«Hola, me llamo Celia, tengo 25 años, soy activista y estoy aquí porque una persona con una acción me ha cedido su invitación». De esta forma, una joven iniciaba su intervención en la reciente junta general de accionistas de una gran empresa cotizada. La chica utilizó el título cedido para tomar la palabra y dirigirse directamente al consejo de administración de la empresa, criticando ante el auditorio la política de sostenibilidad llevada a cabo por la compañía. Sin duda, fue un momento embarazoso para los responsables y un ejemplo de que las juntas están dejando de ser un paseo triunfal para los consejos de administración. Tradicionalmente, en estas asambleas, los accionistas refrendaban uno a uno los puntos del orden del día propuestos por los órganos de gobierno de las sociedades sin mayores sobresaltos. Sin embargo, hoy en día, la implicación («engagement», en inglés) de los distintos grupos de interés («stakeholders») va en aumento, lo que está produciendo una creciente fiscalización entre las cotizadas. Y es que los accionistas, aparte de voto, también tienen voz, la cual alzan cada vez más fuerte, especialmente si consideran que hay deficiencias relacionadas con criterios ESG (Environmental, Social and Governance). Ganan así importancia movimientos como el activismo accionarial, entendiéndose éste como cualquier diálogo, cuestionamiento, queja o acción de los socios de una compañía que tiene como intención influir sobre las políticas y conductas de los gestores de las sociedades.
Hasta hace pocos años, aspectos como las remuneraciones de los consejos o la política de sostenibilidad pasaban prácticamente desapercibidos en las asambleas anuales, al menos en España. Pocos eran los grupos que se atrevían a contravenir al consejo, a excepción de los sindicatos que, tradicionalmente, han utilizado las juntas como altavoces para trasladar sus reivindicaciones. Sin embargo, la tendencia está cambiando, y crecen las interpelaciones sobre aspectos que van más allá de los meramente económicos.
La Directiva de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas (SRDII) de 2017, que España traspuso en 2021, y el «Código de buenas prácticas de inversores» de la CNMV, aprobado el pasado año, son iniciativas que están encaminadas a incrementar la participación de los accionistas en las estrategias de las compañías. Pese a que se trata de una legislación relativamente nueva, los resultados comienzan ya a ser constatables, tal y como señalan los expertos. «En las últimas juntas, hemos detectado una mayor implicación por parte de los accionistas. Algo que se ha notado no solo en el incremento del quórum, sino también en el número de intervenciones y en el porcentaje de votos en contra de las propuestas del consejo, especialmente de las que tienen que ver con las remuneraciones de las cúpulas directivas, que son objeto de bastantes críticas», expone Juan Prieto, CEO de Corporance Asesores de Voto.
Aunque esta implicación está despegando en España, cuenta con gran tradición en los países anglosajones, especialmente en EE UU, cuna de este «control» que los grupos de interés ejercen sobre los gestores de las compañías a través de la misma. De esta forma, está irrumpiendo la figura de los inversores accionistas. Nacidos de una mayor concienciación medioambiental, social y política, estos vehículos de inversión son un verdadero «terror» para las cúpulas directivas. El objetivo de estos inversores, que suelen ser firmas de capital riesgo, hedge funds o individuos particularmente ricos con experiencia empresarial, es conseguir que se produzcan cambios en las empresas que cuentan con alguna deficiencia o tienen margen de mejora para lograr una rentabilidad sostenible. Para ello, llevan a cabo una estrategia de «Caballo de Troya», ya que adquieren participaciones en empresas que consideran que no están ejerciendo un adecuado gobierno corporativo para, de esta manera, y ya desde dentro, poder incorporar sus propuestas en el orden de las juntas (en España, es necesario un porcentaje superior al 3%).
Junto al de los fondos, existe otro activismo más tradicional, que es el que ejerce el «accionariado crítico». Para lograrlo, determinados grupos adquieren también participaciones en empresas, aunque más modestas que las de los fondos, para, posteriormente, cederlas a organizaciones de carácter social con el objetivo de que puedan intervenir en las juntas y lanzar sus mensajes en presencia del resto de accionistas (como fue el caso de Celia). De esta forma, llegan al corazón de las grandes compañías consignas que anteriormente solo se podían «gritar» en las calles, pretendiendo «remover» la conciencia del resto de accionistas.
La inversión de naturaleza activista en compañías españolas ascendía en el primer trimestre del año a 2.095 millones de euros, lo que sitúa a España en la duodécima posición mundial y en la novena europea, según el informe «MS40 Activist Ownership Analysis», elaborado por Morrow Sodali.
Este activismo accionarial ha recibido recientemente un espaldarazo en Estados Unidos, precisamente el país donde nació y en el que está más extendido. Un juez de Texas ha desestimado recientemente la demanda presentada por ExxonMobil contra Arjuna Capital y Follow This, que pidieron a la mayor petrolera del mundo adoptar objetivos climáticos más estrictos. La compañía quería impedir que la propuesta se sometiera a votación en la junta de accionistas argumentando que los dos grupos estaban guiados por una «agenda extremista».
Por ejemplo, Follow This es una organización neerlandesa centrada en objetivos climáticos que persigue ser accionista de referencia a base de representar a pequeños titulares anónimos que ceden su voto en favor de su causa. Por su parte, Arjuna es un fondo de inversión especializado en adquirir acciones de cotizadas y promover cambios en las asambleas anuales en temas relacionados con la igualdad racial o de género.
