Esta semana, la reforma electoral que pretende que las elecciones municipales sean obligatorias y se efectúen en dos días, desató un debate paralelo en torno a los derechos políticos de las personas migrantes en Chile.
El oficialismo propuso en el proyecto de ley cambiar la palabra “electores” por “ciudadanos”, lo que impediría el derecho a sufragio a personas extranjeras, pues se infiere que son ciudadanos aquellos que portan la ciudadanía chilena.
Por otro lado, los diputados del Partido Socialista, Daniel Manoucheri y Daniella Cicardini ingresaron un proyecto de ley que suprime el voto a residentes extranjeros para las elecciones parlamentarias y presidenciales, pese a que este derecho está regulado por la Constitución (Art. 14). La carta magna indica que los requisitos son ser extranjero mayor de dieciocho años, con más de cinco años de avecindamiento en Chile (que se cuentan una vez recibida la residencia temporal) y no haber sido condenado a pena aflictiva.
Cabe recordarles a los diputados que los derechos son progresivos y no regresivos. No se puede despojar de derechos ya consagrados. Preocupa bastante que un partido que se dice progresista, quiera restringir un derecho que ha sido ejercido por personas migrantes que han vivido y participado en el país por más de cinco años.
La senadora Luz Ebensperger de la UDI, en tanto, volvió a su conocido discurso discriminatorio, indicando que las personas extranjeras tendrían “beneficios” por sobre los chilenos, al quedar exentos de pagar multas en caso de no sufragar. No obstante, este relato falaz se contrapone a la realidad de mayor precariedad y vulneración de derechos de las personas migrantes, más aún si se encuentran en situación irregular, que de beneficios, no tiene nada.
Es menester recordarle a la clase política que las personas migrantes tienen derechos civiles y políticos que están regulados por el derecho internacional de los derechos humanos y distintos instrumentos ratificados por Chile, además de la constitución.
Es lamentable que se saquen cuentas electorales -desde la oposición y el oficialismo- a costa de los derechos de un grupo de la población que continuamente es criminalizado, excluido y vilipendiado. Las personas migrantes viven, trabajan, pagan sus impuestos y tienen el derecho de sufragar de acuerdo a las normas vigentes.
De acuerdo al SERVEL, en el segundo proceso constituyente, de voto obligatorio, de las más de 500 mil personas extranjeras habilitadas para votar, alrededor de 200 mil no concurrieron a las urnas. Y del padrón electoral total, solo el 4,4% corresponde a personas migrantes. Entonces, ¿por qué tanta batahola? Al parecer, solo es populismo y más populismo.
