El exprocurador responde acerca de las recientes leyes aprobadas en el Legislativo, por ejemplo la que declara la inaplicabilidad de la lesa humanidad antes de 2002. “Es una amnistía encubierta”, advierte.
El abogado José Ugaz muestra en la siguiente entrevista una vena bastante crítica sobre la manera en que se han venido comportando los fiscales anticorrupción en el contexto del caso Lava Jato. Iniciado el juicio oral que involucra a la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, considera que en lo que se refiere a los aportantes fantasmas hay pruebas sólidas, pero advierte que la cosa empieza a cojear cuando se argumenta que estaríamos frente a un delito de lavado de activos.
El Congreso ha aprobado una norma que inaplica la lesa humanidad en delitos cometidos antes del año 2002. ¿Es una ley de impunidad?
No es una ley cualquiera. Busca perdonar de responsabilidad penal a quienes han cometido crímenes atroces, no cualquier delito. Estamos hablando de personas, tanto del lado del terrorismo como del lado de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que han cometido incluso genocidio, matanzas colectivas, tortura, asesinatos de niños, mujeres, ancianos. Estamos hablando de casos, por ejemplo, como el que se le imputó al exmilitar Telmo Hurtado, responsable de una matanza colectiva. No es que se está perdonando a cualquiera que ha cometido un homicidio simple. Son crímenes que ofenden profundamente la convivencia de una sociedad que pretende ser civilizada. Sobre el tema jurídico, aquí lo que rige son principios del derecho internacional que señala que, independientemente de la fecha en la que haya entrado en vigor el Estatuto de Roma en el Perú, estos son crímenes imprescriptibles y no debe caber ningún tipo de amnistía. Esta es una amnistía encubierta para generar la imposibilidad de sancionar penalmente a alguien y cuando eso pasa estamos hablando de impunidad.
¿Los jueces podrían no aplicarla por control difuso?
Los jueces tienen esa capacidad, forma parte de su independencia en la administración de justicia. Si ellos consideran pueden inaplicar la norma por considerar que es inconstitucional.
Las modificaciones a la ley sobre crimen organizado son también preocupantes. Especialistas han advertido que benefician básicamente los criminales. ¿El Congreso termina representando más a los delincuentes que a los ciudadanos honestos?
Este Congreso representa intereses del crimen organizado, sin ninguna duda. Vemos todas las modificaciones en los últimos tiempos para debilitar e inutilizar la ley de colaboración eficaz, haciendo recortes a plazos procesales y estableciendo una serie de condiciones que la hacen prácticamente inviable. Luego viene esto del crimen organizado, con la definición de organización criminal que hace que muchos delitos como los de corrupción y otros queden fuera. Debo señalar que muchas veces ha habido en la aplicación de la ley de crimen organizado excesos que han distorsionado las investigaciones…
Usted suele referirse al caso de Pedro Pablo Kuczynski. Es abogado de su exsecretaria.
Por ejemplo, pero ha sido una práctica recurrente en los fiscales que ven casos de corrupción endilgarle el título de criminalidad organizada a cualquier hecho en el que participen más de dos personas. Una organización criminal ni siquiera es una banda. Requiere que haya una estructura jerárquica, una división de roles en el trabajo criminal, un ánimo de permanencia. Por razones procesales, para gozar del plazo extendido de hasta seis años de investigación que permite la ley de crimen organizado, han venido titulando organizaciones criminales que no son tales. Eso ha venido generando un daño al punto que se ha promovido esta ley que lo que hace es desproteger a la sociedad de organizaciones criminales reales como las que operan en el ámbito de las extorsiones, narcotráfico, minería ilegal.
No creo que el Congreso haya actuado para corregir algún tipo de exceso. La impresión es que actúa para proteger sus propios intereses.
No tengo ninguna duda, pero me parece relevante resaltar el punto. A veces cuando se producen estos excesos se les da pretexto a quienes representan intereses criminales para hacer modificaciones. No es casual que estas leyes que vienen del Congreso para favorecer intereses ilegales siempre llevan por título “ley que busca reforzar”, “ley que propone mejorar”.
Tampoco van a titular “ley que propone aliviar la carga de los criminales en el Perú” o algo así, ¿no?
Es verdad, pero cuando uno lee esos títulos en el fondo queda claro que están escondiendo una intencionalidad: favorecer a las organizaciones criminales o a ellos mismos en la medida en que representan esos intereses o están siendo investigados por hechos delictivos.
¿Coincide en que el único freno contra la captura institucional que proviene del Congreso es el sistema de justicia, concretamente el Poder Judicial, a pesar de todas sus limitaciones?
