A estas alturas parece haber una amplia coincidencia en la opinión legal sobre si Alberto Fujimori puede o no postular a la presidencia. Distintos abogados han afirmado que eso no es posible. Incluso aquellos que no pueden ser señalados como anti fujimoristas han expresado sus reparos jurídicos, incluso morales: Aníbal Quiroga, Ernesto Blume y Óscar Urviola, entre ellos.
El debate constitucional–legal ha terminado por dejar en un segundo plano la discusión sobre cuáles serían las motivaciones de Keiko Fujimori y Fuerza Popular de promover la candidatura de una persona octogenaria y enferma, a pesar de que muy posiblemente no se concrete.
Expertos consultados coincidieron en que la pretensión de Keiko Fujimori sería la de beneficiarse electoralmente de la figura de su padre.
El politólogo y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Fernando Tuesta, dijo que la intención es crear “expectativa y atracción pública”. Añadió que la idea sería generar un intenso debate sobre el tema en los siguientes meses. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deba declarar la candidatura como improcedente, posiblemente se empezará a hablar de “fraude” y Keiko Fujimori podría, entonces, ocupar el lugar de su padre. “Habrán ganado un largo tramo con alta visibilidad”, añadió.
El consultor y analista político, Jeffrey Radzinsky, coincidió en que el objetivo detrás del anuncio es “posicionar” a Keiko Fujimori en un momento en el que el fujimorismo ha perdido la fuerza de otros años, aunque se mantiene como una organización relevante.
En ese sentido, indicó que hay mediciones que confirman que Alberto Fujimori mantiene cierto nivel de arraigo popular, pero si ocurre lo más probable, que su candidatura no se materialice por razones de salud o consideraciones legales, Keiko Fujimori podrá presentarse ente el país como alguien que debe “asumir” el reto. Ello le permitiría limpiar un poco su imagen de hija que, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se opuso públicamente al indulto de su padre, agregó Radzinsky.
Cabe señalar que hay otras personas que han empezado a advertir que esta sería en el fondo la estrategia de Keiko Fujimori. Entre ellas el periodista César Hildebrandt, quien en su podcast de los lunes sostuvo que la pretensión de la lideresa de Fuerza Popular es ser la “heredera de las expectativas” que puede generar el retorno a la política de Alberto Fujimori.
“Ella queda como una reina, queda como la hija agradecida después de todo lo que hizo para impedir la libertad de su padre en la época de Kuczynski y lo que va a resultar es esto: efectivamente (Alberto Fujimori) no va a poder postular, va a ser lanzado, lo van a vetar, el JNE le va a decir que no y Keiko entra en escena con el caudal emocional, imaginario, pero según ella poderoso del padre. Perfecta jugada. Ella asume, sacrificándose, por cuarta vez”.
Consideraciones legales
El abogado y profesor constitucionalista, Diego Pomareda, explicó a La República que, desde su punto de vista, hay tres razones por las cuales Alberto Fujimori se encuentra impedido de postular.
Primero, lo ya comentado por otros expertos: sigue siendo una persona condenada por graves delitos, a pesar de que no esté en la cárcel. El artículo 34-A de la Constitución establece que no pueden postular a cargos de elección popular quienes tengan una sentencia condenatoria en primera instancia por la comisión de delito doloso en calidad de autores o cómplices.
Segundo, el artículo 34-A –aprobado por reforma constitucional en setiembre de 2020– se encontrará plenamente vigente al momento de la elección de 2026. No es viable la teoría que han empezado a esgrimir simpatizantes de Alberto Fujimori en el sentido de que esa reforma no puede aplicarse retroactivamente dado que aquel fue condenado en el 2009. “En el país se ejecuta la teoría de los hechos cumplidos. Eso significa que las leyes tienen aplicación inmediata. Con lo de la retroactividad se quiere confundir a la población”, advirtió.
Y tercero, Pomareda recordó que Alberto Fujimori no ha pagado su reparación civil.
