Brasil se prepara para las elecciones municipales más caras de su historia, mientras los partidos políticos y los líderes del Congreso se reparten crecientes partidas del presupuesto público, creando una crisis de gobernabilidad para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Los políticos se han repartido 4900 millones de reales (u$s900 millones) en fondos públicos para pagar las actividades de campaña de cara a las elecciones municipales de octubre. Los gastos logísticos de los comicios se financian por separado a través de la justicia electoral.
La asignación es más del doble de los 2000 millones de reales destinados a la campaña para las elecciones locales de 2020, y equivale al total gastado en las elecciones presidenciales, a gobernador y a la asamblea estatal en 2022.
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Los 4900 millones de reales superan el presupuesto anual de 3700 millones de reales del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, que, entre otras cosas, es responsable de detener la deforestación ilegal, la extracción de oro y el acaparamiento de tierras en la selva amazónica.
Se produce en un momento en que el gobierno brasileño se encuentra bajo una intensa presión para recortar gastos, en medio de la creciente preocupación de los mercados por la trayectoria fiscal del país.
El abultado presupuesto destinado a financiar las actividades de campaña en los 5500 municipios brasileños se ha convertido en otro ejemplo de cómo legisladores y políticos reclaman grandes sumas del erario público, lo que, según críticos y analistas, ha dado poder al Congreso a expensas de la Presidencia. También hay dudas sobre la transparencia y el uso de los fondos.
"El equilibrio de poder se ha inclinado a favor del Congreso", afirma Bruno Carazza, profesor de la Fundación Dom Cabral. "Hoy en día, los legisladores dependen menos del presidente para obtener fondos destinados a sus jurisdicciones locales".
Los legisladores han defendido la asignación como parte del proceso democrático. Zeca Dirceu, del Partido de los Trabajadores de Lula, dijo el año pasado: "Los recursos del fondo electoral son esenciales para el ejercicio de la democracia. Estamos hablando del 0,2% de los ingresos del país. Así que es razonable. Y las elecciones municipales son muy caras e importantes para la democracia".
Otro ejemplo de la creciente influencia de los legisladores es su control del presupuesto público a través de la asignación de estipendios discrecionales que se utilizan para invertir en sus distritos.
En el pasado, la asignación de estos fondos quedaba en gran medida a discreción del Ejecutivo. Sin embargo, los legisladores han aprovechado diversos momentos de debilidad gubernamental en la última década para atribuirse el poder de asignar fondos.
Hoy, los legisladores tienen derecho a añadir al presupuesto federal estipendios por millones de dólares, y el pago es obligatorio.
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Bajo el gobierno de Lula, estos pagos ascienden a cerca del 22% del presupuesto discrecional del Gobierno, o unos u$s8000 millones anuales, según datos de la consultora Prospectiva. Bajo la anterior administración de Jair Bolsonaro, los estipendios ascendían a cerca del 33% del presupuesto discrecional.
"El control del Congreso sobre el gasto presupuestario ha aumentado mucho [en la última década]. Esto le da autonomía", dijo Marina Pontes, analista política de Prospectiva. "Los estipendios están previstos constitucionalmente. El problema no es el mecanismo, sino la dimensión que ha adquirido".
Lula ha expresado su exasperación por la situación, que reduce la capacidad del presidente para negociar con el Congreso de Brasil, dominado por la derecha.
"La pura verdad es que...El Congreso ha adquirido demasiado poder", dijo el presidente en una entrevista radial el mes pasado. "El Ejecutivo se ha debilitado en el arte de ejercer el presupuesto. Esto es concreto y todo el mundo lo sabe".
Las elecciones locales se celebrarán en dos vueltas en octubre y en ellas se elegirán alcaldes y concejales. Los comicios suelen considerarse un barómetro de la popularidad del presidente.
Pero también son un medio importante para que los partidos políticos refuercen su presencia local y su maquinaria electoral de cara a las elecciones nacionales de 2026.
Carazza señala que las elecciones locales de este año costarán al erario público lo mismo que los comicios nacionales de 2022, aunque "se celebrarán en territorios pequeños, que requieren menos gastos logísticos y de marketing".
Brasil creó su fondo electoral público en 2017 después de que el Supremo Tribunal Federal prohibiera las donaciones empresariales tras el escándalo de corrupción del Lava Jato.
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Los fondos se asignan principalmente a los partidos políticos en función de sus resultados en las elecciones nacionales previas y del número de escaños que ocupan en el Congreso. Se supone que el dinero debe utilizarse exclusivamente en actividades electorales, pero los casos de uso indebido son frecuentes y las sanciones escasas. Una táctica habitual es presentar candidatos ficticios, que no compiten en las urnas, sino que canalizan el dinero que reciben hacia el organizador de la trama.
El fondo ha pasado de 1700 millones de reales en 2018 a 4900 millones este año, con aumentos concedidos por los legisladores durante las negociaciones presupuestarias anuales.
