Delimitar las funciones del personal, tanto funcionario como laboral, autorizar al Gobierno a sistematizar cuerpos y escalas o regular los requisitos de acceso y pérdida de la condición de empleado público son los principales objetivos de la reforma de la Administración aprobada ayer por el Consejo de Ministros a propuesta del ministro para la Transformación Digital y la Función Pública. José Luis Escrivá logra así sacar adelante unos cambios que buscan aplicar al sector público patrones de actuación muy similares a los del privado para tratar de despojar a los empleados públicos del mantra de la escasa productividad . Perseguir la eficiencia en lo público se convierte así en claro objetivo y muchas de la medidas contenidas en el anteproyecto de ley de la Función Pública aprobado ayer van enfocadas en esta dirección, medidas que se acompañan de otras como incentivar el talento y cambiar de puesto de trabajo al empleado público cuando esté justificado. «Nuestro país necesita en los próximos años una función pública con un alto nivel de profesionalidad, competente y eficaz, para garantizar la confianza de la ciudadanía en las administraciones públicas», dice la norma que ahora comenzará su travesía por las Cortes. «La movilidad podrá ser de carácter voluntario o forzoso y se articulará a través de los siguientes procedimientos: movilidad por cambio de adscripción, movilidad extraordinaria que será por violencia de género, por violencia terrorista, por motivo de salud o por permuta, y por movilidad voluntaria entre administraciones públicas». Puntualiza también la Ley de Escrivá que «excepcionalmente, en los casos de extraordinaria y urgente necesidad debidamente acreditados, el departamento ministerial con competencias en materia de función pública, a través de la secretaría de Estado de Función Pública, podrá acordar de forma motivada, previa negociación colectiva, la movilidad del personal de forma temporal , pudiendo ser voluntaria o, en su caso, forzosa». La Ley que reforma la Administración es un compromiso del Gobierno en el Plan de Recuperación y en la norma el ministro Escrivá aprovecha para reformular la estructura y acceso al empleo público estatal, pone énfasis en el aprendizaje y la formación continua del personal al servicio de la Administración y refuerza la ética profesional e integridad , además de aprobar un extenso capítulo de faltas muy graves, graves y leves, así como de un buen ramillete de sanciones disciplinarias para cada caso, que pueden llegar a la pérdida de la condición de funcionario. Una de estas faltas se refiere a los ascensos de los funcionarios y la posibilidad de que puedan ser revertidos «Podrán ser removidos por falta de capacidad para su desempeño manifestada por un cumplimiento inadecuado de las tareas atribuidas, un insuficiente rendimiento, o una falta de adaptación a las tareas del puesto de trabajo que no pueda ser suplida con acciones formativas », dice la el texto de la reforma en la que también se aborda una reorganización de la estructura interna de la Administración del Estado para sustituir la asignación de los funcionarios por ministerios por una nueva organización más ágil por áreas funcionales. El texto sólo fija unos criterios generales para el teletrabajo en la Administración. Puntualiza el documento legal que el trabajo a distancia podrá desarrollarse «siempre que las necesidades de servicio lo permitan». Recalca la norma que tendrá carácter temporal, que será voluntario y también reversible «salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados». Y añade «el teletrabajo no constituye un derecho y estará supeditado a las necesidades organizativas y del servicio». CSIF , el sindicato mayoritario en la Administración, volvió a reclamar ayer el desarrollo de la carrera profesional, la jornada de 35 horas semanales en el conjunto de las administraciones públicas, el desarrollo del teletrabajo y mejoras en las condiciones de jubilación.