Creo que sí. Con todas sus miserias. La justicia peruana no está en su mejor momento. Hemos visto la crisis profunda del Ministerio Público y del propio Poder Judicial, visible con la investigación de los “Cuellos Blancos”. Sin embargo, se ha convertido, en medio de este caos y esta arremetida de intereses criminales, en una institución que ha puesto un pare. Cuando el Congreso ha querido arremeter contra intereses nacionales ha sido el Poder Judicial, a través de medidas cautelares, el que ha impedido que esto ocurra, porque ni siquiera el Tribunal Constitucional nos puede garantizar una interpretación adecuada de la Constitución y de las leyes está jugando muchas veces en comparsa con los intereses del Congreso.
Empezó el juicio oral por el caso cocteles. Ya escuchamos el alegato de apertura del fiscal José Domingo Pérez. ¿Le parece que hay un caso sólido?
En un aspecto, en el tema de los testaferros, hay un caso sólido. Las falsedades, los documentos que se generaron para justificar esos aportes que han venido de otro lado son irrefutables. Pero en la alegación mayor, de que se trata de un delito de lavado de activos, es donde veo que la Fiscalía no tiene un caso sólido, al punto que el fiscal altera los hechos. Ha sido desmentido por algunos empresarios que han sido involucrados. Lo del señor Briceño es lo más notorio. Todos los testigos que han declarado señalan que el dinero que se recaudó en esa famosa reunión no fue para la campaña de Keiko Fujimori. La Confiep ha presentado una auditoría de una empresa de prestigio internacional que señala de dónde salió ese dinero y a dónde fue a parar. Fue una campaña de medios de comunicación para resaltar la importancia del sector privado en la actividad económica. Sin embargo, la Fiscalía sigue dándose cabezazos contra la pared insistiendo en que el señor Briceño recolectó plata de Odebrecht para Keiko Fujimori y eso es totalmente falso. Estas distorsiones en las que está incurriendo el fiscal hacen ver de que no tiene un caso sólido y por eso está forzando determinadas circunstancias. El lavado de activos exige que exista un delito precedente. No es cierto que el dinero tenga un origen ilegal. En el caso de aportes de empresarios privados ese dinero proviene de fondos legítimos de empresas o grupos empresariales. En el peor escenario ha habido un exceso a los límites administrativos que establecía la ley porque en esa época no existía el delito de financiamiento ilegal de las campañas políticas.
La Fiscalía argumenta que a Fujimori se le entregó dinero sin bancarizar, sin rendir cuentas a la persona jurídica a la que estos empresarios representan, y que desde ahí ya se puede empezar a desprender que la excandidata sabía que el origen no era de fuente ilícita. ¿Qué responde?
La tesis de la defraudación de la persona jurídica es absurda. La ley establece ocho causales en las que se puede defraudar a una persona jurídica y no es el caso ni de Briceño, ni de Rassmuss Echecopar, ni del señor Romero. Ellos han actuado con autorización de sus estatutos que establecen que tienen capacidad de gasto hasta cierto porcentaje sin necesitar ningún tipo de aprobación. La prueba de que no ha habido tal fraude en la administración de personas jurídicas es que nadie de esas empresas ha denunciado a quienes hicieron las donaciones. Sostener que ese dinero no es de ellos, que no podían disponer de él, que han defraudado a sus socios, a sus clientes, es una tesis estirada y huérfana jurídicamente hablando y no se sostiene por ningún lado. Peor aún, si se tratara de un delito de fraude en la administración de personas jurídicas, está prescrito hace mucho tiempo porque tiene una pena muy baja. Por lo tanto, ya sea por el tema sustancial o formal, la Fiscalía no tiene un caso de lavado. Su reto es demostrar que el dinero que vino de Odebrecht para el financiamiento de las campañas sí tuvo un origen ilegal en la Caja 2 que los candidatos pudieron y debieron presumir por la forma en que se hizo la entrega: en efectivo, clandestina. Se me ocurre que eso no lo tienen tan acreditado y por eso están haciendo esta suerte de malabares jurídicos.
Hay que recordar que usted acompañó al señor Dionisio Romero Paoletti a brindar su testimonio. Es más, ha dicho que lo que señaló el fiscal Pérez en su alegato -que bajó 17 veces a la bóveda de su banco para retirar tres millones seiscientos mil dólares- es falso. Ya que estuvo ahí, ¿cuál es su versión de lo que declaró el señor Romero Paoletti?
