DESENGAÑO POLÍTICO. Las denuncias de corrupción y las serias deficiencias en la lucha contra la inseguridad ciudadana destacan entre los incumplimientos de la mandataria, aunque hay otros hechos que aportan a su alta desaprobación en las encuestas, como su afirmación de que iba a colaborar en las investigaciones de la Fiscalía por las muertes en las protestas, el aumento del sueldo mínimo que no llega aún, entre otros. Se suman a ello sus componendas con el Congreso, el mal manejo de la imagen del país a nivel internacional y otros desaciertos.
La presidenta Dina Boluarte lleva un año y siete meses encabezando un Gobierno que arrastra peor aprobación que sus antecesores de las últimas décadas y las promesas incumplidas son otro factor que refuerza el amplio rechazo de la ciudadanía.
En este tiempo al mando, sus ofrecimientos sobre combatir la corrupción y evitar muertes en el manejo de protestas fueron los primeros grandes desengaños hacia el actual régimen.
“No será un saludo a la bandera”, dijo Boluarte sobre la lucha anticorrupción semanas después de asumir el Gobierno. Añadió que tenía “un compromiso firme ante todos los peruanos para corregir los errores del pasado y empezar a construir un país confiable”. De hecho, a cada ministro hacía jurar que dirigiría su sector “sin actos de corrupción”, un gesto para marcar distancia del expresidente Pedro Castillo, investigado por presuntas corruptelas.
Ahora está envuelta en nuevos casos de corrupción en investigaciones de la Fiscalía, que hasta involucran a su hermano, el conocido Nicanor Boluarte.
Ante los fallecimientos en las protestas y el anuncio de nuevas movilizaciones en esas primeras semanas, Boluarte dijo a La República al iniciar el 2023: “No tiene que haber más muertes”.
Sin embargo, siguieron los decesos en la represión del Estado a estas manifestaciones.
Su primer mensaje a la nación de 28 de julio, el año pasado, ratificó esa afán por soltar palabras que caerían en saco roto. Aseguró que iba a colaborar con las investigaciones de la Fiscalía, pero luego guardó silencio. Anunció un pronto aumento del salario mínimo que aún no llega. Planteó la creación de una Policía del Orden para tener más agentes en la seguridad ciudadana, y quedó en nada.
Sus menciones a un Perú Seguro como paquete de medidas para enfrentar la inseguridad no se asocian a resultados significativos según los expertos. Más aún, son frecuentes los cambios de ministros del Interior, que paralizan los avances.
Pronto resonaron reclamos puntuales. El deportista Cristhian Pacheco, bicampeón de maratón y primer oro de Perú en Santiago 2023, denunció que Boluarte no ha cumplido con su ofrecimiento de darles departamentos a los medallistas de los Panamericanos.
Un evidente contraste hubo en el discurso de Boluarte al inaugurar la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez y la paralización de sus servicios por quedarse sin electricidad.
El poder autoritario
Estas son solo una muestra de los ofrecimientos que han quedado pendientes. En otros se verá si hay avance suficiente, como su anuncio sobre la nueva Carretera Central, a la que llamó su “legado”, aunque fue impulsado por gobiernos pasados. Con frecuencia, su discurso suele ser muy genérico.
Después de más de tres meses sin hablar con la prensa peruana para contestar sobre asuntos pendientes, Boluarte dio una conferencia en la que se la pasó evadiendo interrogantes que le resultaron incómodos.
“Quiso comunicar al país que le había ido muy bien en China, que todo era estupendo para la patria y se le ocurrió, después de casi 90 días, realizar una conferencia de prensa a las 5 p.m. La verdad es que habló, pero no dijo nada de interés ni relevancia para las acciones que el país reclama”, expresó la periodista y abogada Rosa María Palacios, profesora de la Pontificia Universidad Católica (PUCP).
“El mayor problema con las promesas incumplidas de Boluarte no está solo en la cada vez más alta desaprobación de su Gobierno, sino en la ilegitimidad escalonada de la clase política que produce. La gente, cada vez más, desconfía de los políticos que están dentro y fuera de la representación. Eso es peligroso para la convivencia democrática, pues resulta siendo un caldo de cultivo para discursos extremistas y autoritarios”, advierte el politólogo Martín Navarro, docente de la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM).
“Lo más grave es un binomio terrible: la corrupción y su no allanamiento a la justicia. Lo primero se evidencia con el caso Rolex y su relación con Oscorima, además de sus componendas con el Congreso. Lo segundo, con su manejo con la Fiscalía y los organismos internacionales de derechos humanos. Esto es gravísimo”, añade.
Con este trayecto del Ejecutivo, el futuro no se ve auspicioso.
“En vez de ensanchar sus vínculos con todas las fuerzas políticas para sacar adelante al país, cada vez estrecha y se hace dependiente de unos cuantos sujetos y sus organizaciones de perfil lumpenesco. Es la soledad del poder autoritario. Perú ya es un autoritarismo que va en camino de transformarse en una dictadura, fruto de una alianza corrupta”, señala el especialista.
“La aprobación o desaprobación estaría más ligada a una lucha frontal y eficiente contra la inseguridad y un mejoramiento cualitativo de la economía. Si en esos dos grandes déficits hay pasos en una buena dirección, la aprobación podría subir o la desaprobación ser menor. Las promesas vistas son para un sector acotado”, dice el sociólogo José Koechlin, profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) y San Marcos.
“Lo más grave ha estado en su promesa de lucha contra la corrupción. Hay funcionarios, y hasta se ha sospechado de su propio hermano, que estarían incurriendo en algunos casos de corrupción o caso de actitudes no muy claras. Esa es la principal promesa incumplida. Se sumaría que anunció que se iba a allanar a todas las investigaciones, cosa que no ha sido del todo clara, y siempre hay una estrategia para escamotear”, dice el analista.
Destaca el caso de los relojes Rolex y las joyas de alto valor “sobre lo cual ella no ha querido aclarar de manera fehaciente” y que “a la gente lleva a sospechar que aquí hay gato encerrado”.
Aunque señala que asoman mejoras en la economía, aún el camino es muy cuesta arriba.
Una suma de factores que agravan la crisis de nuestro país.
Los principales problemas del Perú en las opiniones más recurrentes de la ciudadanía están relacionados a lo económico, inseguridad y corrupción, según muestra la reciente encuesta de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
Para un 29% de los peruanos, el principal problema es económico, sea la economía, empleo, inflación o pobreza.
Para un 22%, el problema principal es referido a la inseguridad o delincuencia, y para un 21%, un mayor trance es la corrupción.
Luego siguen el mal manejo del Gobierno (11%) y temas relativos de la política (7%).
Son problemas en que el incumplimiento de promesas de la presidenta Dina Boluarte tiene mayor peso.
