Dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán , y otros 13 ex altos cargos en la etapa socialista, fueron condenados en el caso ERE por saltarse la ley a la hora de aplicar las denominadas transferencias de financiación, un instrumento de pago habitual de las Administraciones que no está pensado para abonar subvenciones. Su utilización provocó un reparto «arbitrario» y sin control de 680 millones de euros . El Tribunal Constitucional (TC) echa por tierra esta teoría y anula las sentencias de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo (TS). Argumenta que su uso no sería delictivo a partir del año 2002, cuando empezó a recogerse en los presupuestos autonómicos. Para Agustín Ruiz...
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