La Fiscalía solicitaba inicialmente prisión efectiva para Mark Vito Villanela y Jorge Trelles Montero por 22 años y 8 meses. Sin embargo, en la reciente audiencia se realizaron modificaciones en el pedido de pena.
El fiscal José Domingo Pérez ratificó el pasado 9 de julio, en la audiencia del juicio por el caso Cócteles, el pedido de 30 años y 10 meses de prisión para Keiko Fujimori y los miembros de la cúpula de Fuerza Popular: Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona.
Sin embargo, se redujeron la pena de dos de los investigados en el caso: Mark Vito Villanela y Jorge Trelles Montero. Para ambos, la fiscalía había solicitado inicialmente prisión efectiva por 22 años y 8 meses. Sin embargo, en la sesión de este último martes, Domingo Pérez sustentó que la pena para Vito y Trelles sería de 20 años y 8 meses.
La tesis fiscal le atribuye al exesposo de Keiko Fujimori 3 actos de lavado de activos y pertenencia a una organización criminal, por lo que también se pide 8 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, su empresa MVV Bienes Raíces, también está implicada en el caso como persona jurídica debido a que su estructura habría sido diseñada para aplicar diferentes métodos que ocultaban el origen de los fondos, como falsos aportantes o donaciones ficticias para las campañas presidenciales de Fuerza Popular en el 2011 y 2016.
La audiencia del juicio oral contra Keiko Fujimori y otros 40 investigados se reanudará el próximo lunes 15 de julio para la presentación de los alegatos de las defensas técnicas de los imputados en el caso Cócteles. Se espera que las próximas etapas del juicio,
En la audiencia del último miércoles 10 de julio, el fiscal José Domingo Pérez solicitó 6 años, 6 meses y 272 días contra Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori e implicada en el caso Cócteles, por el delito de obstrucción a la justicia.
La sustentación realizada al Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, el pedido se basa en que la abogada Loza habría amedrentado a supuestos aportantes de las campañas de Fuerza Popular de 2011 y 2016 para que estos mientan a la Fiscalía durante las investigaciones por lavado de activos.
“En el caso de la abogada Giulliana Loza Aracely, a ella se le atribuye el delito de obstrucción a la justicia bajo el título de coautoría ejecutiva por haber ejecutado la intimidación y la amenaza para que los falsos aportantes presten falsos testimonios en las investigaciones de lavado de activos (…) la pena es de 6 años, 6 meses y 272 días de multa, con la inhabilitación de 6 años y 6 meses”, expresó Domingo Pérez en la audiencia virtual.
