El atentado contra Donald Trump fue también un acto contra la esencia de la democracia.
El ejercicio de la violencia es incompatible con la democracia. Si bien los Estados democráticos ejercen justificadas potestades coercitivas, estas solo son legítimas dentro del marco de la ley, de manera acotada y con garantías para el debido proceso. Más allá, la violencia vulnera la discusión libre y la convivencia, y distorsiona el ejercicio pleno de la voluntad popular. Su peor forma es atentar contra la vida de candidatos, porque nunca las balas deben imponerse sobre los votos para decidir las elecciones.
Por esas razones, y porque la vida humana tiene naturaleza inalienable, el intento de asesinato contra Donald Trump, el sábado en la tarde, durante una actividad de campaña en Pensilvania, merece una condena sin adjetivos. El expresidente se salvó, pero uno de los asistentes al acto murió a consecuencia de los disparos; otros dos fueron heridos gravemente. El autor, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, fue ultimado de inmediato por el Servicio Secreto.
Qué falló en el férreo cerco de seguridad alrededor de Trump, cómo una persona logró subirse con un rifle AR-15 al techo de un edificio a poco más de 100 metros de su tribuna y cuáles fueron los móviles de su acción, están entre las múltiples interrogantes alrededor de lo ocurrido. Por lo pronto, el FBI, policía federal de investigación, considera que Crooks actuó de manera individual. Esto resta base a las versiones conspirativas que, de cualquier modo, han comenzado a circular sin freno.
Las dimensiones policiales del hecho no se pueden descuidar; sin embargo, lo más relevante y preocupante son sus implicaciones para la democracia estadounidense, en particular el desarrollo de la campaña electoral.
Por desgracia, el intento de asesinato, aunque inesperado, no sorprende. En buena medida, es el clímax extremo de un entorno sociopolítico que se ha degradado aceleradamente durante los últimos años. Paradójicamente, su principal incitador ha sido Trump. El ejemplo más extremo fue su negativa a aceptar la derrota electoral en noviembre del 2020 —que aún persiste— y la incitación del asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021 para impedir la certificación del triunfo de Joe Biden.
Desde entonces, la violencia de su retórica no ha cesado, y ha arrastrado hacia ella a gran parte de su Partido Republicano. El Demócrata no está libre de responsabilidades en la aceleración de esta centrífuga de confrontación, pero su papel ha sido mucho más moderado y responsable.
En este contexto, la posibilidad de que el intento de asesinato, en lugar de atemperar, atice aún más el polarizado clima político-electoral es un riesgo inminente. Lo empeora el culto a las armas de amplios grupos de ciudadanos que pueden adquirirlas sin control. Precisamente, el rifle AR-15 ha sido el modelo preferido en las matanzas de inocentes que han asolado el país durante la última década.
Ante un riesgo de tal índole, todos los dirigentes políticos y líderes de opinión tienen la responsabilidad de llamar a la calma y actuar en consecuencia. El presidente Biden lo ha hecho reiteradamente, y desde la Casa Blanca llamó el domingo a la tolerancia. “No hay espacio para la violencia. Punto. Estos hechos no pueden normalizarse”, dijo como parte de su discurso.
Hasta ahora, Trump también ha reaccionado con mesura y sin arrestos revanchistas, y su campaña ha decidido lo mismo. Por su parte, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, llamó a los dirigentes de ambos partidos a moderar la retórica y “bajar el volumen de la temperatura” en el país, como forma de mantener una sociedad libre.
Otros candidatos y estridentes comentaristas conservadores, sin embargo, han tratado de explotar el hecho para señalar a los demócratas como incitadores. Cuál será la línea retórica por la que, al fin, opten los republicanos, es algo que está por verse. Su Convención Nacional, que comenzó este lunes en Milwaukee, Wisconsin, y que proclamó a Trump candidato, dará la mejor medida al respecto.
La violencia política y los intentos de asesinato —exitosos o no— contra presidentes y candidatos han sido un factor recurrente en la historia política estadounidense. Pero es difícil imaginar un período tan explosivo como el actual, en el cual la chispa de lo ocurrido el sábado puede convertirse en detonante de hechos peores.
No resulta exagerado decir que Estados Unidos está en un momento de extremo riesgo para su supervivencia democrática. En lo inmediato, lo urgente es evitar más actos de violencia. Pero la real prueba serán las elecciones del 5 de noviembre, cuyo posible resultado se ve cada vez más inquietante.
