Delinquir troceando
Algo está podrido en las contrataciones de obras de los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid. En una investigación que adelanta elDiario.es han salido a la luz hasta la fecha siete obras por un monto total de cuatro millones de euros que se trocearon en contratos de menos de 40.000 euros más IVA para que pasaran como trabajos menores y no necesitaran salir a concurso, con lo que se eludieron todos los controles económicos y de la Intervención de la Comunidad. El silencio que ha mantenido ante estas revelaciones el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso solo contribuye a avivar la sospecha de que estaríamos solo ante la punta del iceberg de una corrupción mucho más generalizada. Por una práctica similar, aunque diez veces menor en cuantía, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya condenó el año pasado a la líder de Junts Laura Borràs por prevaricación a cuatro años de prisión.
El Ejecutivo madrileño se equivoca si cree que este asunto se ha resuelto con decir que investiga uno de los casos –el del macrocomplejo Ciudad Escolar, después de que el constructor denunciara que solo se le habían pagado 700.000 euros de los 1,6 millones acordados– y haber destituido al subdirector de Formación Profesional, Alfonso Mateos, que se encargó de organizar y dar las órdenes de pago al constructor desde distintos institutos con el fin de dificultar la trazabilidad de la operación.
La hipótesis de que los contratos eran cosa de los directores de los centros con la complicidad del defenestrado Mateos, a espaldas de la Consejería de Educación, tiene difícil sustento. Por una parte, este diario ha establecido que la corrupción no se ha circunscrito a institutos de FP, de modo que cabe sospechar que haya otros mateos. Por otra, es muy dudoso que la Consejería no supiera qué se cocinaba en los centros: elDiario.es ha demostrado en uno de los casos, el del millonario centro de FP de Alcalá de Henares Escuela del Arte, que el departamento de Infraestructuras de la Consejería –órgano de contratación oficial para obras educativas de envergadura, sujetas según la ley a concurso público– estuvo en contacto con el constructor de la obra y le solicitó el proyecto. El pago de esta obra de 1,2 millones de euros, que alguien tuvo que coordinar por la inexistencia de un contrato global, se realizó desde tres centros distintos: el IES Antonio Machado, la Escuela de Arte y el Conservatorio Profesional de Música.
Aunque los centros educativos de la Comunidad disponen de autonomía para sufragar las obras y los servicios que consideren pertinentes –para lo que cuentan con sus ingresos propios y con aportaciones europeas y de los gobiernos nacional y autonómico–, es obvia la responsabilidad, así sea in vigilando, de la Consejería de Educación, encabezada en el momento de los hechos por el hoy presidente de la Asamblea de Madrid Enrique Ossorio y su entonces vice consejera de Política Educativa, Rocío Albert López-Ibor, hoy consejera de Economía y Hacienda. Lo que está por determinarse es el alcance de dicha responsabilidad y la extensión de la corrupción. Emilio Viciana, consejero de Educación desde 2023, no admite oficialmente más casos fuera del que dice que se está investigando, mientras que este periódico contabiliza ya siete.
Evadir el concurso público mediante el fraccionamiento de contratos es una práctica que se se debería perseguir con la máxima severidad. En primer lugar, porque impide que haya un abanico de ofertas para elegir la más favorable en precio y calidad. Hay que recordar que el dinero que manejan los centros educativos públicos sale en últimas de los bolsillos de los contribuyentes, de modo que la ciudadanía merece explicaciones sobre lo ocurrido. En segundo lugar, porque afecta a las empresas que intentan abrirse paso en el sector de la construcción creyendo en las bondades de la libre competencia. Lo que pone de manifiesto la investigación de este diario es un entramado de amañamiento que ha cercenado a empresarios del sector la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. En tercer lugar, porque lo habitual en este tipo de operaciones es que se favorezca a constructores que correspondan con la respectiva mordida, cosa que habría que comprobar si sucedió en los casos desvelados por este periódico.
La respuesta de la Comunidad de Madrid es la que acostumbra dar cada vez que le salta un escándalo de corrupción: el silencio. El desprecio olímpico a las informaciones incómodas. El Gobierno de Ayuso tiene asumido desde hace ya tiempo que no tiene ninguna obligación de dar explicaciones a los ciudadanos. Que, cuando surge alguna denuncia molesta, ya se encargará de contrarrestarla mediante la descalificación y la movilización de su legión de medios afines para desmentir los hechos. Sin embargo, por mucho que lo intenten en este caso, no podrán tapar el cielo con las manos.