La declaración de Begoña Gómez como investigada ha levantado viejas polémicas y ha sido comparada con otras causas como la de Cristina Cifuentes o la infanta Cristina. La entrada por el garaje para evitar el ‘paseíllo’, la petición de que no se grabe dentro de la Sala de Vistas por miedo a las filtraciones y, recientemente, la toma de imágenes en sede judicial han ocupado todos los titulares en esta causa. A la espera de que la esposa del presidente declare finalmente este viernes, tras ser suspendida su comparecencia ante el juez Juan Carlos Peinado, la decana de los juzgados de Plaza Castilla no ha anunciado de momento cambios en la manera de proceder.
El pasado 5 de julio, varios periodistas denunciaron que dos personas que supuestamente acompañaban a las acusaciones particulares habían grabado a Begoña Gómez en los pasillos del edificio y hasta le habían proferido algún comentario fuera de lugar. Esta actuación incluso ha obligado a la asociación de periodistas jurídicos Acijur a defender la labor de los profesionales que cubrieron el acto y a exigir medidas para que no vuelva a ocurrir.
Mientras existe un consenso sobre la grabación de imágenes dentro de la Sala, existe un debate sobre hacerlo en los pasillos de un edificio judicial.
Dentro de la Sala de Vistas, el magistrado es “el rey”. Los expertos consultados por ECD concuerdan en que la toma de fotos, vídeos y cuándo hacerlo es decisión del juez o el Tribunal competente.
La causa de Begoña Gómez, al encontrarse en fase de instrucción y por tanto ser secreta, tan solo pueden acceder los letrados de las partes, el fiscal y la investigada. Todas las imágenes que se han visto -y probablemente se verán- han sido filtraciones.
En cuanto a los pasillos y la entrada al edificio, es el decanato el que pone las reglas. Un ejemplo de ello, es el decreto que firmó la decana de los juzgados de Plaza Castilla días antes de la declaración de la esposa del presidente en el que concretaba que la investigada podía acceder a través del garaje para garantizar su seguridad y permitía la acreditación a seis medios.
Asimismo, el Tribunal Supremo desestimó un recurso del Colegio de Periodistas de Cataluña contra un acuerdo del Tribunal Superior de Justicia que prohibió la filmación y obtención de fotografías en los pasillos de los edificios judiciales y otras dependencias. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal determinó que no atenta contra el derecho a la información y es una manera de proteger el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen de las personas que acuden a cualquier tipo de actuación judicial y su presunción de inocencia.
No obstante, los expertos recuerdan: "un juzgado es un edificio público”. “No veo qué razón puede haber para impedir que se grabe a una persona de relevancia pública”, apunta uno de ellos, además de matizar que no hay ninguna norma legal que especifica cuando un justiciable puede grabarse y cuando no.
La letrada del área de protección de datos y derecho digital de Ceca Magán Ingrid González ha afirmado que sería “complejo” sancionar a las personas que tomaron los vídeos sin el consentimiento de la investigada, y que luego se hicieron eco en diferentes medios, porque se desconoce su identidad.
“La Agencia Estatal de Protección de Datos ha sancionado a particulares por publicar en redes sociales videos donde aparecen terceros sin el consentimiento de estos, pero en este caso concreto, y dado que ha sido un medio de comunicación quien ha difundido el video se podrían amparar en el derecho a la información, siendo además un asunto de especial notoriedad pública”, ha explicado la abogada.
