“Restaurar la clásica y cristiana unidad de las ciencias” e “imponer las ideas esenciales que han inspirado nuestro Glorioso Movimiento”. Con este literal, Francisco Franco creaba el 24 de noviembre de 1939 el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), un organismo que, así como establecía la ley que lo fundó, vino a truncar la modernización y el florecimiento que había iniciado la ciencia a comienzos de siglo y a imponer una filosofía inspirada en los principios del régimen franquista.
Numerosos profesores, investigadores y científicos fueron víctimas del proceso de depuración que inició la dictadura y que hizo que fueran expulsados de sus trabajos, acabaran en la cárcel o en el exilio. Muchos venían de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), creada en 1907 en el seno de la Institución Libre de Enseñanza para promover la investigación y la educación científica de la sociedad. El franquismo desmanteló la JAE y, aunque se valió de sus estructuras, rompió totalmente con su enfoque abierto y regenerador.
Reconocer “su origen franquista”, cumplir “con las políticas de memoria” y contribuir a “la reparación de las víctimas” es el triple objetivo que se ha marcado el CSIC, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con la tarea que ha acometido para adaptarse a la Ley de Memoria Democrática.
El proceso, resumido en un informe recién publicado, ha partido de las propuestas de un grupo de trabajo conformado por expertos del centro en memoria e historia que después han sido evaluadas por la Presidencia. Entre las medidas tomadas, se encuentra la retirada de los retratos de su primer presidente y secretario general del edificio central del organismo, en la madrileña calle Serrano.
Así, el cuadro de José Ibáñez Martín, ministro de Educación con Franco y primer presidente del CSIC, ha sido descolgado de la llamada galería de presidentes, un pasillo en el que se disponen los cuadros de quienes han ostentado este cargo. También otro retrato de planta completa en otra zona del edificio ha sido retirado. Conocido como el 'gran inquisidor' de la Educación por su responsabilidad en la represión del magisterio, Ibáñez Martín llegó a resumir la idea con la que asumió la presidencia en su discurso inaugural: “Queremos una ciencia católica. Liquidamos, por tanto, en esta hora, todas las herejías científicas que secaron y agostaron los cauces de nuestra genialidad nacional”.
Tampoco sigue allí ya el retrato de José María Albareda, primer secretario general, dada “la implicación de ambas figuras en la labor represiva del CSIC contra el personal científico legal al régimen republicano”, especifica el informe. Los retratos han sido depositados en el Archivo de Bienes Históricos y, en su lugar, se han colocado sendas placas explicando que se han retirado por la Ley de Memoria Democrática. Lo mismo se ha hecho con un busto de Albareda de 1968 situado en la parte trasera del Instituto de Ciencias Agrarias. El pilar que lo sujetaba se ha mantenido junto a la placa explicativa.
“Teníamos muy claro que lo ideal no era retirarlos y que se perdieran sin más, sino que debía ser una acción transparente y pedagógica. De ahí la colocación de las inscripciones. Queríamos dejar constancia de que es cultura material de la represión y exhibir las herramientas y razones que hay detrás para que no sea como quitar una calle y poner otra para que después venga otro y las vuelva a cambiar”, explica Ana Romero de Pablos, historiadora del Instituto de Filosofía del CSIC y una de las miembros del grupo de trabajo que ha hecho las propuestas junto a Francisco Ferrándiz, María Jesús Santesmases y Leoncio López-Ocón.
El organismo ha querido con este proceso “hacer un barrido completo de qué medidas podían llevarse a cabo” y hacerlo “de la forma más minuciosa posible, debatiendo y reflexionando mucho”, señala Carlos Closa, vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC y coordinador de las acciones.
El informe deja patente que se ha analizado caso por caso. También se incorpora por qué se han tomado las decisiones, y se incluye qué razones han llevado a no adoptar algunas medidas: por ejemplo, permanece una placa a Antonio Rius Miró porque el grupo de trabajó argumentó que los datos sobre su participación en la represión “no eran concluyentes”. Así, aunque hay pruebas documentales del Archivo del Ministerio de Defensa que indicaban que declaró contra el químico Enrique Moles, encarcelado tras regresar de su exilio en Francia, los historiadores conocen que sus principales denunciantes fueron otros dos científicos y en los expedientes de depuración y de responsabilidades políticas “no consta declaración de Rius Miró contra él”, razona el estudio.