El señor Romero, presidente en ese momento de Credicorp, consultó con el gerente general en una circunstancia política y así lo ha declarado. Lo que estoy diciendo no es invento mío. El fiscal (Pérez) ha tratado de desautorizarme diciendo que eso le corresponde decirlo a Romero. Pero ya lo dijo y su versión está escrita. Nunca el señor Romero bajó a las bóvedas, ni retiró dinero del banco para hacer las entregas. Ese dinero vino bancarizado desde Credicorp al Banco de Crédito del Perú y fue retirado de ahí. Por lo tanto, esa figura que puede ser desde el punto de vista noticioso muy atractiva e impactante de imaginarse a un presidente de un banco bajando a una bóveda a retirar dinero… para empezar en las oficinas principales no existe dinero en bóveda. Eso está en las agencias.
Lo escucho mucho más crítico del fiscal Pérez que hace unos meses. ¿Es por el alegato? ¿O ya viene desde antes?
Él ha ido desdibujando su trabajo. Está el caso que usted mencionó, el del expresidente Kuczynski. Ahí sí soy parte, porque defiendo a la que fue su secretaria, involucrada en una supuesta organización criminal junto con el chofer. Eso es caricaturizar la idea de lo que es una organización criminal. Lamentablemente, circunstancias como las que menciono han desdibujado parte de ese buen trabajo que han hecho en otros temas los fiscales anticorrupción.
Una curiosidad: ¿Es compatible su perfil de exprocurador anticorrupción, de expresidente de Transparencia Internacional, con la representación de una persona como Romero Paoletti involucrada en un caso de presunta corrupción? Más allá del resultado final que vaya a tener el juicio.
Antes de asumir una defensa uno evidentemente hace un análisis. En mi caso tengo determinados estándares. No sólo son míos sino de la firma en la que participo. Hay una evaluación de un caso para decidir si se toma o no. Si fuera por el solo hecho del título de la imputación probablemente no podría defender nada. Si a una persona inocente la acusan de ser un violador o narcotraficante y por el solo hecho de que hay una acusación uno dice “no me voy a meter”, desde mi punto de vista sería absurdo. En este caso en particular actué como abogado de un testigo –no de un imputado–. Y actúe precisamente aconsejando al señor Romero que se presente a la Fiscalía. Creo que mi participación como abogado ha sido una de contribución a la administración de justicia y al esclarecimiento de los hechos, porque perfectamente el consejo ha podido ser otro: no vaya, calle, mienta, oculte, y ese no ha sido el caso.
¿Qué piensa que puede venir en el futuro? Por ejemplo, ya hay treinta partidos inscritos para las elecciones generales y eso más parece una rifa, una especie de tómbola.
Lo miro con mucha preocupación. Es vergonzoso lo que ha ocurrido en materia de regulación electoral. Cuando se decidió en este Congreso, que representa los intereses delictivos a los que ya nos hemos referido, que no debería darse pie a una ley que permita en elecciones previas reducir el número de candidatos, lo que han buscado es la dispersión de grupos o grupúsculos que no son partidos políticos, que no tienen un ánimo de permanencia, que no tienen un ideario ni un plan, salvo hacer precisamente lo que están haciendo ahora: destruir la institucionalidad del país en favor de intereses, subalternos y delincuenciales. Salvo que se produzcan alianzas importantes en los meses que quedan de aquí a las elecciones, la fragmentación le hará un daño tremendo al país. Si como se anuncia vamos a una elección con más de 30 candidatos, vamos a tener más de lo mismo o peor, porque siempre se puede estar peor. Ahí vemos al Legislativo con un 5% o 6% de aceptación, a un Ejecutivo en ese mismo nivel. Es un desastre nacional.
Y que mandan cartas juntos. Me refiero a la comunicación que enviaron a la Corte IDH.
Un papelón internacional que también abre otro ámbito de daño al país.
Releí “Caiga quien Caiga”, su libro de memorias sobre el caso Montesinos-Fujimori. ¿Ve alguna similitud con la situación de hoy?
Yo creo que son situaciones similares en cuanto a sus consecuencias, aunque hay una diferencia notoria y es que, en el caso de la red que integraron Fujimori-Montesinos, ahí sí estamos hablando de una organización criminal muy bien estructurada que había cooptado todos los niveles de poder del Estado. Había una suerte de mando unificado, un triunvirato en el que interactuaban Fujimori, Montesinos y el general Hermoza, los tres condenados a 25 años de cárcel. Hoy lo que tenemos son grupúsculos de distinto calibre con intereses diversos del lado criminal y de la corrupción. Pero hay resultados similares: la destrucción institucional del país y el desmontaje de leyes y normas que hagan que el Perú sea un país razonable para vivir.
