El próximo 24 de julio se cumplirán 11 años del mayor accidente ferroviario de las historia reciente en España. Sobre las 20.41 horas de ese día, pero en el 2013, en plenas fiestas del Apóstol, un tren de alta velocidad descarrilaba a pocos kilómetros de la estación de Santiago de Compostela al tomar una curva a más del doble de la velocidad permitida. Murieron 80 viajeros y otros 145 resultaron heridos . Al filo del onceavo aniversario de la tragedia, una jueza de la capital gallega está a punto de dictar sentencia. No hay fecha para ello, pero se espera que la resolución judicial del que se bautizó como caso Alvia se comunique a las partes en las próximas semanas. El 27 de julio se cumplirá un año desde que el juicio por el accidente quedó visto para sentencia. Los retrasos en la tramitación del caso Alvia se fueron encadenando uno otras otro. Primero, porque la instrucción de la macrocausa, que casi alcanzó los 45.000 folios, se alargó durante ocho años. Luego, el juicio, con medio millar de testigos citados, duró otros nueve meses –desde octubre de 2022 a julio de 2023–. Y ahora hay que sumarle el año que la jueza Elena Fernández Currás ha necesitado para decidir sobre la responsabilidad de los dos acusados por el accidente y para establecer las indemnizaciones a las que tendrán derecho las víctimas. Por el accidente del Alvia se sentaron en el banquillo, de un juicio que se celebró en la Cidade da Cultura de Santiago por falta de espacio en los edificios judiciales compostelanos, el maquinista del tren, Francisco Garzón Amo, y el que entonces era jefe de seguridad de la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte. Al primero, las acusaciones le señalaban por su responsabilidad al haber tomado la curva de Angrois, situada apenas a tres kilómetros ya de la estación de Santiago, a 191 km/h, cuando la velocidad máxima permitida en el tramo era de 80. Lo hizo al perder la noción del punto del trayecto exacto entre Orense y Santiago por el que estaba circulando, enfrascado en una conversación telefónica con el interventor del tren, que viajaba en uno de los vagones, y que le había llamado por una cuestión de intendencia relacionada con el viaje pero que nada tenía de urgente. A Cortabitarte, excargo de Adif, la empresa pública encargada de la administración de las infraestructuras ferroviarias en España, las acusaciones le señalaban por no haber evaluado los riesgos de esta línea de alta velocidad antes de su puesta en funcionamiento. Las acusaciones particulares y la Fiscalía acusaban a ambos procesados por su responsabilidad en el accidente. De hecho, el Ministerio Público pedía para los dos la misma pena: cuatro años de cárcel por 80 delitos de homicidio imprudente y daños. Pero en el tramo final del juicio, tras practicarse la prueba y escuchar a los acusados, testigos, peritos, policías y víctimas, el fiscal del caso, Mario Piñeiro, sorprendió con un volantazo. El fiscal, en sus conclusiones, tras los nueve meses de juicio, decidió que solo el maquinista debía ser condenado por el accidente . Piñeiro modificó su escrito inicial de conclusiones al considerar, tras practicarse la prueba en la sala, que Cortabitarte «no infrigió el deber» que tenía encomendado como director, y que actuó «de acuerdo con los procedimientos incluidos en el sistema de seguridad de Adif». Estos días, el nombre de Mario Piñeiro ha vuelto a estar en un primer plano después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, lo haya propuesto para una plaza en el Tribunal Supremo. La decisión ha sido muy criticada por La Plataforma Víctimas Alvia 04155, que consideran que el fiscal general del Estado «premia» con este puesto a Piñeiro después de haber retirado en el juicio, y «sin ninguna razón de peso», la acusación contra el alto cargo de Adif, argumentando «primero una cosa, y luego otra». Los portavoces de esta plataforma de víctimas están seguros de que «una llamada del corporativa del fiscal general» fue la causa del «cambio de criterio» de Piñeiro. Según esta teoría de las familias, el fiscal general le habría prometido entonces un cargo, «que ahora le otorga, para que le costara menos cambiar de decisión». En todo caso, será la jueza quien decidirá si alguno de los dos procesados es responsable. Pese a ello, con toda probabilidad la causa del Alvia no concluirá su periplo en los tribunales con la resolución de la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela. Sea cual sea el sentido de la sentencia, a buen seguro que la causa, vía recurso, acabará sobre la mesa de la Audiencia Provincial de La Coruña.
