Más de 3 mil menores de edad se encuentran presos en El Salvador bajo un régimen de excepción vigente desde 2022, afirmó este martes Human Rights Watch (HRW), que denunció “malos tratos”, “detenciones indiscriminadas” y casos de tortura en el país. Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW, explica en RFI que “se han centrado en los jóvenes porque son los más estigmatizables”.
En un informe titulado “Su hijo no existe aquí”, la organización documentó casos de violaciones de derechos humanos mientras rigen en El Salvador normas extraordinarias para combatir a las pandillas.
“Los datos que tenemos entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, es que 3.319 niños y niñas fueron detenidos“, dijo la directora de las América de HRW, Juanita Goebertus, al presentar el informe en San Salvador.
El documento da cuenta de numerosas redadas de la policía y el Ejército en comunidades vulnerables, donde la violencia de las pandillas era constante, con un balance de más de 80 mil detenidos, incluidos los menores. Asimismo, el informe dice que más de mil niños han sido condenados, con penas que van de dos a 12 años de prisión, en algunos casos “por cargos definidos de forma excesivamente amplia (…) y frecuentemente sobre la base de testimonios policiales no corroborados”.
Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW, explica que “se han enfocado en los jóvenes porque son los más estigmatizables, sobre todo en las comunidades más humildes” y en muchos casos han sido “presionados para reconocer delitos” o condenados “por un sólo testimonio policial”.
Asimismo, Pappier explica que en algunos casos “se ha detenido a niños y niñas de tan sólo 12 años acusados de ser pandilleros sin ninguna evidencia”.
Bukele lanzó en marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas al amparo del régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial. Fue decretado por el Congreso tras una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas.
Bukele rechaza acabar el régimen de excepción y desestima las críticas de grupos humanitarios, mientras su comisionado de derechos humanos, Andrés Guzmán, niega casos de tortura. Con su cruzada los homicidios se redujeron drásticamente y Bukele se convirtió en el mandatario más popular de América Latina, según una encuesta regional. En febrero fue reelegido con el 85% de los votos.
“La violencia ha disminuido pero esto ha ocurrido a un costo humano inmenso e injustificado”, sentencia a RFI.
Tras dos años de investigación, el documento de Cristosal evidencia la instrumentalización del sistema de justicia y el alto costo humano de este régimen, que practica detenciones arbitrarias y ya causó la muerte de bebés y personas inocentes, así como la profundización de la desigualdad social y de género, desde la implementación de dichas medidas excepcionales en 2022.
Las cifras del reporte sobre el régimen de excepción en El Salvador son estremecedoras: 261 personas y cuatro bebés murieron bajo custodia estatal.
Estas muertes dejaron a su vez a 176 niños en orfandad, mientras que el encarcelamiento masivo supone el abandono de más de 62 mil menores de 15 años.
“La tortura y los tratos inhumanos contra las personas detenidas bajo el régimen de excepción de Nayib Bukele es ya una política de Estado. No hay investigaciones sobre este tipo de abusos”, explica a RFI David Morales, jefe jurídico de la organización Cristosal. “Hemos establecido sobre una muestra de 1.178 casos que las detenciones son arbitrarias”.
Cristosal se basa en tres grandes investigaciones que analizan estos dos años de estado de excepción. Los ejes son: el impacto en las mujeres y niños, las muertes en las cárceles estatales y la disfuncionalidad del sistema de justicia.
