No lo quieren decir en voz muy alta para no quemarlo, pero en el gabinete económico que comanda el ministro Luis Caputo tienen una cifra en mente para recaudar por la penalidad del blanqueo de capitales.
El número, guardado bajo siete llaves, es de u$s 30.000 millones. De esa cifra, unos u$s 10.000 millones serían por dinero no declarado. Los restantes u$s 20.000 millones, por activos declarados en el exterior, tanto en cuentas comitentes, bancarias y bonos del Tesoro de los Estados Unidos, entre multiplicidad de variedad de activos.
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Como hasta el 30 de septiembre, fecha de vencimiento de la primera etapa, se abona una alícuota del 5%, se prevé que la mayor parte sea en ese momento, por lo que se prevé recaudar u$s 1500 millones, que servirán para engrosar las reservas del Banco Central.
Septiembre será clave porque comienza a llegar la información de la exteriorización bancaria de argentinos por parte del fisco americano.
El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) confirmó que la Argentina cuenta con las medidas de seguridad de datos y la infraestructura adecuada para realizar, ahora sí, de manera efectiva el primer intercambio automático de información financiera, programado para el próximo septiembre.
El intercambio es automático y la AFIP recibirá información de todas las cuentas bancarias y de inversión de residentes argentinos en los Estados Unidos que hayan generado algún tipo de interés mayor a u$s 10 durante 2023, pero no informará sobre los saldos.
Si no tuvieron rendimientos o rentas que califiquen como de fuente estadounidense, no se reportan vía FATCA. Ojo que muchas cuentas generan un pequeño rendimiento que, si superan los u$s 10 al año, se reportan, porque muchas veces los depósitos en cuenta se remuneran con intereses.
Esto puede poner en jaque a los titulares de cuentas no declaradas. Por eso no es menor este blanqueo, que prevé que se puedan declarar a través del régimen de regularización de activos los saldos al 31 de diciembre de 2023, lo que permitiría liberar de reclamos de AFIP
El organismo reclama sobre el valor del activo no declarado que se debía pagar más un 10% sobre el impuesto a las Ganancias, IVA y Bienes Personales, además de ser pasible de una denuncia por defraudación fiscal, con multas de 2 a 6 veces del impuesto omitido y acción penal en caso de que la evasión supere $ 1,5 millón por año por impuesto evadido.
