Faltas de respeto y consideración, humillación y descrédito ante sus compañeros, desplantes, tono violento y despótico, y castigos como poner su mesa de trabajo mirando hacia la pared o desconectarle de la red para que no pudiera seguir cumpliendo sus labores habituales. Esto es lo que se encontraba día tras día la antigua técnica de Desarrollo Local de Braojos de la Sierra por parte de su jefe, el alcalde Ricardo José Moreno Picas (PP), y que ahora acredita una sentencia.
La resolución judicial ha fallado a favor de la trabajadora, quien ha sufrido un acoso laboral y trato degradante continuado durante años, y quien tendrá que ser indemnizada con 15.000 euros para resarcir el daño causado solidariamente por parte del Ayuntamiento de Braojos y su regidor, los dos condenados.
Emitida por el juzgado de lo Social número 16 de Madrid, la sentencia 211/2024 será recurrida por el regidor ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De todas formas, este resultado positivo para la trabajadora, a quien todavía le cuesta poder hablar de lo vivido desde 2019, es un paso más para poder superar el trauma. “Es importante porque aquí queda reconocido todo por lo que he pasado. Cuando me enviaba esos correos el alcalde, yo sentía miedo, que no valía para nada. Es una situación que te lleva al límite, y él siempre te machacaba más”, dice la ya antigua empleada en Braojos de la Sierra, localidad madrileña de algo más de 200 habitantes.
Ella se refiere a los correos electrónicos que intercambiaba con el alcalde, Moreno Picas, en su labor del día a día. Aportados decenas de ellos en la denuncia, la jueza que emite la sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, confirma que “desde 2019, el alcalde se dirige a la actora en sus comunicaciones escritas de modo autoritario y despótico, realizando la corrección de sus cometidos e indicaciones en un tono innecesario y desproporcionado, que a cualquier persona pudiere llegar a afectar en su propia estima o consideración, más aún, cuando algunas de dichas comunicaciones se realizan en correos electrónicos dirigidos a varios empleados o estando éstos en copia”.
Además, la magistrada recalca el continuo uso de las mayúsculas en los correos electrónicos de Moreno Picas “como símbolo de mayor contundencia en lo que se quiere trasmitir y que en algunas ocasiones alcanza la amenaza de la pérdida de empleo”. Por su parte, el alcalde se ha limitado a afirmar, por medio de su abogado, que la sentencia será recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Entre las humillaciones sufridas por la técnica se encuentra la que el alcalde de Braojos practicó cuando decidió colocar el puesto de trabajo de la técnica de Desarrollo Local mirando hacia la pared. “Pese a haberse solicitado por la trabajadora que nuevamente se coloque en sentido inverso, aludiendo a sentirse ”arrinconada“, ninguna modificación de la distribución del mobiliario ha sido acordada desde la alcaldía”, concretiza la sentencia.
Los desprecios eran constantes. La propia sentencia recoge otro acaecido el 5 de octubre de 2022. La trabajadora remitió el justificante facultativo de reposo de 24 horas por una enfermedad. Moreno Picas contestó “aludiendo a la repercusión económica del reposo y refiriéndose a la demandante, no por su nombre sino como ”la remitente“, lo que implica un claro desprecio hacia la trabajadora”, tal y como se desprende de la resolución judicial.
Apenas dos días antes, ante la ausencia de la trabajadora en el Ayuntamiento, a pesar de que estaba teletrabajando, el regidor “sin previa advertencia ordena desconectar la conexión de la demandante e imposibilitar su prestación de servicios a distancia. Se trata de un modo de proceder injustificado, que generó, como era previsible, el desconcierto en ella”, remarca la resolución.
Además, en diciembre de ese mismo año, el alcalde “pretendió, sin justificación alguna, dejar fuera de una mesa de una contratación a la actora y sustituirla por el peón o la limpiadora, lo que, sin otras consideraciones de orden legal, implica un claro menosprecio a la labor de la demandante”, recoge la misma sentencia. En la condena, la magistrada exhorta a las partes demandadas “al cese inmediato de su conducta continuada de trato degradante” hacia la trabajadora.
Que el demandado se dedicara a la política no ha ayudado en este periplo judicial emprendido por la trabajadora acosada. “La gente tiene mucho miedo. Me decían que esto había que aguantarlo, que él es así… Pero no, todo tiene un límite y nadie debe pasar por lo que yo he pasado, y más tratándose de un representante político público”, opina la técnica. Ella, que llevaba en Braojos 15 años contratada como personal laboral, además sentía cierto temor por si Moreno Picas le despedía. “Si tienes hijos, encima eres mujer y vas cumpliendo años, todo agrava la situación”, añade.
Algo más de medio año después de haber denunciado los hechos en diciembre de 2023, la antigua empleada encuentra en la justicia lo que en su labor cotidiana como trabajadora le han arrebatado: “No se puede permitir que pisoteen así la dignidad de alguien. Me sentía humillada continuamente por su acoso”, comenta esta empleada que, un día después de la celebración del juicio oral, renunció a su trabajo en el Ayuntamiento de Braojos de la Sierra.
La trabajadora se reafirma en la necesidad de denunciar este tipo de realidades que, aunque se trate de municipios tan pequeños como Braojos de la Sierra, siguen ocurriendo. “También he tenido la suerte de estar arropada de mi sindicato, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) Sierra Norte de Madrid, donde me han asesorado y defendido durante el proceso judicial. Estar arropada ha sido fundamental para seguir adelante con todo esto”, valora. Y añade: “En esta vida, pocas cosas podemos hacer solos”.
Gonzalo Mañes ha sido el letrado del gabinete técnico confederal de la CNT que ha abordado el caso desde el principio. “Si algo demuestra y acredita esta sentencia es que el acoso laboral no solo existe en la empresa privada, sino también en las Administraciones públicas”, aclara. El abogado considera que es una sentencia importante ya que hace patente “la sensibilidad cada vez mayor de los trabajadores frente a este tipo de situaciones”.
Por otra parte, él también técnico de prevención de riesgos laborales considera esencial tener en cuenta estas realidades en los centros de trabajo a través de evaluación de riesgos psicosociales por medio de entrevistas y encuestas. De todas formas, ahora tendrá que ser el propio Ayuntamiento, es decir, la ciudadanía que lo conforma y financia con sus impuestos, junto con el alcalde, Ricardo José Moreno Picas, quien haga frente a la indemnización resarcitoria impuesta por el tribunal de 15.000 euros.
“Al ser las dos figuras corresponsables de los hechos y estar sentenciadas de forma solidaria, me imagino que será la Administración quien haga frente a ese desembolso. De todas formas, si el alcalde ha perpetrado un daño con sus actitudes, el Ayuntamiento como tal le puede pedir rendir cuentas, pero eso queda dentro de la autonomía del ente local a la hora de tomar la decisión”, concluye Mañes.
