Diversos indicadores recientes apuntan hacia una desaceleración gradual en la actividad económica tanto en Estados Unidos como en México, aunque no todos los datos apuntan hacia ese escenario del aterrizaje suave. Algunos indicadores muestran resiliencia y otros lo contrario, contracción de la actividad.
Como ejemplo de esto último, tenemos en la economía estadounidense los indicadores ISM tanto para el sector manufacturero como para los servicios, en ambos casos, el dato de junio se ubica por debajo de 50 unidades lo que implica contracción de la actividad. En México la creación de puestos de trabajo en la economía formal, medido como trabajadores afiliados al IMSS, ha presentado dos disminuciones atípicas tanto en mayo (25 mil 203 puestos cancelados), como en junio (29 mil 555 plazas recortadas).
Con nuestros indicadores anticipados para la economía de México, como el IBAM estamos viendo posibles caídas en la actividad desde el segundo trimestre de este año, y es de esperarse que en el segundo semestre, pasadas las elecciones el Gobierno frene el gasto fiscal, y que la incertidumbre política generada por la ejecución del ‘Plan C’ en el Congreso lidereado por Morena desaliente la inversión productiva. De hecho para este año hemos revisado a la baja nuestra expectativa de crecimiento del PIB del 2.2 por ciento al 1.7 por ciento real anual, y hay posibilidades de tener que revisar a la baja esta cifra aún más conforme salgan los datos.
Para el 2025, el consenso de los analistas plantea una desaceleración para ambas economías y para el mundo en su conjunto, atendiendo principalmente a un gasto fiscal mucho más moderado en el 2025, después de que en el 2024 hubo elecciones presidenciales en más de 70 países.
Para la economía mexicana la variable crítica será la reducción del déficit fiscal del 6 por ciento al 3.5 por ciento sobre PIB. Tanto la Dra. Sheinbaum como el secretario Rogelio Ramírez de la O se han pronunciado al respecto, para tranquilizar a los mercados y para evitar una revisión a la baja en la calificación de riesgo soberano por parte de las calificadoras internacionales.
Si el grueso de la reducción en el déficit fiscal descansa en un recorte al gasto fiscal, el monto equivale a cerca de 650 mil millones de pesos. Si los nuevos programas sociales prometidos en la campaña de Sheinbaum implican un gasto de al menos 65 mil millones de pesos, el recorte podría superar los 700 mil millones de pesos en el gasto gubernamental, en el resto de los renglones.
Si en una economía se incrementa el gasto de inversión pública en 1% del PIB, este gasto tiene un efecto multiplicador en la demanda total (agregada) de bienes y servicios, dependiendo de varios factores, con lo que el PIB terminaría aumentando en 1.5 o hasta en 2.5 veces más, lo que se denomina el multiplicador de los gastos autónomos. Pero el mismo efecto se da con un recorte en algún gasto autónomo, pero en sentido inverso. Nuestro pronóstico para el PIB de México en el 2025 es de un crecimiento del 0.5 por ciento real anual, que implica dos trimestres con crecimiento ligeramente negativo. Es decir una ligera recesión.
El secretario Ramírez de la O se ha pronunciado al respecto, argumentando que el gasto de inversión privada derivado del fenómeno del nearshoring pudiera más que compensar el ajuste fiscal, y producir un efecto neto positivo en la demanda agregada, propiciando crecimiento. Esto fue expresado antes de conocer el resultado electoral, y la voluntad del presidente AMLO de lograr algunas de las reformas planteadas en febrero pasado, en particular la reforma al Poder Judicial.
En adición, las transgresiones que México ha hecho en materia comercial como en el maíz transgénico, en el sector de energía y las reformas del ‘Plan C’, como la reforma al Poder Judicial y la desaparición de los organismos reguladores autónomos, que son violaciones flagrantes al T-MEC van a cobrar, seguramente, una cara factura en los paneles de controversias y en la revisión del Tratado para el 2026.
La única manera de evitar la recesión para el 2025 y un crecimiento mediocre en el siguiente sexenio sería la implementación de un Plan de Gobierno, como el que está esbozándose al interior del equipo de transición de la Dra. Sheinbaum, con un programa para energías renovables; un programa de inversión en infraestructura; un programa de vivienda; un programa de inversión en el sector salud; un programa hidráulico, y con una serie de políticas públicas y decisiones que sean amigables a la inversión productiva, como deben ser acciones concretas hacia mejorar el Estado de derecho, la educación, desarrollo regional, la seguridad y el respeto al Estado de derecho.
