Jefa de Estado se negó a declarar sobre este caso al señalar que la Fiscalía habría filtrado su declaración del 15 de mayo.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, acusó al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, de filtrar a la prensa sus declaraciones sobre el Caso Rolex. Esta imputación la realizó la mandataria durante la audiencia realizada el 15 de mayo pasado, según reveló el programa 'Punto final'.
Durante el interrogatorio, la jefa de Estado justificó su decisión de acogerse a su derecho a guardar silencio debido a que había tomado conocimiento de la supuesta filtración de sus declaraciones a la prensa.
"Los cargos que se me imputan en esta investigación son totalmente falsos y me declaro inocente. A partir de este momento, no voy a continuar con mi declaración, conforme al marco legal, porque su despacho, señor fiscal, filtra mis respuestas a la prensa", recogió su testimonio el dominical.
Como se recuerda, la presidenta Dina Boluarte maneja el Caso Rolex de una manera muy hermética, al evadir las preguntas de la prensa sobre este tema. Frente a la Fiscalía de la Nación, el panorama no es diferente, ya que tampoco ha colaborado con información que pueda esclarecer su real participación en el presunto ilícito que se indaga.
La versión que mantiene la máxima autoridad de Palacio de Gobierno es que estos objetos de lujo fueron préstamos de Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, desmintiendo las imputaciones de cohecho.
El 27 de mayo, tras esta declaración, el fiscal Juan Carlos Villena presentó denuncia constitucional contra la presidenta por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio. La tesis fiscal indica que los relojes y otros obsequios constituyen donaciones ilegales y que podría constituir sobornos en el más alto nivel de administración.
Por otro lado, el Poder Judicial ratificó la incautación de tres relojes marca Rolex y una lujosa pulsera de brillantes Bangle. El 24 de mayo, la medida fue ratificada en primera instancia por el PJ. Sin embargo, Oscorima apeló, pero finalmente la decisión fue ratificada.
La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, tras declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por Oscorima. Los artículos fueron incautados durante una diligencia de exhibición realizada en el Ministerio Público, el 10 de abril de 2024.
