Raúl Doroteo forma parte de la nueva bancada de Acción Popular, la cual deberá analizar su retiro del grupo parlamentario.
El Tribunal Nacional de Disciplina de Acción Popular confirmó, en segunda y última instancia, la expulsión de Raúl Doroteo Carbajo del partido, lo cual fue resuelto a través de una resolución el 17 de mayo pasado, de conformidad con los estatutos de la organización lampa fundada por Fernando Belaunde Terry.
En tanto, se dispuso que Raúl Doroteo sea notificado y que se cumpla con la inscripción de la sanción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).
Además, se dispuso su inmediata desafiliación y retiro del Padrón de Afiliados del Partido Político Acción Popular: "Este colegiado ratifica su deber y compromiso con hacer cumplir el estatuto, el Reglamento de Disciplina y el Código de Ética de nuestro partido, siguiendo las enseñanzas de nuestros ilustres fundadores.
En lo que respecta al Congreso de la República, Raúl Doroteo forma parte de la nueva bancada de Acción Popular. Semanas atrás, antes del fin de la última legislatura, Elvis Vergara, Wilson Soto Palacios, Marleny Portero, Ilich López, Raúl Doroteo y Luis Aragón renunciaron a AP para dar paso a un proceso de recomposición.
Tras este paso, se incorporó a una nueva bancada con el mismo nombre a los legisladores Carlos Enrique Alva, Juan Carlos Mori y Silvia Monteza Facho. Se dejó fuera a Darwin Espinoza, quien hasta esa fecha se había desempeñado como vocero.
Los legisladores que regresaron a Acción Popular se fueron inicialmente en agosto del 2023, tras la controversia suscitada al conocerse la vocería de Darwin Espinoza, quien se encuentra investigado en el Ministerio Público por el caso "Los Niños" y por presunto peculado por el uso indebido de recursos públicos del Congreso.
En abril pasado, agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el Ministerio Público allanaron dos oficinas del congresista Raúl Doroteo, ambas ubicadas en el Cercado de Lima.
La diligencia fue solicitada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, y autorizada por el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, por el presunto delito de concusión en agravio del Estado.
La resolución judicial se sustenta en la denuncia presentada por María Morales Gutiérrez, quien, como exasesora técnica del congresista Raúl Doroteo, le habría entregado la mitad de sus ingresos por concepto de remuneraciones y bonificaciones.
