Cuando antes de la segunda ronda electoral del 2022 Pilar Cisneros dijo temer un “chorreo de votos”, no solo dio muestras de su nulo ADN democrático, sino también de su falta de fe en su apuesta política presidencial. Rodrigo Chaves, por su parte, declaró ante sus partidarios que no podían permitir que les “chorrearan votos” como si ellos fueran “bolsitas de chorrear café”.
Aquellos dichos, manifestados con viveza en el 2022, deben recordarse ahora que Nogui Acosta pretende, contra el mandato constitucional, reducir el presupuesto del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para el 2025.
Según expertos como Susan Stokes, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago, y Moisés Naím, escritor venezolano, una de las tácticas de los populistas es debilitar la confianza en las elecciones cuando los candidatos pierden, o quizá, en el caso de Chaves y Cisneros, cuando creen que van a perder.
El magistrado Max Esquivel Faerron, en una carta de protesta por el ajuste a la baja, alertó de que “la medida afectará la programación de recursos para el funcionamiento institucional y la organización de las elecciones” del 2026.
Si bien el TSE ha debido defender su presupuesto en otras administraciones, la diferencia es que hoy el gobierno utiliza maniobras politiqueras con el fin de demoler las instituciones democráticas.
A estas alturas, no deberíamos pecar de ingenuos. La pureza del sufragio tiene un costo económico ínfimo en comparación con el beneficio para el país. A Nogui Acosta, con toda seguridad, le es indiferente la extrema protección dada por el constituyente al proceso electoral y la autonomía superlativa del TSE, pero la Asamblea Legislativa tiene la facultad concedida por la Constitución de reintegrar al TSE el monto rechazado. Ahí deberían frenar tan temerario intento.
La Constitución crea un régimen jurídico de garantías para la función electoral con el objetivo de impedir que sea sometida a condiciones económicas menesterosas y de esa forma garantizar elecciones libres.
Un recorte al presupuesto del TSE atacaría un elemento estructural del Estado democrático. Sin elecciones libres, no hay democracia. Si queremos preservarla, deben cerrarse los resquicios a quienes desean generar dudas sobre la integridad del sufragio.
La autora es editora de Opinión de La Nación.
