Según los últimos datos oficiales publicados, el número de ocupados en España creció un 2,7% durante el primer semestre del año hasta alcanzar los 21,4 millones de afiliaciones, lo que ha supuesto una caída del 5,6% en el número de parados hasta alcanzar algo menos de 2,57 millones, equivalente a una tasa de paro del 11,7%. Además, hay que tener en cuenta que el empleo aumentará durante estos meses estivales con contratos precarios hasta que vuelva a caer a partir del mes de septiembre con el final de la temporada de verano.
Como ejemplo de baja calidad del empleo, en junio se firmaron 1,38 millones de contratos de los que algo más del 40% fueron indefinidos y, de ellos, el 22,5% son a tiempo parcial, el 40% son fijos discontinuos y sólo el 37,5% a tiempo completo. Es decir, que por mucho que se pretenda maquillar la situación de nuestro mercado de trabajo, cambiando las etiquetas de los desempleados o no contabilizando algunos tipos de demandantes de empleo, la realidad es que seguimos teniendo un grave problema estructural que nadie sabe o quiere solucionar. En dicho mes, sólo el 14,5% del total de contratos fueron a tiempo completo, del salario no hablemos.
Siempre se ha dicho que a los españoles aspiramos a ser los primeros en todo, desde llegar a primera hora de la mañana a plantar la sombrilla en primera línea de playa, en ganar campeonatos en deportes como el tenis y el futbol, en gastronomía, turismo, arte, patrimonio cultural, en el número de políticos o en la segunda lengua más hablada del mundo, siendo Eurovisión lo único que se nos resiste. Sin embargo, en el apasionante mundo de los rankings internacionales, España vuelve a brillar por su mercado laboral pues el reciente informe publicado por la OCDE vuelve a otorgar a España el premio Limón por encabezar la lista de países con mayor tasa de paro, más del doble de la media, un logro indiscutible de todos los políticos que nos gobiernan, con su inquebrantable capacidad para mantenernos en ese podio mientras la tasa de pobreza sigue en aumento.
Esta elevada tasa de paro estructural genera un profundo miedo entre la población a perder su empleo, dada la dificultad que conlleva encontrar uno nuevo en un mercado laboral tan competitivo, precario e incierto, lo que fomenta una cultura de aversión al riesgo, donde la seguridad laboral se convierte en una prioridad absoluta. Consecuentemente, lleva a un número creciente de personas a aspirar a ser funcionarios, no como algo vocacional sino instrumental, percibiendo el empleo público como una fuente segura de ingresos y protección contra las fluctuaciones del mercado laboral. Esto refleja un cambio significativo en las ambiciones profesionales, donde la búsqueda de seguridad prevalece sobre el espíritu emprendedor y la asunción de riesgos, factores clave para el crecimiento económico, la inversión productiva, la creación de empresas y la mejora de la productividad.
Y se junta el hambre con las ganas de comer, una simbiosis perfecta en la que aparece la receta favorita del gobierno ante la crisis de desempleo, como es la creación de empleo público a raudales, junto con el interés de un número creciente de ciudadanos de trabajar para la principal empresa del país. Una tragicomedia donde se opta repetidamente por engordar el sector público como una vía rápida para maquillar las cifras de paro, derivando en mayor presión fiscal sobre el sector privado que es el verdadero motor de creación de riqueza y empleo. Y cuanto más lejos nos encontremos del pleno empleo, más difícil sea la movilidad laboral y encontrar un trabajo y cuánto más dependamos del Estado, tanto las condiciones laborales como los salarios serán más precarios en el sector privado, con la consiguiente fuga de talento hacia otros países.
Desde el año 2019, el sector público ha crecido en más de 400 mil empleos, más de la tasa de reposición y, en los últimos tres años, se han lanzado ofertas públicas de empleo para cubrir casi 130.000 puestos. La proliferación de empleos públicos no necesariamente mejora la productividad ni la eficiencia económica, más bien, deriva en un incremento del gasto público y una mayor presión fiscal sobre el sector privado, que es el verdadero motor de la creación de riqueza y empleo sostenible. Además, los empleos públicos suelen estar menos sujetos a las presiones competitivas, lo que puede generar una menor innovación y eficiencia.
La alta tasa de desempleo es un síntoma de problemas estructurales profundos que requieren reformas valientes y una visión a largo plazo. La creación indiscriminada de empleo público puede ser un parche temporal, pero no una solución sostenible. Para competir en el ámbito global y alinearse con los estándares de la OCDE, España necesita una reforma integral que aborde la rigidez del mercado laboral, los costes laborales, la formación orientada a las competencias que demandan las empresas, fomentando la innovación y la productividad en el sector privado.
