Un intercambio de disparos, con una muerte como resultado, ocurrió en la madrugada del 19 de noviembre de 2023. Agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se afanaban esa noche en rastrear a una banda que se dedicaba al secuestro y la extorsión. Por ello, habían instalado una alcabala en una calle del barrio El Faro de Puerto Cabello, estado Carabobo.
Según la versión oficial que después se ofreció sobre el hecho, un par de sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta por el barrio pasaron de largo el punto de control, desatendiendo la voz de alto.
Los policías empezaron a perseguir a los dos hombres, quienes trataban de evadirse. En un punto de su huída, los sospechosos alcanzaron un galpón próximo al mar, a menos de un kilómetro de la refinería El Palito de Pdvsa, donde se ocultaron. Cuando los policías dieron con los sospechosos, fueron recibidos en ese lugar con disparos de fusil de un empleado del negocio, quien resultó ser un supuesto agente de la Dirección de Inteligencia Militar (Dgcim).
El tiroteo consiguiente fue confuso y la versión oficial no contribuyó a aclararlo. Pero lo cierto es que en el sitio cayó muerto Ángelo Rafael Carrillo, de 35 años de edad, quien era solicitado bajo cargos de homicidio por el Juzgado Segundo de Control de San Juan de los Morros, estado Guárico. Su compañero, Luis Manuel Toro, resultó herido. Ambos trabajaban como guardianes de la chatarrera que funciona en el galpón.
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En ese galpón del barrio el Faro de Puerto Cabello operaba, y sigue operando, la Fundición y Procesadora Atlántica C.A. Se trata de una de las pocas empresas en Venezuela que tiene licencia para exportar chatarra. En un decreto de febrero de 2021, el gobierno de Nicolás Maduro otorgó la calificación de “estratégico” al comercio de la chatarra, entendida esta no solo como los desechos de piezas metálicas de hierro o aluminio, sino también de fibra óptica, tarjetas electrónicas y cartón. La comercialización de este rubro se había erigido para el momento como una alternativa para generar ingresos en divisas que alimentaran las alicaídas arcas públicas, diezmadas por la debacle de la industria petrolera. Así que, con el decreto, el Estado venezolano se reservó ese comercio y la potestad de autorizar a empresas privadas para procesar la chatarra.
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En Fundición y Procesadora Atlántica C.A. dos nombres figuran como accionistas: los de las hermanas María de Los Ángeles y Yhuryseck Berenice Escalante Ferreira. Ambas, junto a su madre, Yurima Ferreira de Escalante, son las propietarias del bodegón Beer & Food Truck, también en Puerto Cabello, reseñado el pasado domingo en un reportaje de Armando.info. Y Yhuryseck Escalante es, además, la esposa del recién ascendido coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Alexander Granko Arteaga, quien se desempeña como jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
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