El gran sueño de Andrés Manuel López Obrador se cumplirá: logrará pasar a la historia.
Pasará a la historia como el presidente del millón de muertos (800 mil por Covid; 192 mil asesinatos); un presidente mediocre: 1 por ciento de crecimiento en seis años; el presidente que militarizó al país; uno de los presidentes más corruptos (hijos, hermanos, prima, cuñada y secretario personal: todos manchados por escándalos de corrupción). Pero sobre todo, pasará a la historia como el presidente del fraude electoral.
Para consolidar la destrucción del Estado democrático que recibió y consolidar un sistema hegemónico de dominación autoritaria, López Obrador concibió una estrategia doble y complementaria: intentar por todos los medios a su alcance anular cualquier poder de contrapeso al Ejecutivo (Legislativo, Judicial, órganos autónomos y prensa independiente) y revivir la vieja tradición priista de imponer a su sucesor en la Presidencia.
Retrocedimos cincuenta años y regresamos a los tiempos del viejo PRI: poderes supeditados, televisión amordazada, prensa bajo amenaza, militares en un puño. Regresamos también a la simulación electoral: el juego del tapado (ahora llamados “corcholatas”), giras por todo el país con apoyo de los gobernadores (morenistas y priistas traidores), compra clientelar del voto, violencia como método coercitivo, activo espionaje de opositores e instituto electoral sumiso. Todo esto tiene nombre, que durante años pensamos que había desaparecido del vocabulario de la política mexicana: fraude electoral.
Qué paradoja. López Obrador, que llegó a la Presidencia enarbolando la bandera de haber sido víctima de un fraude electoral (nunca comprobado), dejará la Presidencia con el estigma de haber organizado una elección fraudulenta. Un estigma que, citando al clásico, no se podrá borrar ni con todas las aguas del océano.
Si López Obrador es el presidente del fraude (uso de recursos públicos, condicionamiento electoral de los programas sociales, uso indebido de la tribuna pública para hacer propaganda a favor de su candidata y denostar a la candidata opositora), Claudia Sheinbaum será una presidenta espuria, como Salinas de Gortari.
La semana pasada, en este espacio, sugerí que la oposición y la sociedad civil deberían de buscar la forma de dialogar con el poder, aunque éste hubiera empleado el fraude electoral, como el PAN lo hizo con Salinas luego de las elecciones de 1988. Pequé de ingenuo. Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, públicamente solicitó al presidente López Obrador y a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum diálogo directo para acordar los términos de una profunda reforma al Poder Judicial. López Obrador se negó al diálogo y Sheinbaum, entre risas, se burló de la propuesta, mostrando de paso cuál será su talante con los que no comulgan y se supeditan a ella: desdeñosa y soberbia. Todos aquellos que piensan que con Sheinbaum en el poder disminuirá el encono contra la oposición y se abrirán canales de diálogo y concordia, pierdan toda esperanza. La imposición autoritaria planea ser no solo institucional sino personal. Y con el apoyo del pueblo: más de la mitad de los mexicanos ve con buenos ojos la llegada de un gobierno autoritario que pase por encima de la ley.
Sheinbaum, presidenta espuria, llegará de la mano de los militares y con el beneplácito del crimen organizado, que contribuyó a su elección creando el clima necesario para inhibir el voto opositor; no olvidemos que vivimos el periodo electoral más violento de nuestra historia.
López Obrador, el presidente del fraude, no será el poder detrás del trono. Cogobernará con Sheinbaum. Plantó a sus incondicionales en el Congreso y en el gabinete, uno de sus hijos, en calidad “honoraria”, supervisará el avance de sus elefantes blancos. Los otros dos hijos, con el poder acumulado por sus gestiones en la administración, serán el enlace entre el Palacio Nacional y La Chingada. A nadie debería extrañar que la condición oculta en el pacto López Obrador -Sheinbaum haya sido pavimentar el acceso del jefe del Clan a la silla presidencial.
Agosto, en plena temporada de huracanes, será un mes caliente. El TEPJF, el mismo que acaba de señalar las múltiples irregularidades y abusos en las elecciones del 2 de junio, determinará si Morena, en plena violación de la ley, ignorando la jurisprudencia del caso, logrará salirse con la suya y hacerse con una abusiva sobrerrepresentación en el Congreso que les permitiría consolidar su proyecto autoritario. Agosto, entonces, debe ser el mes para que la sociedad civil salga por fin de su letargo, para que los pocos empresarios con agallas hagan valer su influencia, para que los medios de comunicación decidan si quieren seguir ofreciendo la soga con la que finalmente serán también colgados, y todos juntos presionen para impedir que México entre en la noche oscura del autoritarismo.
