El Ministerio Público determinó que, sin motivo aparente, la agraviada fue detenida, insultada, ultrajada y golpeada por ser una persona de la comunidad LGBTIQ+.
Tres policías serán investigados por la presunta comisión del delito de tortura y violación sexual en el contexto de graves vulneraciones a los derechos humanos en contra de una mujer trans. La Fiscalía solicitó una condena de veinte años y seis meses.
El Ministerio Público determinó que, sin motivo aparente, la agraviada fue detenida, insultada, ultrajada y golpeada por ser una persona de la comunidad LGBTIQ+.
Era la madrugada del 25 de febrero de 2008 cuando serenazgo y efectivos policiales arrestaron de manera ilegal a Azul Rojas Marín. Ella recibió porrazos y forcejó con los agentes para evitar subir a la camioneta. En ese momento se identificaba como un hombre gay.
Cuando llegaron a la comisaría Casa Grande, ubicada en la provincia de Ascope en La Libertad, ingresó involuntariamente a una habitación. Detrás de ella entraron tres policías identificados como Juan Isaac León Mostacero, Dino Horacio Ponce Pardo y Luis Miguel Quispe Cáceres. Uno de ellos comenzó a vociferar groserías e insultos. Luego cachetearon y desvistieron a Rojas Marín. Abusaron sexualmente de ella. La mujer se quedó desnuda hasta las seis de la mañana del día siguiente.
A pesar de que agotó todas las vías nacionales, la víctima no consiguió justicia. Entonces tres organizaciones llevaron el caso de Azul Rojas Marín a instancias internaciones. Recibió el respaldo de Promsex, Redress Trust y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Estas instituciones argumentaron que las autoridades también habían violado el derecho a la integridad y a la libertad personal, así como al respeto, a la honra y a la dignidad.
Recién en el 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) arguyó que "el Estado contravino las obligaciones de atención y protección de una víctima que denuncia violencia sexual, con el factor agravado del prejuicio existente respecto de las personas LGBT". Además, resolvió que la activista de la comunidad LGBTIQ+ reciba disculpas por los hechos que condujeron a la vulneración de sus derechos como víctima de abuso y tortura mientras estuvo detenida por la policía.
La CIDH recomendó al Estado reparar a Rojas Marín y a su madre, Juana Rosa Tanta Marín, así como investigar los hechos, imponer las sanciones correspondientes, ofrecer tratamiento médico y psicológico gratuito a las víctimas, y evitar que estos casos se repitan. Y el 3 de noviembre de 2022 el Perú pidió por primera vez perdón por vulnerar los derechos humanos de Azul Rojas Marín.
“La sensación que tuve es que recién se me cree y el Estado asume la responsabilidad cuando debió haberlo hecho hace muchos años atrás. Pero, a la vez, sentí mucha tristeza porque esta lucha la inicié con mi madre que la perdí hace cinco años. Ella falleció con la convicción de que un día obtendríamos la victoria”, señaló Rojas en una entrevista.
