El ministro de Justicia, Gerald Campos, viajó a España con una delegación de su despacho para conocer el sistema penitenciario y, según dijo, las eventuales soluciones a la falta de espacio para la población carcelaria. La propuesta, supuestamente derivada del viaje, consiste en establecer centros de reclusión alojados en carpas.
La viceministra de Gestión Estratégica, Carolina Castro del Castillo, integró la delegación, pero el viceministro encargado de asuntos penitenciarios ni siquiera fue informado del viaje. El funcionario, destituido el jueves, se había opuesto, desde hacía dos meses, a la idea de comprar carpas para establecer prisiones.
Según el ahora exviceministro Exlaine Sánchez, él reiteró su oposición a la “ocurrencia” un día antes de su destitución, en una reunión donde Castro habló sobre la utilización de carpas en Estados Unidos y España para albergar privados de libertad, sin aportar mayor información al respecto ni mencionar cuáles cárceles de ese tipo visitaron durante el viaje.
Las declaraciones del ministro y la viceministra podrían dar a entender que visitaron cárceles de carpas en España, pero no lo afirman. Según Campos, viajaron para conocer el sistema penitenciario español y “las eventuales soluciones” para el hacinamiento, pero no necesariamente las soluciones del sistema penitenciario español a las necesidades de infraestructura carcelaria.
En realidad, la idea de utilizar carpas surgió antes del viaje, durante una visita a Costa Rica de empresarios españoles interesados en vendérselas al Estado. Según Sánchez, el ministro de Justicia sugirió la idea en mayo. En esas fechas, Campos citó al entonces viceministro a una reunión donde dos representantes de una empresa española presentaron soluciones elaboradas con ese tipo de material.
Por otra parte, La Nación no ha logrado identificar una sola cárcel construida con carpas en España, y varios conocedores del sistema penitenciario de ese país niegan su existencia. Cuando mucho, el gobierno español ha utilizado carpas como medida de emergencia para atender oleadas de migrantes, sin intención de retenerlos en ellas. Incluso esa medida ha causado fuertes polémicas.
Este diario ha insistido en preguntar al Ministerio de Justicia sobre las cárceles de carpas visitadas en España, pero no ha obtenido respuesta. Solo con ese dato se despejaría la duda sobre el viaje. Si no hubo aprendizaje sobre el empleo de carpas por el sistema penitenciario español, la información recabada provendría de los empresarios interesados en vender las carpas.
En otras palabras, la propuesta de instalar carpas no sería producto de la experiencia penitenciaria española, sino de la oferta comercial de una o varias empresas. Despejar esa duda es indispensable para la consideración de la idea, especialmente si se toma en cuenta el estrepitoso fracaso del otro ejemplo citado por la viceministra Castro: la cárcel de carpas clausurada en el condado de Maricopa, Arizona, Estados Unidos, por costosa y violatoria de los derechos humanos.
En Costa Rica, la propuesta enfrenta la oposición del personal técnico de Adaptación Social, comenzando por el viceministro destituido horas después de manifestar su oposición y pasando por la Policía Penitenciaria. Las objeciones son obvias. Falta de seguridad, vulnerabilidad a ataques, alto costo de la vigilancia, poca duración del material, afectación de los derechos humanos de los reos y una larga lista de señalamientos adicionales cuya gravedad se magnifica en ausencia de un estudio técnico de la propuesta.
