, lo cual es enfrentado, restituyéndose la legalidad.
Como parte del enfrentamiento, se analizan sistemáticamente hechos relacionados con combustibles, carga y traslado de productos alimenticios, la operación puerto-transporte-economía interna, fraudes eléctricos y otros que por su gravedad así lo aconsejan, así como hechos de corrupción, muchos relacionados con los vínculos con las formas de gestión no estatales. En esta área, se implementa la metodología de rendición de cuenta de los dirigentes administrativos, que contribuirá a un mayor control popular de la gestión y el cuidado de los recursos.
El enfrentamiento policial no sustituye la responsabilidad del control administrativo. Es imprescindible incrementar el control en la fábrica, los almacenes y los centros de elaboración, refirió el Jefe de Gobierno, quien aludió a la necesidad de fortalecer el control y protección de los recursos, eliminar distorsiones en las relaciones entre actores económicos estatales y no estatales, y reducir las violaciones de la seguridad informática y las asociadas a la ciberseguridad.
