España es el país que más presas destruye de toda Europa, con unas cifras que resultan alarmantes si observamos lo que ocurre en el resto de países de la Unión Europea. Según el informe Dam Removal Progress 2021, en tan solo dos años, durante el período comprendido entre 2021 y 2022, fueron derribadas un total de 256 presas en nuestro país, lo que supone el 50% de las eliminadas en Europa: por ejemplo, en países como Alemania y Suiza solo fueron derribadas cinco y una, respectivamente, en ese mismo período.
Bien es verdad que algunas están consideradas barreras fluviales, represas, azudes o similares, y que no todas sirven para el regadío, la producción eléctrica o el abastecimiento humano de agua. Sin embargo, los expertos las ven necesarias en un entorno cada vez más seco en el que las precipitaciones a lo largo del año son muy escasas. Desde la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) admiten que muchas de estas infraestructuras hidráulicas son pequeñas, de menos de dos metros de altura, y que están en desuso o en mal estado. Sin embargo, los regantes avisan de que estos derribos, «133 en 2021», deben hacerse con la tramitación ambiental necesaria y previos estudios que aseguren que no se perjudiquen las garantías ni disponibilidad de agua para los agricultores, ni para el resto de demandas como consecuencia de la sequía.
Presas como la de Yecla de Yeltes, ubicada en Salamanca, la Presa do Inferno de Pontevedra, o la Hoz Seca de Guadalajara, ya son historia. Otras tantas como la de Los Toranes (Teruel), o la de Contreras Mirasol (Cuenca), perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Júcar, podrían seguir los mismos pasos si el Tribunal Supremo ratifica la obligación por parte de las empresas concesionarias, de demoler dichas infraestructuras.
La demolición de la presa Los Toranes, ubicada en el río Mijares, en Teruel, ha generado una fuerte oposición por parte de los vecinos y regantes de la zona, que ven cómo un siglo después de ser construida, y con una capacidad de medio hectómetro cúbico, podría ser demolida tras la caducidad de la concesión en 2018. El Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) ha ordenado su demolición, argumentando que su mantenimiento es contrario al interés público y a las exigencias medioambientales.
Pero la realidad de esta presa, como la de tantas otras ya desaparecidas, es bien distinta. «Que una concesión hidroeléctrica llegue a su fin, no debe suponer el desmantelamiento de la infraestructura», afirman desde SOS Rural.
[[QUOTE:PULL|||Los expertos ven necesarias las presas en un entorno cada vez más seco y con menos precipitaciones]]
Las presas y embalses, al margen de generar energía, realizan una función de almacenamiento y regulación esencial. Pueden ser reconvertidas para regadíos, con fines recreativos o turísticos, o bien como meros puntos de abastecimiento de agua para combatir los incendios forestales. «Los usos son infinitos, por lo que es importante mantener esas infraestructuras como elementos dinamizadores del territorio, sobre todo cuando estamos hablando de la España vaciada», argumenta Javier Poza Llorente, secretario general de SOS Rural, que se muestra partidario de detener esta «aberración».
Para Llorente, estas infraestructuras desarrollan una función de control hidrológico y medioambiental fundamental. En muchos casos son generadoras de riqueza y empleo, ofreciendo regadío, turismo de aventura, y atracción cultural. «Que pregunten a los habitantes del medio rural lo que opinan sobre su destrucción», matiza.
En medio de la sequía persistente, son muchos los ciudadanos que no entienden su destrucción. Los municipios afectados defienden a capa y espada la rentabilidad y la sostenibilidad de las instalaciones, además de su importancia para el regadío, pensando en la economía y en mantener la escasa población rural, ya de por sí muy lastrada.
Francisco Javier Flores, presidente de SEPREM (Sociedad Española de Presas y Embalses), opina que el falso pretexto es la restauración de la naturaleza y la recuperación de los ríos. «Son argumentos falaces», señala, ya que «todas las presas se han hecho para laminar avenidas y evitar inundaciones, almacenar el agua para utilizarla durante los largos períodos de sequía, derivar agua y ser utilizada para usos productivos, o para aprovechar su fuerza motriz y su energía potencial cuando se embalsa».
Añade Flores que los entornos de los embalses son más ricos en fauna y flora, con aves migratorias que cambian sus itinerarios. Nuestro desarrollo siempre ha crecido paralelo a la disponibilidad de agua y energía, por lo que «la demolición de presas y embalses, en un país como España, es una muy mala solución propia de talibanes».
Muchos ciudadanos consideran que el derribo de presas en España es una medida exclusiva para obtener más ayudas europeas relacionadas con la normativa de la PAC, en lugar de pedir mayor flexibilidad para ajustarse a la realidad medioambiental de la península y abordar la gravedad de la sequía y la escasez hídrica que afecta a las regiones.
«Desde el gobierno se llenan la boca de medidas contra la despoblación, de la importancia de un medio rural vivo, del saber hacer de los agricultores y ganaderos, y de nuestro sector agroalimentario, pero a la primera de cambio, ponen todo tipo de trabas e impedimentos para el desarrollo de cualquier tipo de actividad económica en las zonas rurales», destaca el secretario de SOS Rural, catalogando las medidas de derribo como «un despropósito de dimensiones descomunales».
La conocida «Carta del Agua» propone mantener estructuras de colaboración técnica permanente para diagnosticar y resolver problemas, y crear guías y buenas prácticas para facilitar el cumplimiento de los procedimientos administrativos. Para el presidente de SEPREM, falta una planificación que integre el agua y la energía que, además, tenga como objetivo satisfacer las demandas con racionalidad y eficiencia. «Hay presas como la de Contreras Mirasol que, con muy pocas actuaciones, podrían aprovecharse para construir centrales reversibles y servir para ahorrar agua y almacenar energía», concluye.
