Annoris lleva el 26 de noviembre de 2021 grabado en la memoria. En esa fecha su hermano Antonio, enfermo de esquizofrenia, murió tras recibir hasta seis disparos de una pistola eléctrica de los Mossos d'Esquadra. La policía catalana había acudido al domicilio avisada por la propia familia ante una crisis de Antonio, que blandió dos cuchillos antes de ser electrocutado en varias partes del cuerpo. A diferencia de otras ocasiones, en las que se priorizó la atención médica, ese día los agentes optaron por emplear su pistola Taser.
Antonio fue la primera víctima mortal en Catalunya de una pistola Taser. Su caso ejemplifica las advertencias que organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y el centro Irídia lanzaron antes de que la Generalitat decidiera adquirir este armamento en 2018. En especial, en lo relativo a las consecuencias fatales e imprevistas del uso de pistolas eléctricas en personas con problemas de salud mental o con enfermedades coronarias.
“Las pistolas eléctricas hay que prohibirlas”, afirma Annoris en conversación con elDiario.es. La familia de Antonio, con su hermana a la cabeza, batalla en los juzgados desde hace años para intentar que alguien escuche sus quejas por la actuación policial. En estos casi tres años ningún responsable de la conselleria de Interior o los Mossos d'Esquadra se ha puesto en contacto con la familia, pese a que así consta en el protocolo de la policía autonómica sobre este tipo de armas.
Lejos de escuchar las recomendaciones del Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán), que en 2021 solicitó mayor control y auditar el uso de estas armas, hasta una treintena de policías locales catalanas han adquirido pistolas Taser en los últimos años, en línea con los Mossos d'Esquadra. Fuera de Catalunya, Toledo ha sido una de las últimas capitales en incorporarlas. El próximo cuerpo en seguir este camino será posiblemente la Guàrdia Urbana de Barcelona. La comisión de Seguridad del consistorio lo debatirá este miércoles y el alcalde Jaume Collboni ya se posicionó a favor de la compra de pistolas eléctricas.
En el caso de Barcelona, organizaciones de derechos humanos, salud mental y atención primaria han pedido al Ayuntamiento que suspenda la compra de pistolas Taser al considerar que es un arma “potencialmente letal” y que su incorporación a la Guàrdia Urbana va contra las recomendaciones internacionales y del propio fabricante.
En una carta dirigida al alcalde Collboni y a los responsables de la Guàrdia Urbana, la Federación de Salud Mental de Catalunya ha valorado el uso de pistolas eléctricas como una “acción totalmente desproporcionada, violenta e inadmisible” que está “cargada de estigma y de desconocimiento hacia la salud mental”, y ha pedido alternativas a las Taser.
Annoris sabe por propia experiencia lo que ocurre cuando se dispara una Taser durante una crisis esquizofrénica. Estaba al teléfono cuando su madre le contó que los Mossos habían disparado a su hermano. “Mi madre estaba en la portería y escuchaba como torturaban a su hijo. Yo escuchaba a mi hermano gritar a través del teléfono. Se lo llevaron con una sábana, tieso, como intubado”, rememora la hermana de la víctima.
La familia de Antonio todavía no entiende por qué la policía no optó por tranquilizar a su hermano y reducirle trabajando con los servicios médicos de emergencias, como había sucedido en el pasado en otras crisis recurrentes del fallecido, y decidió disparar la Taser. En especial, una vez sus padres ya no estaban en la vivienda y no había riesgo para ellos.
“Los Mossos ya habían venido otras veces. Sabían cómo tratarlo. Venían por protocolo cuando llamábamos a la ambulancia por si se ponía agresivo mi hermano, que tenía unos cuchillos para batallar con sus fantasmas”, recuerda Annoris.
Además de los disparos, la familia se encuentra muy molesta con la nula información que recibieron por parte de los Mossos tras los disparos. Fue la familia quien tuvo que acudir al hospital de Can Ruti de Badalona a interesarse por el estado de salud de Antonio, que falleció en el centro hospitalario tras pasar unas horas en coma.
“Nadie de la policía nos ha dicho nunca nada. Nadie, nadie. Se pensaron que nos íbamos a quedar así, que tendríamos miedo y no buscaríamos justicia”, asevera Annoris, representada por el centro Irídia, que también le presta ayuda psicológica para intentar superar el trauma.
Consultado por elDiario.es, un portavoz de la conselleria de Interior ha indicado que el hecho de que la madre de Antonio estuviera presente durante la intervención policial ya supone cumplir con el artículo del protocolo interno de uso de Taser que obliga a “poner en conocimiento del familiar el uso y circunstancias” en que se han producido los disparos.
La conselleria de Interior escondió durante meses a los grupos del Parlament el protocolo de uso de las pistolas Taser. Solo una petición de transparencia de elDiario.es obligó al departamento, entonces en manos de Junts, a entregar por completo el documento. Las instrucciones, además, incumplen varios acuerdos de la Cámara.
El protocolo no incluye ninguna referencia sobre cómo actuar ante enfermos con problemas de salud mental y se limita a no recomendar su uso con “personas débiles de salud”.
La investigación judicial del caso de Antonio también ha revelado déficits en la investigación de los Mossos sobre lo ocurrido. En la auditoría interna, advirtió la Audiencia de Barcelona, los agentes examinaron las “circunstancias de aplicación” de la Taser en Antonio y mencionaron los vídeos de la descarga para concluir que la actuación policial se ajustó a los protocolos.
Las magistradas de la Audiencia de Barcelona, sin embargo, consideraron prematura esta conclusión dada la información incompleta que presentaba el documento policial aportado al juzgado. “Ninguna referencia expresa ni explícita se hace a las secuencias concretas de la grabación en las que se procede al uso de dispositivo, ni del número de veces que fue empleado, ni si todas esas veces era necesario”, lamentó el tribunal, que obligó a investigar más a fondo el caso al juez de Badalona.
Mientras espera el futuro de la instrucción judicial, Annoris ya no confía en recibir llamada alguna de los Mossos sobre lo ocurrido. “Ya nada me devolverá a mi hermano ni el sufrimiento de mi madre. Yo no soy rencorosa, sé perdonar, pero tiene que pasar un tiempo muy largo y que reconozcan lo que hicieron mal”, concluye.
