El Tribunal Superior de Madrid ha pedido al Tribunal Supremo que impute al fiscal general del Estado por la querella de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El juez entiende que pudo haber un delito de revelación de secretos en el comunicado con el que la Fiscalía buscaba desmentir varios bulos sobre el proceso judicial por doble fraude fiscal contra el empresario. “Nos encontramos ante la tesitura de que la cabal prosecución de las presentes diligencias, haría, a nuestro juicio, necesario su contrastación con la versión de los hechos que pudiera dar el fiscal general del Estado”. dice el tribunal madrileño sobre Álvaro García Ortiz, cuyo caso está ya en manos del Supremo.
En un comunicado, el fiscal general ha defendido el comunicado, insistiendo en que la nota se emitió para “poner fin a un bulo y amparar a un compañero”. También explica no abandonará el cargo: “El hecho de que se haya elevado esa exposición razonada no ha de impedir ni alterar el normal funcionamiento de la institución ni, por supuesto, el trabajo ordinario del Fiscal General”.
La pareja de Isabel Díaz Ayuso decidió querellarse contra el fiscal que le denunció y contra su superior por revelación de secretos. Lo hizo después de que la Fiscalía de Madrid emitiera un comunicado sobre los contactos con el abogado de González Amador para buscar un pacto. Un escrito que, según ha defendido en esta causa el Ministerio Público, pretendía desmentir algunas informaciones falsas emitidas tanto por medios de comunicación como por el propio Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso, sobre la oferta en la que el abogado de González Amador se ofrecía a aceptar ocho meses de cárcel.
En las decisiones conocidas este lunes, el Tribunal Superior madrileño archiva el caso contra el fiscal Julián Salto, que denunció a Alberto González Amador por fraude fiscal. “Su actuación en relación a la elaboración de la Nota Informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid fue meramente instrumental”, reconoce el tribunal. Pero entiende que el Supremo debe decidir si Álvaro García Ortiz tiene que declarar. “La elaboración, publicación y difusión de la expresada Nota excedió del ámbito de decisión de la Fiscalía provincial de Madrid”, reprocha el TSJM. Y la nota contó “incluso con el apremio de la Fiscalía General del Estado”, zanja.
Esa nota supuso, según el juez, “la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros, al perjudicar a un tercero e incluso a un interés colectivo”. La nota, dice el juez, “podría haber tenido otro formato y contenido, que no vulnerara el deber de reserva que debía guardarse”. El fiscal Salto no debe responder penalmente por el comunicado, aunque el TSJM entiende que su superior, Pilar Rodríguez, debe ser también investigada.
Con respecto a García Ortiz, el juez que ha investigado el caso destaca no solo las declaraciones de los testigos sino el escrito que el propio fiscal general envió, responsabilizándose del comunicado de prensa. Seguir adelante con la causa, dice el magistrado, “haría necesario su contrastación con la versión de estos hechos que pudiera dar el fiscal general del Estado”, una declaración que no podría hacerse en el TSJM como imputado por su aforamiento. Seguir adelante con la causa sin declararle investigado, añade, “podría causarle indefensión”.
El fiscal Salto no debe seguir imputado, añade el juez, porque “simplemente se limitó a remitir a instancias de su superior los datos y correos electrónicos del asunto”, siguiendo una orden. Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, debe seguir investigada: “No puede afirmarse una conducta similar de mera pasividad y dación de cuenta”, explica. “Su actuación, en principio, va más allá”. Añade el juez, incluso, que esta fiscal “no dijo toda la verdad” en su declaración como investigada.
Tanto El Mundo como Miguel Ángel Rodríguez difundieron que había sido la Fiscalía la que había contactado con González Amador para ofrecerle un pacto: una condena de cárcel que no implicara su condena en prisión a cambio de reconocer sus dos delitos fiscales y pagar sus deudas con el fisco. Rodríguez añadió en sus redes sociales y mensajes que, además, ese posible pacto había sido paralizado por la cúpula de la Fiscalía. La realidad era la contraria: el abogado del empresario había ofrecido un pacto para evitar la cárcel a cambio de reconocer su doble fraude fiscal de más de 350.000 euros, revelado por elDiario.es, y pagar sus deudas con Hacienda.
La investigación fue puesta en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el magistrado Francisco José Goyena por el aforamiento de la fiscal jefe. A lo largo de la causa, en la que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ejerce la acusación, el propio fiscal general se ha dirigido por escrito al instructor para comunicarle que el comunicado fue emitido por orden suya. El juez decidió obviar el escrito y tomó declaración como testigo a Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, que confirmó el origen del comunicado.
Ahora será la Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena la que decida si admite o no la exposición razonada del TSJM y abre una causa contra el único aforado ante el Supremo: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. A lo largo de la causa, el Ministerio Público ha afirmado en varios recursos y escritos que el comunicado no difundió ningún dato que los medios o el propio entorno de Ayuso no hubieran difundido ya, y que además no afectó negativamente a su derecho de defensa.
En paralelo, un juzgado de Madrid sigue investigando a Alberto González Amador por defraudar más de 350.000 euros entre 2020 y 2021 a través de un entramado de facturas falsas. El empresario ganó varios millones de euros durante la pandemia ejerciendo de comisionista en la compraventa de material sanitario y, según ha reconocido él mismo, decidió pagar de menos a Hacienda por el Impuesto de Sociedades creando gastos ficticios con facturas falsas.
La instrucción de su caso se ralentizó después de que la jueza decidiera retrasar tanto su comparecencia como la de otros investigados. El día de su declaración, González Amador evitó a las cámaras en los juzgados de la Plaza de Castilla cambiando su aspecto, rapándose el pelo y también usando una peluca.
