El investigador Paulo Vilca, abogado y magíster en Ciencia Política, reflexiona sobre el equipo ministerial de Dina Boluarte.
El abogado e investigador Paulo Vilca, exviceministro de Gobernanza Territorial y de Interculturalidad, advierte que los ministros de Dina Boluarte, al igual que ella, buscan sobrevivir, aunque persistan en ser el Gobierno más desaprobado de los últimos tiempos. Alerta de que lo peor no ha pasado en ataques a la institucionalidad.
—¿Cómo califica al actual gabinete ministerial de Boluarte?
—El Gobierno no tiene más pretensión que durar y el gabinete evidencia que su principal interés es mantener el cargo. En casi todos sus integrantes, no vemos mayores iniciativas, objetivos de políticas públicas, de nivel institucional. Están administrando el día a día con afán de permanecer sus condiciones.
—A su primer gabinete lo vieron más técnico en contraste con los que tuvo Pedro Castillo...
—Esa calificación fue muy entusiasta y de opositores a Castillo. El primer gabinete de Boluarte, que presidió Pedro Angulo, era de personas sin perfil político o profesional muy destacado, y duró poco. Después, es un gabinete de medianías, de personas que probablemente en otros gobiernos, ni de Boluarte ni Castillo, no estarían allí.
—Gabinete de medianías...
—Sí, sin perfil político ni que destaquen en lo que les toca dirigir. No hay ningún liderazgo en implementación de política pública. El ministro de Interior más parece operador de ciertos intereses de Palacio de un caso en investigación. El de Educación parece más preocupado en congraciarse con actores políticos muy cercanos al Gobierno. Otros ministros parecen más preocupados en atender intereses de sectores en los que están vinculados laboralmente, como el de Energía y Minas. Ministros que busquen hacer labor de gobierno con políticas públicas autónomas e iniciativas hacia reformas y cambios no veo mucho.
—¿Desde regiones hay un matiz en la evaluación?
—La población del país está muy disconforme con la labor del Gobierno y no solo por rechazo político. Varios ministros han tenido incidentes en regiones. Hay problemas sectoriales como el incidente en Moquegua con la contaminación del río Tambo y otros vinculados a la protección de defensores ambientales, que corresponden a al Ministerio de Justicia o al del Interior. Esa ineficiencia produce baja aprobación y lejanía de la de la ciudadanía. No es solo un Gobierno al cual se rechaza políticamente, sino que por sus propios actos no tiene mérito para que la ciudadanía se le adhiera.
—Fueron incidentes principalmente en el sur, la zona más golpeada en las protestas.
—Sí. La respuesta del Gobierno a esas protestas fue casi como si este estuviera en guerra con la población del sur. Luego, el Gobierno se ha empeñado no solo en evadir responsabilidad, sino en buscar legitimar esa actuación vulneratoria de derechos humanos. El primer ministro, Gustavo Adrianzén, en Carabaya, ante el rechazo de la población, en vez de plantear conciliación, se comportó como en esa audiencia en Washington en la Comisión Interamericana, donde acusó de violentos a las víctimas que pedían justicia.
—Y es cabeza del gabinete.
—El mensaje es claro. Se buscó contar con una persona que fungiera de defensora de Boluarte por lo ocurrido en las movilizaciones. Eso ha pesado.
—Años atrás, era favorable a acatar advertencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
—Es la actuación de este tipo de personajes medianos, que no sostienen una posición, sino se adecúan a su conveniencia. Es el perfil de ministros del Gobierno.
—¿Quiénes son los mejores?
—En labor favorable al país, ninguno destaca. En garantizar condiciones para impunidad, favorecer a aliados del Gobierno, congraciarse con el Congreso o atender pedidos de grupos económicos, allí sí buscan destacar.
—¿Y quiénes son los peores?
—Su labor en conjunto genera que el Gobierno sea el peor evaluado de todos en este último ciclo democrático. Tenemos ministros que buscan congraciarse con actores políticos; ministros que responden más a sectores económicos con los que tienen vínculos; ministros que buscan desactivar unidades policiales como la Diviac; ministros que se reúnen con empresas sancionadas en viajes al extranjero y los que justifican desacatos a la justicia supranacional.
—¿Cómo ve al ministro de Educación, Morgan Quero?
—Se ajusta a esa vocación de buscar permanecer en cualquier circunstancia. Lo quehace tiene ese fin, congraciarse, quedar bien.
—La inseguridad ciudadana preocupa especialmente. ¿Qué opina del ministro del Interior?
—Santiváñez es quien mejor expresa la búsqueda de impunidad, como al intentar desactivar unidades como la Diviac. No tiene un plan específico para el problema de seguridad ciudadana. Anunció el mayor operativo policial de nuestra historia y otra maniobra de fuegos artificiales. Con lo revelado sobre su patrocinio como abogado a un delincuente reconocido, se da cuenta de un deterioro mayor: podríamos hablar de una penetración al más alto nivel de actores vinculados al crimen.
—¿Quiénes deberían salir?
—No me atrevería a dar nombres en particular, no cumplen papel destacado. Ojalá, hubiera otros, pero es muy probable que cualquier cambio sea por personas del mismo perfil o más bajo. El propio canciller favorece su agenda conservadora.
—Boluarte viene de una oferta de izquierda. ¿Qué nos dice la conformación de su gabinete?
—Que son solo etiqueta y personas que se dicen de izquierda de pronto implementan políticas de otra naturaleza. Desde muy al inicio de su Gobierno, entregó su estadía a sectores políticos contrarios a Castillo que estaban más a la derecha.
—¿Cómo ve a Boluarte en lo político y lo judicial?
—En lo judicial, hará todo lo posible para evitar ser juzgada: intentos de controlar el Ministerio Público, influir la administración de justicia o buscar que un sector político cercano continúe en el cargo luego del proceso electoral. Lo peor no ha pasado todavía en nuestro país. Hasta las elecciones, habrá nuevos ataques a la institucionalidad. En lo político, será muy costoso para los aliados del Gobierno desprenderse de este legado. El apoyo que dan personajes como César Acuña o Rafael López Aliaga puede ser una roca muy pesada.
—¿La gente los castigará?
—Los peruanos castigan a quienes han tenido el poder. Lo vimos con Toledo, García, Humala, hasta Sagasti. Los grupos políticos que ostentan el poder luego tienen malos resultados electorales. Boluarte no tiene partido, pero la ciudadanía es consciente de que quien tiene el control es el Congreso y en particular ciertos partidos: APP, Renovación, fujimorismo, Perú Libre. Dependerá de la campaña.
—¿Damos por descontado que Boluarte se queda hasta el 28 de julio del 2026?
—No, en el Perú no se puede dar nada por descontado. De acá hasta que ocurra el proceso electoral, en nuestro país vamos a asistir a eventos muy inesperados.
