El gobierno declaró el estado de emergencia en Virú, La Libertad, y extendió por 30 días más el estado de excepción en las provincias de Trujillo y Pataz donde la ola de crímenes continúa imparable. La Policía tendrá el control del orden interno con el apoyo de las fuerzas armadas.
“Con ustedes no es, es con el carro, el dueño no se quiere alinear (pagar)”, dijo uno de los tres extorsionadores que abordaron una combi en un paradero cercano al puente Virú, en La Libertad. Bajo amenazas de muerte y ante el estupor de los pasajeros, desviaron el vehículo hacia una zona conocida como Huaca Larga y lo quemaron.
Al día siguiente, en la madrugada, otro hecho similar volvió a estremecer Virú. Delincuentes armados incendiaron otro vehículo de la empresa de transportes Diez Ases. Esta compañía es objeto de extorsión permanente y sus conductores reciben amenazas a diario.
Frente a la creciente ola de extorsiones, el gobierno declaró ayer el estado de emergencia por 30 días en esa provincia, con la finalidad de frenar este y otros delitos que afecta a la seguridad ciudadana y perturba el orden interno.
Mientras se desarrolle el estado de excepción en esa provincia la Policía mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
El poder ejecutivo también prorrogó por 30 días el estado de emergencia en las provincias de Trujillo y en Pataz donde, en la víspera, fue asesinado un empresario minero.
La víctima, identificada como César Abilio Tinoco Quito (49), fue atacada a tiros por delincuentes armados, según explicó el general José Zavala.
Tras el homicidio, las rondas campesinas en coordinación con la policía atraparon a cuatro presuntos sicarios mientras que otros dos lograron escapar. Los detenidos fueron expuestos públicamente con carteles alusivos al crimen.
En Pataz hubo unos 20 asesinatos y 16 torres de alta tensión derribadas; al igual que una subestación eléctrica, una línea de transmisión y una tubería de fuerza de la central hidroeléctrica afectadas.
Uno de los casos más terribles ocurrió en diciembre pasado cuando un grupo de mineros ilegales atacó un socavón de la mina Poderosa y asesinó a 9 trabajadores; mientras que otros 13 quedaron heridos.
Precisamente, el Ejecutivo detalló que se dispuso la extensión de la medida en Pataz porque aún persiste la problemática relacionada con la minería ilegal, el crimen organizado y delitos conexos, así como atentados contra instalaciones estratégicas y otras.
Mientras que justificó la prórroga en Trujillo por el alto índice de homicidios lesiones, robo, extorsión, secuestro y otros delitos conexos, lo cual perturba gravemente el orden interno.
En esa ciudad, el coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación Contra la Criminalidad Nacional y Extranjera, denunció hace unos días una nueva amenaza de muerte que, según agentes de inteligencia proviene del grupo criminal Tren de Aragua.
Esta banda, vinculada a Los Hermanos Sicarios, ha reactivado las amenazas contra Revoredo. Es la sexta vez que ha recibido intimidaciones. El año pasado Wanda del Valle habría ofrecido 40 mil dólares por eliminarlo, y en abril de este año ‘Los Pulpos’ pusieron 80 mil soles por su cabeza.
Según Revoredo, los asesinatos se han reducido en un 65% en Trujillo y también se ha golpeado a las bandas criminales en Chao y Virú.
