El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) se ha dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores por tres veces «reiterándole la necesidad de cumplir de forma inmediata» la resolución del 7 de julio de 2023 por la que se le impuso la obligación de publicar las circulares que envió a los consulados relativas a los procesos de nacionalización exprés de descendientes de españoles en el exterior en virtud de la Ley de Memoria Democrática. Así lo había solicitado un ciudadano particular, el abogado Guillermo Rocafort, interesado en conocer las disposiciones en esta materia por parte de la cartera de José Manuel Albares.
«No resultan de aplicación las causas de inadmisión y los límites invocados», concluía Transparencia en su primera resolución, recordando «el derecho de todas las personas a acceder a la información pública» y fallando a favor del letrado, que solicitó las circulares en octubre de 2022.
Al no haber tenido contestación hasta la fecha y tras dirigirse de nuevo al CTGB en diciembre pasado para saber si la resolución había sido «impugnada» por Exteriores, el organismo respondió no tener «constancia» «ni del cumplimiento ni de la interposición de recurso contencioso-administrativo» por parte del ministerio.
El siguiente paso por parte del interesado ha sido poner una denuncia contra Luis Cuesta, subsecretario de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores por los delitos de prevaricación y desobediencia, aunque no descarta solicitar «de nuevo una rectificación», teniendo en cuenta además que el Gobierno ha prorrogado un año más la «ley de nietos» que permite a los descendientes de los españoles exiliados adquirir la nacionalidad. «Porque esas circulares que dice el Consejo de Transparencia que deben ser públicas se mantienen en secreto». En cualquier caso, la base de la denuncia es en su fundamento la que formuló ante la Fiscalía Provincial de Madrid, que informó a Rocafort de «su derecho a presentar denuncia por estos hechos ante los órganos judiciales si lo considera oportuno», después de considerar por su parte el «archivo de las diligencias al no desprenderse visos de delito en lo denunciado». Una actuación que deplora el interesado. «La Fiscalía se pone de perfil de modo elocuente y elude el soporte documental basándose en que aporto noticias periodísticas que “carecen de la pretendida relevancia penal”, cuando demuestro que se ha hecho caso omiso a las resoluciones del Consejo de Transparencia».
Rocafort obvia en la denuncia interpuesta ya en los juzgados cualquier referencia a prensa, y hace constar que «el funcionario denunciado es quien se opuso a desvelar las circulares solicitadas y es por lo tanto responsable de la posterior tramitación del expediente de Transparencia en dicho ministerio y su contumaz negativa a aportar la documentación pública, como responsable jerárquico» ante el CTBG.
El letrado recuerda que el ministerio «ni ha impugnado judicialmente la resolución en el plazo establecido de dos meses ni tampoco la ha cumplido, es decir, es actualmente firme». La consecuencia es que «ha transcurrido prácticamente un año sin que el denunciado haya aportado las circulares».
Según Rocafort, «el denunciado no quiere aportar la documentación para así ocultar cómo se están llevando a cabo los procesos masivos de nacionalizaciones por Memoria Democrática por medio de los consulados españoles en todo el mundo», de modo que «nos encontramos ante un evidente caso de desobediencia», pues se «han incumplido tres requerimientos del Consejo de Transparencia a aportar dicha documentación». Así mismo que «estamos ante una prevaricación por omisión», por cuanto «el denunciado esta permitiendo decenas de miles de nacionalizaciones en base a una normativa como son esas circulares»; de esta manera «buscarían incrementar de forma rápida y masivamente el censo electoral de votos para el PSOE por medio de nacionalizaciones exprés, acogidas a la Ley de Memoria Democrática, como ha sido publicado en prensa».
En la fecha de la denuncia «se han otorgado más de 110.000 nacionalizaciones en base a esas circulares que el denunciado mantiene ocultas a pesar de la resolución».
Hasta finales del año pasado, más de esas 110.000 personas habían obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática, según los datos del Balance de Actividad Consular 2023. Desde la entrada en vigor de la norma el 21 de octubre de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2023, los consulados españoles recibieron 226.354 solicitudes.