Otro de los elementos analizados han sido las denominaciones de institutos del CSIC, de los cuales aquellos que tienen nombre de personas que hicieron carrera durante la dictadura, pero no fueron parte de la represión franquista se han decidido dejar como están. Es el caso del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja o el de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols. El que sí se ha modificado es el Instituto de Química Física Rocasolano, que ahora lleva en su denominación a Blas Cabrera, físico exiliado en México. Rocasolano, por su parte, llegó a ser presidente de la Comisión para la Depuración del Personal Universitario una vez acabada la guerra
A “un dilema” reconoce Closa que se han enfrentado al plantearse qué hacer con algunos elementos “más complicados” como los libros de visitas o el símbolo del organismo desde su fundación, el llamado árbol de la ciencia, en el que el tronco central es la teología “como saber divino” del que emanan a través de las ramas el resto de ciencias. El CSIC cree que es un emblema “muy consolidado en el imaginario colectivo” y rechazó su sustitución, pero decidió contextualizarlo a través de placas colocadas junto a las vidrieras en las que está tallado. En ellas se explica la representación y lo que significa: una “concepción de la ciencia nacional-católica” que “enmarcó la acción de depuración de científicos y científicas durante la dictadura que no representa a la institución”.
Algo parecido, pero a otra escala, se ha hecho con los once libros de firmas de los distintos institutos en los que hay rúbricas de Franco y otras figuras franquistas. “Nos preguntamos qué hacer, si quitarlos de la circulación o cómo proceder, pero muchos se siguen usando y tienen firmas de la democracia”, cuenta Closa. Al final, se decidió guardar los que actualmente no se utilizan y en todos incluir un texto explicativo que dice así: “Este libro contiene firmas de personas responsables de la represión ejercida por la dictadura de Francisco Franco, incluidas las del propio dictador. El libro se mantiene en uso como soporte de la memoria institucional del CSIC, que reconoce de forma responsable su pasado y reivindica su futuro memorial”.
A ello se suma el acto en homenaje a los científicos depurados organizado el pasado verano, la puesta en marcha de un proyecto de investigación archivístico que pretende identificar a todos los represaliados y la instalación de una placa en su honor frente al edificio principal de la institución que incluye un QR por el que se accede a un listado con nombres y apellidos de los científicos depurados que se han podido reconocer hasta ahora. Por otro lado, el claustro de lo que antiguamente fue el auditorio de la Residencia de Estudiantes se denomina ahora “Claustro de la Memoria Democrática” a través de una placa que “homenajea” a los investigadores que fueron víctimas.
Sin embargo, la placa no ha gustado a colectivos memorialistas como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que denunció en su momento que la redacción suponía “proteger a los verdugos y ocultar quiénes fueron los responsables” de la represión, además de “no mencionar ni siquiera la época en la que ocurrió”. Por otro lado, la ARMH ha exigido que la página web del CSIC “ofrezca un reportaje” sobre la represión “diciendo quiénes fueron los represores y quiénes los represaliados”.
La página web de la institución es otro de los ámbitos en los que el CSIC ha hecho cambios adoptando una nueva redacción en la que se diferencia la época de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) de la dictadura y la democracia Hay algunas recomendaciones del grupo de expertos, sin embargo, que finalmente no ha adoptado la institución: por ejemplo, la conversión de la galería de presidentes del edificio principal en un “espacio de memoria democrática” del CSIC en el que se utilicen los retratos para “explicar la historia de la institución y superar sus silencios”.
La idea del grupo era visibilizar lo que ocurrió en la época franquista y señalar “de forma clara” la ruptura que hubo con la JAE, cuyos dos presidentes, Santiago Ramón y Cajal e Ignacio Bolívar y Urrutia, aparecen retratados junto al resto –salvo el hueco que ha dejado ahora Ibáñez Martín– como si la dictadura no hubiera supuesto ningún cambio. La Presidencia del CSIC consideró, sin embargo, que la galería se había conformado así en democracia, por lo que “no corresponde una reinterpretación historiográfica”.
