Las Zonas Jóvenes de Zaragoza agrupan IES, CPIs y CPIFP, y Colegios de Educación Especial (antiguos PIEEs de secundaria y Educación especial). Son muchos los jóvenes que acuden a estos centros escolares y casas de juventud a realizar actividades, en busca de apoyo o que realizan extraescolares en ellos. Sin embargo, tal y como denuncian trabajadores y sindicatos, los nuevos pliegos del Ayuntamiento de Zaragoza suponen un recorte tanto en horario como en dotación económica.
Según expone Susana Satué, delegada sindical de CGT y trabajadora de una Zona Joven, “se pasa de un 100% de jornada a un 80%, un recorte de actividades en materiales y se hace un recorte de la jornada laboral de las personas al frente de estos proyectos, que pasan a un 80% en los centros de secundaria y un 66,6% en los colegios integrados”. El cambio en las condiciones laborales no solo supone menos jornada, sino que se impone un horario partido que supone “una precarización total de las trabajadoras, aboca a una jornada partida miserable incompatible con otros trabajos”, expone Satué.
CGT explica que los profesionales pasarían de 37,5 horas semanales a 30 horas semanales “con la correspondiente bajada salarial. En el caso de centros Integrados y Profesionales es aún peor, se reduce el servicio a 25 horas semanales, lo que además nos parece un terrible agravio comparativo. Esta reducción horaria del servicio está totalmente injustificada, además se añaden más funciones para los profesionales, muchas de ellas administrativas que consideramos absolutamente innecesarias e injustificadas”.
Al ser un servicio externalizado, estas nuevas condiciones pueden generar que no haya empresas que se presenten y, las que lo hagan, tendrán que enfrentarse a “extinciones de contratos, procedimientos de regulación de empleo, indemnizaciones y denuncias”, exponen desde CGT.
Desde el sindicato sostienen que esta reducción tendrá como consecuencia “un peor servicio para los centros, familias y jóvenes participantes. Las consecuencias para los y las trabajadoras del sector serán demoledoras, un salario anual por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, abocados al pluriempleo y ayudas sociales de emergencia para poder subsistir. Recordamos que los profesionales de este sector llevan más de quince años sin subidas salariales, parten de un convenio estatal absolutamente precario en una categoría que no les representa y son fijos discontinuos”, exponen en una nota de prensa.
Ante esta situación, los trabajadores y trabajadoras, sindicatos, los centros escolares y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón (FAPAR) han anunciado que recurrirán estos pliegos. Desde el Ayuntamiento sostienen que, aunque entienden las reservas ante este cambio, están “convencidos de que con la puesta en marcha de estos pliegos se verificará que las mejoras son reales”.
Las zonas jóvenes tanto de barrio como escolares trabajan un amplio abanico de actividades, cada zona está ubicada en un barrio o en un centro diferente con necesidades. Según explica Satué, el día a día en un instituto se basa en “labores de centro, programas de convivencia, programas de igualdad, intervención en el aula con proyectos socioeducativos, estamos en contacto directo con todos los jóvenes, con los más vulnerables y con los menos vulnerables. Nuestra figura es de educadora, tenemos un rol diferente al de profesorado, establecemos un vínculo, luego se puede coordinar con orientación, con tutores… todo este trabajo es por las mañanas”.
Por las tardes se centran más en las actividades escolares. Según denuncia Satué, “con menos dinero, menos actividades, con menos tiempo de presencia, menos actividades”. También se crean puntos de encuentro en los institutos para los jóvenes más vulnerables, pueden acudir ahí a hacer actividades o a utilizar los equipamientos del centro.
Desde CGT también denuncian la “discriminación por edad” en un apartado de los pliegos en el que se especifica que, en el caso de producirse nuevas contrataciones, bajas y sustituciones durante la ejecución del contrato, “al menos el 25% de las mismas deberán destinarse a personas menores de treinta años, siempre que tengan el perfil laboral adecuado al objeto del contrato. Ello se justifica en base a que la población destinataria de este servicio es de 12 a 18 años y, por lo tanto, se estima hay mayor conexión por franja de edad con profesionales de edades inferiores a treinta años ”.
El sindicato asegura que esto es un ejercicio “discriminatorio y edadista sin precedentes, humillante, una falta de respeto a la profesionalidad de las trabajadoras. Es sabido que la experiencia laboral o el vínculo profesional están por encima de la ”conexión“ por franja de edad”.
