El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, prepara una Orden Ministerial para liberalizar el transporte de viajeros por ferrocarril en las líneas de Media Distancia, Avant y los servicios de Cercanías como los que operan en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana. El proceso pondrá a competir a Renfe, la empresa que ahora opera todos estos servicios por adjudicación directa, con otras compañías como Ouigo o Iryo, que ya operan en alta velocidad, y podría ser una realidad ya en 2028, aunque en algunos servicios la apertura podría adelantarse a 2026.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado luz verde al proyecto que prepara Puente para «regular los procedimientos de otorgamiento de las autorizaciones para la prestación de estos servicios, allanando así la entrada de nuevos operadores en este mercado«, según el borrador que Puente sometió a la valoración del regulador en abril de este año. Este miércoles, ha difundido un informe que «valora positivamente» los planes del Ministerio, aunque pide adelantarlos sobre la fecha que supone que Puente tiene prevista, de 2033 a 2028 en términos generales.
Los servicios ferroviarios a los que, una vez aprobada la Orden Ministerial, se dará entrada a la competencia son de Cercanías, Media Distancia Convencional, Alta Velocidad Media Distancia (Avant) y Ancho Métrico, que en estos momentos opera Renfe en virtud de un contrato que se firmó en diciembre de 2018 con una duración de 10 años, de modo que expira en 2027.
Este contrato es prorrogable por cinco años más y la CNMC da por hecho de la redacción del borrador de la Orden Ministerial que la intención de Puente es conceder este tiempo extra, con el que Renfe no dejaría de operar en exclusiva todos estos servicios hasta 2033. Por el contrario, el regulador le pide que adelante la liberalización. «Se recomienda no prorrogar en los mismos términos el contrato de Renfe, sino prever la licitación progresiva, de forma que los primeros servicios, ya licitados, pueda iniciarse el 1 de enero de 2028«, dice a Puente en su informe.
Asimismo, en el contrato vigente con Renfe, hay una cláusula que limite la prestación de alrededor del 3% de los servicios hasta el 1 de enero de 2026. La CNMC pide al Ministerio que «clarifique a la mayor brevedad posible» qué servicios son esos para que ya puedan abrirse a la competencia dentro de año y medio. Para la CNMC, esta especie de avanzadilla «es una oportunidad para comprobar el interés de las empresas ferroviarias por la entrada en la prestación de estos servicios sujetos a Obligaciones de Servicio Público (OSP) y ganar experiencia en el diseño de este proceso».
El proceso, con los plazos que finalmente decida el Gobierno, se iniciará una vez que se apruebe la Orden Ministerial que, después de obtener el visto bueno de la CNMC, también deberá pasar por la aprobación de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Ejecutivo, que preside la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Una vez pasados todos esos trámites, se iniciará un proceso en el que operadores como Ouigo o Iryo, que ya compiten con Renfe en cada vez más líneas de alta velocidad, podrán presentarse a licitaciones para operar servicios de Cercanías, Avant o Media Distancia. Para ello, deberán contar con una autorización del Ministerio de Transportes mediante un procedimiento de licitación público, transparente y no discriminatorio.
A la hora de lanzar los pliegos de licitación, Transportes se plantea agrupar en lotes distintas rutas o servicios para permitir que los operadores hagan rutas conjuntas por ellas.
No obstante, el Gobierno puede mantener la adjudicación directa de servicios ferroviarios para pasajeros en algunos supuestos, como cuando el valor anual del contrato no supere los 7,5 millones, por complejidad o aislamiento técnico de la red o cuando suponga una mejora de la calidad. En este caso, el Ministerio de Transportes deberá motivar el motivo de hacer contratos directos no licitados, que podrá ser revisada por un organismo independiente. En su informe sobre el borrador de Orden Ministerial, la CNMC pide «minimizar» estos casos, sobre todo en el caso de administraciones locales, de modo que queden reducidos a cuando los concursos queden desiertos.
A pesar de que esta opción existe y en su línea de defensa de la competencia que le ha llevado en dar la razón en diversas ocasiones a los contenciosos entre Adif o el Ministerio y Ouigo e Iryo, la CNMC recuerda en su informe que otros países como Alemania, Francia e Italia ya han empezado a abrir estos servicios a la competencia.
De momento, se desconoce la fecha en la que Transportes aprobará la Orden Ministerial que dará pistoletazo de salida a la apertura a la competencia de unos servicios ferroviarios en torno a los que, por unos motivos u otros, en estos momentos hay mucho movimiento.
Por lo que respecta a Cercanías, estos servicios claves en comunidades muy pobladas como Madrid o Cataluña han sido protagonistas en los últimos meses de numerosas incidencias, retrasos o, incluso en el caso catalán, de robo de cobre que paralizó el servicio en días tan clave como el de las últimas elecciones a la Generalitat, el pasado 12 de mayo. Allí, además, el Gobierno y la Generalitat empezaron hace meses a negociar el traspaso de Rodalies, que deben quedar en manos en una nueva empresa pública conjunta para operar la red que ahora mismo solo es competencia de Adif, el gesto de las infraestructuras a las que no afectaría la liberalización, pero en las que también interviene Renfe y, en particular, los sindicatos en representación de sus trabajadores.
Cuando este proceso termine, corresponderá a la nueva empresa de la que participará la Generalitat licitar los servicios de Rodalies y ante la posibilidad de que así lo hagan las distinta administraciones públicas responsables de diversos servicios ferroviarios, la CNCM pide a Transportes «unas normas comunes aplicables a todas las comunidades competentes».
Por otra parte, Transportes espera que a finales de este año o principios del que viene empiecen a llegar los nuevos trenes con los que, además de en otras redes, piensa renovar toda la red de Cercanías en Madrid. Los convoyes seguirán perteneciendo a Renfe, que en unos años previsiblemente empezará a competir con otros operadores, que cubrirán algunas de sus rutas con sus propios convoyes. En este sentido, el borrador de la Orden que prepara Puente contempla «garantizar el acceso al material rodante del operador saliente» -Renfe, en el caso actual en que es el único- «por el operador adjudicatario», «previa compensación de precios de mercado».
Por último, el plan para abrir a otras empresas rutas y servicios que ahora solo ofrece Renfe introducirá previsiblemente también una competencia en precios, como ya está sucediendo en las líneas de alta velocidad en las que van entrando Ouigo e Iryo que han contribuido a abaratar notablemente los billetes y también han provocado un contencioso entre la compañía francesa y Ministerio de Transportes, que la acusa de «prácticas anticompetitivas».
Tal y como avanza la CNMC en su informe, el Ministerio de Transportes prevé que las empresas que se presenten a las licitaciones incluyan en su oferta su política pero no se incluye este aspecto entre los criterios de adjudicación. El regulador considera que «se debería clarificar si la política tarifaria es una variable de la licitación o, por el contrario, es una competencia de la autoridad competente, como lo es en la actualidad», en la que cada operador de alta velocidad fija el precio de sus billetes.
