La Junta de Andalucía contará en los próximos meses con un equipo de más de 60 profesionales que tendrá entre sus cometidos convertirse en interlocutores de los residentes en las más de 72.000 viviendas públicas sociales de Andalucía. Deben conocer la situación de cada una de las familias, sus necesidades y problemas, y convertirse en mediadores para que desde la estructura de AVRA se adopten las medidas necesarias. En resumen, ofrecer una atención individualizada a todas las unidades familiares para «mejorar sus condiciones de vida». Así lo recoge la memoria del contrato que se formalizará próximamente con un presupuesto de 7 millones de euros en dos años ( 3,7 millones IVA incluido al año ). «Se establecerá una comunicación directa...
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