Si México acumulara fallos y casos en instituciones globales, nos convertiríamos en un estado paria, como hay varios por allá afuera.
La semana pasada tuve el gusto de visitar Guadalajara, porque di una clase de desarrollo económico en el campus del Tecnológico de Monterrey que está por allá. La Perla de Occidente es una ciudad muy interesante. De entrada, es enorme, tanto en población como en masa territorial. Además, combina muy bien el contraste de un México antiguo, que produce artesanalmente, y uno nuevo, que es un gigante de industrias modernas, avanzadas, orientadas a la exportación, y con un alto componente tecnológico y de conocimiento.
Visité a un par de amigos. Uno de ellos, es abogado y funcionario judicial por allá. El otro es ingeniero, dedicado a importar y reparar equipos costosos y automatizados para la industria.
Con mi amigo el abogado, platiqué del México que nos preocupa a gente de ocupaciones relativamente abstractas, como la de un economista académico y un estudioso del derecho. Hablamos de que México no puede convertirse en un estado paria. Si, como resultado de la reforma al Poder Judicial, se desaparecen o modifican en perjuicio de los ciudadanos, mecanismos jurídicos como el juicio de amparo, no sería descabellado que alguien demande al Estado mexicano ante, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa instancia internacional dictaminaría en contra del gobierno de México rápidamente, ya que determinaría que el Estado de nuestro país le estaría quitando a los ciudadanos una herramienta de defensa fundamental contra una decisión arbitraria de los poderosos. Si México acumulara fallos y casos en este sentido en instituciones globales, nos convertiríamos en un estado paria, como hay varios por allá afuera. La conclusión obvia es que, aunque hallamos abandonado la democracia en favor de un régimen autoritario, al menos deberíamos mantener ciertas instituciones que le permitan pensar a la comunidad internacional que no somos un lumpen-país, feudo de un partido o de un pequeño grupo.
Con mi amigo el ingeniero hablé de cosas mucho más reales y dolorosas. Su ocupación implica tomar ciertos riesgos mercantiles en la importación de equipos para sus clientes desde China. Algunas veces los agentes aduanales optan por clasificar sus equipos en rubros inexactos que –casualmente– pagan más arancel que la clasificación correcta. El agente aduanal le debe la patente a la Aduana, a algún militar, al Estado, y no le importa mucho si el cliente importador está satisfecho o no. México debería poner en cero todos los aranceles a la importación. Lo único que debería cobrar la aduana es IVA, y lo único que debería detener son armas, explosivos, drogas y sustancias peligrosas. De otra manera, no podremos importar todo lo necesario para producir, y nuestra economía se estancará.
A mi amigo el ingeniero le cayó un sindicato, aunque no tiene empleados. El sindicato impide el acceso a un número de bodegas, una de las cuales ocupa mi amigo. Al parecer, el dueño de los locales, un tercero, es víctima de un laudo laboral diseñado para extorsionarlo. El casero ya no aparece por ninguna parte, y el sindicato embargante se niega a negociar.
En esa bodega, mi amigo guarda equipos caros que son propiedad de sus clientes, y que estaban en reparación. Tristemente, no hay ninguna autoridad a la que pueda acudir, porque no le resuelven, y porque se siente amenazado. Los sindicalistas tienen su contrato de arrendamiento, con todos sus datos personales.
Al mismo tiempo, mis alumnas australiana, estadounidense, singapurense y hongkonesa; mis dos alumnos británicos y mi alumno canadiense, no podían entender por qué en México la asignación de capital por trabajador es tan baja; por qué no automatizamos la cosecha del agave Tequilana Weber; por qué nadie puede comprar acciones de una enorme empresa de servicios de entretenimiento jalisciense. Las oportunidades están ahí, el talento está ahí, pero hay algo fundamentalmente podrido en las reglas del juego, en la confianza entre las personas, en el capital social.
La ausencia de garantías a los particulares no es una falla del sistema legal mexicano. Es una característica fundamental de nuestra República; es el núcleo del sistema operativo. Por ello, no crecemos, no atraemos más inversión, y constantemente logramos menos de nuestro potencial. Aunque sean neoliberales como Thatcher, o comunistas como Xi Jing Ping, nuestros gobiernos deberían ser pragmáticos y entender que nuestra economía de extorsión, como la llamó Luis de la Calle, no funciona. Transamos y no avanzamos, decían hace años mis colegas anticorrupción en el IMCO.
