Un último desbarajuste normativo aflorado tras la aprobación del fondo público de pensiones, llevada a cabo entre 2022 y 2023, está impidiendo a las entidades gestoras de planes de pensiones de empleo comercializar los instrumentos de ahorro entre el tejido empresarial, lastrando de forma lacerante la expansión de la previsión social complementaria para la jubilación que pretendía el Gobierno con la articulación del fondo de promoción pública, los nuevos planes de empleo simplificados y la cuasi eliminación de los incentivos fiscales por las aportaciones a planes individuales. Esta figura del comercializador de planes de pensiones que ya está regulada para los del sistema individual es fundamental para la expansión y promoción entre las empresas de los instrumentos. Se le arroga...
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