Y no ha sido la primera vez que ExxonMobil recibe un órdago por parte de estas organizaciones. En 2021, el «hedge fund» Engine No.1, que contaba con una participación de apenas el 0,02% de la petrolera, ya solicitó un plan más ambicioso de lucha contra el calentamiento global.
Pese a su escasa representación, Engine No.1 logró su propósito y, además, se aseguró dos puestos en el consejo de administración de ExxonMobil, ya que los grandes fondos de pensiones de trabajadores públicos de Nueva York y California, y el todopoderoso Black-Rock se sumaron a su petición.
En España, el fondo activista más dinámico es The Children’s Investment (TCI), el vehículo de inversión de Chris Hohn. Su influencia en el Ibex 35 ha quedado más que constatada. Por ejemplo, fue el artífice del viraje de AENA en su estrategia climática. En 2020, TCI solicitó introducir en el orden del día de la junta del gestor aeroportuario el compromiso de presentar un Plan de Transición Climática. La compañía se mostró reticente a la propuesta. Por este motivo, Hohn escribió a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Tras esta intervención y después de mantener conversaciones con la compañía, Maurici Lucena, su presidente, declaró, tras conversar con Hohn, que el grupo iba a presentar un ambicioso plan de transición climática. Las propuestas fueron finalmente incluidas ante la junta y los tres puntos sobre Acción Climática fueron aprobados con el 99,2%, el 98,2% y el 96,5% de los votos. El resultado final de todo aquel proceso fue que AENA presentó en 2021 su primer Plan de Acción Climática para el periodo 2021-2023.
TCI y Hohn también son unos de los principales accionistas de Ferrovial tras la familia Del Pino. De hecho, el fondo fue el mayor impulsor de que la constructora trasladase su sede a Países Bajos para facilitar de esta manera su salto a Wall Street.
Sir Chris Hohn es, sin duda, una figura controvertida. Su entrada en el capital de grandes compañías suele poner patas arriba la gestión de las mismas, convirtiéndose en un verdadero «incordio» para los consejos de administración. Y es que TCI no es un fondo al uso, como tampoco lo es su CEO como inversor. A diferencia del resto, toma un papel activo en la gestión de las compañías en las que participa y, a menudo, lo hace con una estrategia agresiva y directa que huye de las medias tintas, escapando de la diplomacia empresarial. Por todo ello, Hohn se puede considerar, hoy en día, el máximo exponente del inversor activista.
Además, al contrario de la estrategia que siguen otros accionistas representativos, que prefieren negociar con los responsables de la empresa en «petit comité», Hohn tiene como costumbre publicar en la web de TCI las cartas que envía a los directivos de las sociedades de las que es accionista, en las que les expresa sus discrepancias con su gestión, y se enorgullece de derribar a consejeros delegados y presidentes que, a su juicio, no hacen «las cosas bien».
Hohn se define a sí mismo como un inversor filántropo. Y es que una buena parte de los beneficios que le reportan sus inversiones se destina a obras benéficas. Precisamente, su fondo adquiere su denominación por estar centrado en la infancia, ya que su objetivo es ayudar a niños que viven en la pobreza a través de Children’s Investment Fund Foundation (TCI FF).
Los orígenes modestos de Hohn, hijo de un inmigrante de origen jamaicano que se ganaba la vida como mecánico y de una secretaria, no le impidieron estudiar en la Universidad de Southampton y cursar un MBA en Harvard. En 2003, tras su paso por Apax Partners y Perry Capital, fundó la gestora TCI y también la fundación. Desde entonces, ha conseguido amasar una gran fortuna con importantes rentabilidades para sus clientes. De hecho, TCI fue el año pasado el fondo libre («hedge fund») con mejor comportamiento. El beneficio generado a sus partícipes ascendió a 12.900 millones de dólares. TCI logró un retorno para sus inversores del 33%. Desde su lanzamiento, se estima que ha generado unas ganancias de 74.000 millones de dólares.
TCI actualmente cuenta con participaciones en compañías como Alphabet, Canadian National Railway, Citadel, Visa y General Electric.
Este movimiento de accionistas que deciden intervenir en las decisiones de las empresas en las que invierten se extiende. Y como muestra, un botón. Las campañas lanzadas por el activismo entre enero y junio ascendieron a 147, un 29% más en comparación con el promedio de los últimos cinco años, lo que lo convierte en el semestre más activo desde que existen registros, según el análisis realizado por Lazard. Destacaron especialmente las campañas realizadas por «primerizos», que aumentaron un 7%, marcando también un récord. Estos fondos que se estrenaban en el mercado protagonizaron una de cada tres campañas, y representaron casi la mitad, el 46%, del dinero invertido. En el primer semestre de 2024, Europa y Estados Unidos mantuvieron el dinamismo de 2023, un año también de récord, mientras que la región Asia-Pacífico experimentó un importante aumento de las campañas, prácticamente igualando en solo seis meses los niveles del año pasado.
A tenor de estos datos, Lazard destaca que «el universo activista continúa expandiéndose y diversificándose, con una mayor intensidad por parte de actores centrados en regiones o sectores y una mayor proporción de actividad de activistas de nueva incorporación».
Aunque el activismo accionarial no es un fenómeno nuevo, sí que de la mano de la ESG ha entrado en una nueva dimensión. Y es que estos accionistas se sienten responsables de las prácticas de las compañías en las que invierten, buscando rentabilidad, pero de forma sostenible.
