Ve necesario "lograr el enjuiciamiento de los investigados fugados" una vez que el tribunal ha rechazado amnistiar la malversación.
El partido político Vox ha pedido al Tribunal Supremo que reactive la orden europea de detención y entrega (OEDE) contra el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont después de que el pasado 1 de julio el Tribunal Supremo rechazara amnistiar la malversación tanto para él como para los condenados por el referéndum ilegal del 1-O.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación se dirige a la Sala de lo Penal para solicitar también que se acuerden nuevas órdenes europeas de detención contra los exconsejeros huidos Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí y la secretaria general de ERC que recién ha regresado a España, Marta Rovira.
El partido, que ejerce la acusación popular en la causa del 'procés', sostiene que una vez que el tribunal ha rechazado aplicar la ley de amnistía al delito de malversación es necesario dictar las OEDE "a fin de lograr el enjuicimiento de los investigados fugados".
Además, Vox hace hincapié en la "urgencia" de adoptar dicha decisión debido a la "actual situación derivada del resultado de las elecciones tanto al Parlamento Europeo como al Parlamento catalán" de las que el partido "infiere" que Puigdemont, Comín y Ponsatí "no gozan de la inmunidad parlamentaria".
Cabe recordar que, de momento, permanencen activas las órdenes nacionales de detención relativas a Puigdemont, Comín y Puig. Las euroórdenes, sin embargo, está desactivadas y el instructor del 'procés', el juez Pablo Llarena, no puede activarlas, dado que debe ser alguna de las partes quien lo solicite. Ahora, el magistrado podrá pronunciarse al respecto a raíz de la petición de Vox.
EL PERIPLO DE PUIGDEMONT
Cabe recordar que, en julio de 2018, Llarena decidió por primera vez retirar las euroórdenes lanzadas contra Puigdemont y el resto de los huidos en aquel momento, toda vez que la Justicia alemana acordó la extradición del expresidente pero solo por el delito de malversación de fondos públicos y no por el entonces vigente delito de sedición.
El Tribunal Regional de Schleswig-Holstein consideró que los actos que se le imputaban a Puigdemont no se correspondían en Alemania ni con el delito de rebelión ni con el de perturbación del orden público, así como tampoco con el delito de alta traición. El magistrado del Supremo rechazó entonces la entrega solo por malversación y argumentó que el tribunal alemán se había anticipado a un enjuiciamiento.
Ya en octubre de 2019, el magistrado decidió reactivar la orden europea e internacional de detención contra Puigdemont después de que así se lo pidiera la Fiscalía y al entender que, tras publicarse la sentencia condenatoria del Supremo contra los líderes del 'procés' independentista, el peligro de que el expresidente reforzara su huida refugiándose en países que no formaran parte de la Unión Europea era mayor.
En marzo de 2021, el juez Llarena acudió al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que éste determinara las razones por las que se puede emitir y, sobre todo, rechazar una orden de detención y entrega europea (OEDE). Lo hacía después de que el Tribunal de Apelaciones de Bruselas decidiera no enviar al conseller Lluís Puig a España.
En septiembre de ese mismo año (2021), la OEDE que permanecía viva contra Puigdemont desde octubre de 2019 sirvió para que el expresident fuera detenido en Cerdeña nada más aterrizar. Si bien ese episodio fue infructuoso para el Supremo, puesto que el expresidente fue puesto de nuevo en libertad.
En noviembre de 2021, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) acordó no devolver la inmunidad a Carles Puigdemont de manera cautelar tras la detención en Cerdeña, pero avisó de que el proceso penal contra él y las órdenes de detención y entrega permanecían en suspenso hasta que el TJUE respondiera a la cuestión prejudicial de Llarena.
Ya en enero de 2023, el TJUE dio la razón a Llarena al sentenciar que la Justicia belga no podía rechazar la entrega de los encausados por el 'procés' reclamados para ser juzgados en España, entre ellos Puigdemont, basándose en el riesgo de que se violen sus derechos fundamentales si no demuestra deficiencias sistémicas y generalizadas en España, ni puede poner en duda las competencias del Supremo como autoridad para emitir tales euroórdenes.
Pero ese mismo mes, Llarena decidió dejar sin efecto las OEDEs contra el propio Puigdemont y contra Comín tras revisar el procesamiento a la luz de la reforma penal que eliminó la sedición y modificó la malversación.
En paralelo, ya en septiembre de 2023, Puigdemont presentó un recurso ante el TJUE contra la decisión de otra corte comunitaria, el TGUE, de retirarle su inmunidad como miembro de la Eurocámara para que el instructor del 'procés' pudiera proceder contra él por el 1-O.
