Pedro Sánchez trata de recuperar el pulso de la legislatura casi al final del curso político y a solo unos días del parón estival. En un Pleno extraordinario del Congreso, el presidente del Gobierno pretende este miércoles que la presentación de su plan de regeneración democrática suponga un revulsivo parlamentario que le permita crear nuevos consensos y restablecer la confianza entre sus socios para preparar así el terreno de cara a la aprobación de los Presupuestos de 2025, a la vuelta del verano.
El esbozo de las principales medidas de ese plan en el Parlamento –que Sánchez sumará a sus explicaciones sobre los últimos consejos europeos– llega en un escenario político complejo, marcado por el ciclo electoral que comenzó el 28 de mayo de 2023, con la celebración de los comicios autonómicos y municipales, y concluyó el pasado 9 de junio con las europeas.
La sucesión de citas con las urnas –incluidas las generales de 2023 o las catalanas de mayo– han alterado el calendario legislativo y han condicionado los apoyos del Gobierno en el Congreso por las estrategias electoralistas de todos los actores políticos. Pese a la aprobación de la ley de amnistía a finales de mayo, durante estos meses el Ejecutivo ha perdido varias votaciones parlamentarias y las derechas han ganado otras, alterando el juego de mayorías que puede dar estabilidad a la coalición.
Ahora, aunque sigue pendiente la resolución del proceso electoral catalán del pasado 12 de mayo entre presiones de ERC al PSC para lograr un acuerdo que permita a investir como president a Salvador Illa antes de agosto, la idea del Ejecutivo es rearmar la mayoría que permitió a Sánchez ser investido el pasado noviembre.
El primer paso será la presentación del plan de regeneración de este miércoles que, a la espera de la confirmación por parte del propio presidente del Ejecutivo, contemplará un número importante de reformas legislativas que deberán realizarse en los próximos meses y para las que Moncloa confía en lograr el respaldo de sus socios. La idea es recuperar el pulso político y la iniciativa de la legislatura con la ayuda de las fuerzas de izquierda, nacionalistas e independentistas. Muchas de ellas tienen que ver con compromisos adquiridos con esas fuerzas políticas a cambio de su apoyo a Sánchez.
Fue el pasado 29 de abril cuando Sánchez anunció su pretensión de avanzar en la “regeneración” a raíz de la “reflexión” que realizó durante cinco días en los que mantuvo en vilo al país al plantearse incluso dejar el cargo por los daños personales que le estaban causando las informaciones y bulos que se han difundido sobre su familia y, en concreto, sobre su pareja, Begoña Gómez. Pero desde entonces él tan solo ha desvelado su pretensión de limitar la publicidad institucional y la financiación pública de los medios de comunicación, así como la modificación del derecho al honor o a la rectificación, tal y como explicó el pasado día 1 en una entrevista en la Cadena Ser.
Este martes, cuando apenas quedaban 24 horas para el Pleno, Sumar anunció un acuerdo con el PSOE para ampliar esas medidas anunciadas previamente por Sánchez. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, habló de la “derogación de la ley mordaza”, que es precisamente uno de los principales compromisos del presidente del Gobierno con sus socios y el que más le reprochan que haya incumplido en sus seis años en la Moncloa.
En realidad, lo acordado por las dos fuerzas políticas del Ejecutivo se limita a poner fin a uno de los aspectos más polémicos de la norma aprobada por el PP cuando tenía mayoría absoluta: la toma de imágenes de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero no aborda el fin de las pelotas de goma por parte de los cuerpos policiales o la prohibición de las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes que son aspectos esenciales para socios del Gobierno como ERC y EH Bildu. Esa limitación de la reforma podría dificultar, por tanto, el apoyo de esos grupos durante la tramitación parlamentaria.
Desde la parte socialista del Ejecutivo, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, sí apuntó este martes, tras el Consejo de Ministros, que el PSOE está en negociaciones con otros grupos para derogar otros aspectos de la ley mordaza, si bien no concretó cuáles ni con quién se está hablando específicamente.
El pacto con Sumar sí incorpora alguna de las principales peticiones de este grupo. El texto, que deberá desarrollarse posteriormente a través de distintas iniciativas parlamentarias, contempla la reforma del Código Penal “para proteger la libertad de expresión”. Se trata, por un lado, de suprimir el delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, reflejado en el artículo 525 del mismo. Por otro, también recoge la derogación de los delitos contra la Corona, recogidos en los artículos 490.3 y 491, y poner fin a las injurias a instituciones del Estado.
Sin más concreción, el acuerdo de los dos miembros de la coalición del Gobierno suma una medida para la “reparación pública en los supuestos de interminables instrucciones judiciales cuando no se produzca apertura del juicio oral pero se publiquen innumerables titulares afectando al honor o al buen nombre de la persona investigada”.
Sánchez tiene previsto dar detalle de todas esas iniciativas ante el Pleno del Congreso en la que será previsiblemente su última comparecencia del curso político, con socios que exigen al Gobierno una mayor interlocución para pactar la estrategia política de la legislatura y una vez que el Consejo de Ministros diera este martes el inicio oficial al trámite presupuestario con la aprobación del techo de gasto para el próximo año.
Enfrente tiene a una derecha escorada a posiciones extremas, por la pugna entre PP, Vox y el partido de Alvise Pérez, que dificulta nuevos pactos como el alcanzado en junio entre socialistas y populares para renovar el Consejo General del Poder Judicial tras cinco años de bloqueo por parte de los de Alberto Núñez Feijóo.
